No cabe duda de que, en general, el nivel de los políticos europeos, el de su capacidad de reaccionar ante situaciones difíciles y el de su preparación deja mucho que desear.
Desde el punto de vista de un simple observador interesado en los temas económicos y políticos, no nos queda más remedio que expresar nuestra decepción y nuestra preocupación por la lentitud con la que en la UE y, en especial, en España, los gobiernos vienen reaccionando ante la magnitud y trascendencia de esta crisis económica y financiera, en la que llevamos inmersos hace ya cuatro años sin que, en todo este tiempo, hayamos visto que se tomaran medidas que hayan resultado medianamente eficaces; primero, para combatir la descapitalización subsiguiente a la llamada crisis inmobiliaria, que dejó al pairo a bancos y demás empresas financieras y, segundo, para adoptar medidas restrictivas del gasto público que, en el caso de nuestro país ha resultado todavía más impactante, debido al descontrol del gasto de las autonomías que, en manos de gobernantes socialistas y nacionalistas, no han parado mientes en que sus despilfarros estaban hundiendo la economía del país., algo que ha quedado patente cuando, sus sucesores en la gobernanza, los del PP, se han encontrado con elevados déficit que, hasta el momento de su relevo, no se habían hecho públicos.
Un artículo de un tal Zackary se afirmaba que “la economía es más rápida que la política” lo que, sin duda, se está demostrando, a medida que los problemas económicos y financieros de las naciones se van adelantando a las reacciones de los políticos para tomar medidas para atajarlos o reducirlos, antes de que ya sean hechos consumados. En estos últimos días hemos podido comprobar que, a pesar de los intentos de nuestros gobernantes – el despiste de la señora Salgado llega a límites insospechado cuando nos habla de la situación “no es gravísima” dejando claro que sí es grave – de dar la sensación de que lo tienen todo controlado, cuando sus desplazamientos yendo y volviendo de sus respectivos lugares de vacaciones se suceden continuamente, en lugar de estar, como le correspondería a un gobierno responsable, todos en sus despachos, colaborando en poner orden en este caos que nos está afectando directamente y, de forma gravísima, a nuestra deuda; como ya sucedió en el mes de mayo del año pasado.
No cabe duda de que, en general, el nivel de los políticos europeos, el de su capacidad de reaccionar ante situaciones difíciles y el de su preparación deja mucho que desear; demostrando que, en los partidos políticos, lo que predominan son los que se consideran a sí mismos como capaces de ocupar cargos públicos pero que, en realidad, como sucede en España, la mayoría de ellos no están ni mínimamente capacitados por su escasa o nula preparación –vean a las señoras Leire Pajín, Bibiana Aído, José Blanco, Trinidad Jiménez, o los dos últimos ministros de Trabajo, Camacho y Valeriano Gómez, la señora González Sinde (una guionista); todos ellos carentes de experiencia en temas de gobierno y que han dado abundantes muestras de su incapacidad y temeridad, al pretender asumir roles que estarían reservados a personas de mas preparación, cultura, conocimientos y capacidad –.Es obvio que no hay, en Europa, personajes de fuste del prestigio de un Conrad Adenauer, un Robert Schuman, un De Gasperi o un Jan Monnet, (los considerados “padres de Europa”), personas, de una gran preparación, inteligencia, dominio de la política, prestigio personal y vasta cultura.
Lo que nos viene sucediendo es que nos movemos en unos niveles de prima de riesgo que, por desgracia, oscilan dentro de unas magnitudes que ya se consideran muy peligrosas (390 y más de 400 puntos básicos) para la estabilidad de una nación y que comportan que, los intereses que se han de satisfacer para colocar nuestra deuda cada vez son más altos, con el consiguiente encarecimiento de los costes de cada emisión. Conviene recordar que, el señor presidente del BBVA, señor González, acaba de advertir de que cada 100 puntos básicos de incremente de la prima de riesgo supone un coste para España de 12.500 millones de euros. Es oportuno recordar que los recortes del gobierno de Zapatero como consecuencia de la crisis de mayo del 2010, por los que se congelaron las pensiones y se rebajaron en un 5% los salarios de los funcionarios, en conjunto, no supusieron un ahorro superior a los 15.000 millones de euros; en consecuencia, es fácil de calcular lo que supone de incremente de coste nuestra actual prima de riesgo, si la queremos comparar con los 180 puntos básicos en que se encontraba cuando, en septiembre del 2010, se empezaban a elaborar los PGE y la rentabilidad de los bonos a 10 años se encontraba alrededor del 4%; ahora la prima ronda los 400 puntos básicos y la rentabilidad de los actuales bonos a 10 años ronda el 6’25%. A algunos se nos erizan los vellos solo de pensar cómo va nuestro país a afrontar semejantes costes, cuando lleguen los vencimientos de tales partidas de deuda.
Pero si hablamos de la deuda privada, las de los bancos, por ejemplo, una deuda que ya viene despertando no pocas suspicacias entre los posibles inversores y que ha sido objeto de diversas reducciones en las valoraciones de Moody’s y de S&Poor’s, las agencias de rating americanas; nos encontramos ante el dilema de que, las entidades de crédito españolas, que deben acudir a los mercados para ofrecer su deuda, es posible que tengan que pagar cada vez más cara, con mayor interés, la deuda propia que deseen colocar. Así las cosas y teniendo en cuenta que la mayoría de entidades bancarias se ven obligadas a adquirir deuda pública del Estado ( créditos crunch), las posibilidades de que se aumente las líneas de créditos para las empresas, los autónomos y particulares, cada vez serán menos y, si ello ocurre, la liquidez que se precisa para agilizar un negocio quedará colapsada, lo que conducirá a una recaída de la producción, un encarecimiento del producto que redundará en una falta de competitividad y más paro.
Si a ello añadimos una contracción de demanda, que ya se ha convertido en endémica; a causa de la desconfianza de los ciudadanos en su futuro laboral y la austeridad que se han impuesto, ante la posibilidad de que la crisis se prolongue más tiempo del que nos han ido anunciando desde el Gobierno del señor ZP (que nos ha venido mintiendo desde el inicio de la recesión y ahora ya carece de la más mínima fiabilidad) las posibilidades de que aumente son poco probables. En realidad, es muy probable que España no pueda soportar cuatro meses más de completa inacción gubernamental; de parón de todas las medidas que se deberían haber puesto en marcha desde hace un año y de modificaciones sustanciales de la legislación laboral ya que, lo que el Gobierno ha puesto en práctica no han sido más que pequeños cambios que en nada han influido en alentar a los empresarios a arriesgarse a contratar más personal, ante la evidencia de que la flexibilidad en las plantillas y la negociación colectiva, dos temas básicos para generar empleo, han quedado a medias y no han dado el más mínimo resultado en cuanto a fomentar e impulsar nuevas contrataciones.
Una situación de interinidad del Gobierno socialista, que aprovecha para ir colocando a sus alcaldes, concejales, y ministros en puestos seguros, ante la evidencia de que, en unos meses, muchos de ellos se van a quedar sin sus puestos públicos; no sirve más que para que los socialistas aprovechen para ponerle, al futuro gobierno, las cosas difíciles y aumentar aún más los endeudamientos de aquellos reductos que todavía han quedado bajo su poder. Pero España no necesita que ustedes nos dejen más miseria, señora Valenciano, y si son ustedes patriotas lo mejor que pueden hacer es marcharse cuanto antes. O esto es, señores, lo que pienso al respecto.
Miguel Massanet Bosch