(Publicado en UPyD, aquí)
Razones de UPyD para rechazar la reforma exprés de la Constitución y proponer una reforma auténtica que votemos todos
“La Constitución no es – ni puede serlo sin desnaturalizarse – un conjunto de instrucciones rígidas de política fiscal y financiera. Una Constitución que impusiera una determinada política económica, que siempre ha de ser flexible en función de las circunstancias, no sólo limitaría la capacidad ejecutiva y legislativa de los poderes del Estado, sino que deja de ser la Ley Fundamental para convertirse en una especie de reglamento de gobierno.”
“Se da la paradoja de que un mandato constitucional que pretende conjurar las crisis de endeudamiento no serviría para la que estamos atravesando ahora. (…) Nuestra Constitución proporciona, en su redacción actual, instrumentos de política fiscal y financiera suficientes para controlar gasto y déficit públicos; lo que ha faltado es la voluntad política de usarlos en defensa del interés general porque éste chocaba con intereses de partido y territoriales”.
“La propuesta de reforma del artículo 135 redunda en políticas fallidas. Es ambigua, imprecisa, ineficaz, dilatoria y redundante. (…) Precisamente porque la Constitución no es una ley partidista, sino la norma fundamental de todos, todos debemos refrendar los cambios que apruebe al Parlamento.”
“¿Qué proponemos a cambio?: que el Gobierno y el Parlamento utilicen ya los instrumentos constitucionales de que disponen para limitar el déficit público, recuperando no sólo la confianza de los mercados sino también algo más importante, la confianza de los ciudadanos españoles. Y en coherencia con el objetivo de devolver a los ciudadanos el control de la política democrática secuestrada en los despachos, una auténtica reforma constitucional sometida a debate público y referéndum.”
“El agravamiento de la crisis económica internacional en España obedece a factores políticos y defectos estructurales que requieren una reforma constitucional ambiciosa. Los más urgentes son los siguientes: el régimen electoral injusto, la irracional estructura territorial y competencial del Estado, y la carencia de un poder judicial independiente.”
Unión Progreso y Democracia