Es preciso que nos entendamos si es que, de verdad, aspiramos a salir de la crítica situación económica en que nos hallamos y, lo que aún es peor, superar los pésimos resultados de la égida socialista en la mayoría de comunidades de la nación; a las que les siguen, con parecidos efectos, las comunidades nacionalistas, como es el caso de la catalana, ahora en manos de CIU. Es obvio que, tanto los Sindicatos nacionales, que se ven avecinar un cambio de gobierno que, para ellos, puede significar el final de la mamandurria de la que han gozado durante los pasados siete años, como todos aquellos paniaguados que gozan de puestos en empresas públicas, los “funcionarios” nombrados a dedo y sin oposición, de los que, tan nutridas, están las instituciones de Andalucía o los miles de “asesores” y “subvencionados” (vean el caso de los de la farándula, niños mimados de ZP y de su ministra, la señora González-Sinde) que viven a costa del erario público; lo que equivale a que se gastan nuestros impuestos en proyectos que sólo satisfacen a minorías, cuando las necesidades reales de una nación, con casi cinco millones de parados, quedan en muchas ocasiones sin cubrir por falta de ayuda estatal.
Desde que el señor ZP y sus huestes se hicieron cargo de nuestra nación, las doctrinas del economista Keynes se fueron implantando de forma que, la fuerza del Estado se fue acrecentando mientras que, paralelamente, cada vez la iniciativa privada quedaba capitis disminuida, debido a que España cada vez se iba fraccionando en pequeñas facciones, en virreinatos, en reinos de taifas dirigidos por gobiernos autónomos, con distintos dirigentes según se tratase de comunidades con ínfulas independentistas ( Catalunya, Baleares, País Vasco y Galicia); cacicazgos, como ha sido el caso de Andalucía convertida de hecho en un feudo de los socialistas, bajo la dirección omnipotente del señor Manuel Chaves o, simplemente, por gobernantes de uno u otro partido que, con diversa fortuna, han ido cumpliendo con el encargo que recibieron a través de las urnas según las normas que han recibido de sus partidos o, como ha venido ocurriendo con bastante frecuencia, de acuerdo con sus conveniencias particulares y las de aquellos que han medrado a su costa. Un caos de mercados, de legislaciones y objetivos.
Lo que ha sucedido ha sido que, algunas de estas 17 autonomías, han caído en manos de partidos o agrupaciones de partidos, que han convertido su mandato en una maratón para conseguir beneficios económicos y políticos del gobierno central; intentar chantajear al Ejecutivo de turno y, de paso, comenzar a poner en práctica una propaganda, a nivel autonómico, encaminada a crear un ambiente en contra de la unidad de la nación, propagando la especie de que el resto de España se aprovechaba de ellos, que su aportación al conjunto del Estado era exagerada y que, con un gobierno independiente, con una nación propia y unos gobernantes que los dirigiesen hacia este fin, todos los ciudadanos vivirían mejor. Seguramente, el señor ZP y los suyos, pensaron que siempre podrían dominar a estos secesionistas, que dándoles cuerda los apoyarían para promulgar leyes en el Parlamento y que, con ellos a su favor, conseguirían mantener en el ostracismo al partido de las derechas, lo que les iba a permitir perpetuarse en el poder (pacto del Tinell).
Así fue como los partidos nacionalistas se han convertido en la mayor sangría de la nación; han conseguido unos estatutos que los han situado en una posición inmejorable para dar el último paso para conseguir sus aspiraciones independentistas; han dado los pasos precisos para poner en jaque al Gobierno, primero, buscando una financiación que los favoreciese, más tarde buscando un trato bilateral, algo que no tienen el resto de autonomías; aplicando en sus territorios la discriminación del idioma español, erradicándolo prácticamente de la enseñanza, poniendo obstáculos a los comerciantes para rotular en él e identificar sus comercios con rótulos en castellano, así como, impidiendo a los padres que lo han solicitado, por medio de artimañas y trampas, que sus hijos pudieran optar a estudiar en castellano. Se han ido haciendo cargo de la mayoría de competencias del Estado y han aumentado, de una manera absurda, el número de funcionarios, empresas públicas, asesores y empleados temporales, que los costes de toda esta parafernalia han crecido de una forma exponencial, al propio tiempo que han ido despilfarrando los dineros de los contribuyentes en la creación de “embajadas” en el extranjero; en viajes de promoción de Catalunya, integrados por una multitud de personajes ávidos de dietas y lujos, todos ello a costa del presupuesto comunitario; en pagos de informes, subvenciones a teatros y compañías para que representen obras en catalán; sueldos millonarios a consejeros, asesores, parlamentarios, que resultan un verdadero insulto para los ciudadanos que tienen que ver como unos señores, sin más que el aval que pertenecer a un partido determinado, ganan en un mes lo que en la vida civil no ganarían en uno o varios años.
Todo estos despilfarros y muchos más, han provocado que nuestras autonomías se hayan convertido en una verdadera pesadilla para el Gobierno de la nación que, cuando se ha querido despertar, se ha encontrado que, tanto los ayuntamientos como los gobiernos autonómicos, estaban endeudados a un nivel que primero se negaron a admitir y que, después, cuando no les ha quedado más remedio que reconocerlo, ya ha sido demasiado tarde para ponerle remedio. Comunidades con endeudamientos de 11.000 millones o que superan en tres veces el nivel máximo que les está permitido; en virtud de la falta de una legislación adecuada y sabiendo que, el Gobierno, no estaba en condiciones de ponerles trabas, si quería que apoyasen sus fantasías sociales o sus ataques a la moral y la ética; han sido las principales causantes del grave endeudamiento y las dificultades para la colocación de deuda entre los grandes inversores extranjeros. Este es el motivo fundamental de que, desde Alemania y Francia, se nos haya obligado a fijar, en la Constitución, un tope para nuestro déficit público y endeudamiento, si es que queremos que el BCE, al menos durante un tiempo, siga comprándonos deuda.
Por eso, cuando vemos a un señor Durán Lleida amenazando con choques de trenes o al señor Más hablarnos del peligro de que se ensanchen las diferencias entre España y Catalunya si no se les permite continuar haciendo en su autonomía de su capa un sayo; nos deberíamos preguntar ¿hasta cuándo vamos a permitir que España siga pendiente de semejantes sujetos?, ¿Cuándo se va a poner tope a tantas sandeces, tantas infracciones de las normas estatales, tantos ataques directos a la Constitución española? Se ha caído todo lo bajo que se podía esperar cuando se consintió que se celebraran patochadas simulando referendos en las distintas ciudades catalanas; se ha permitido que en Girona haya más de 20 ayuntamientos que incumplen la norma de que la bandera española ondeé en sus balcones; se han quemado banderas españolas ante la pasividad de los mozos de escuadra; se discrimina y recibe pullas y ofensas aquel que, en las escuelas quiere, aprender en castellano y se toman a pitorreo las leyes y las sentencias de los tribunales en las que se obliga a dar una hora más de castellano en las aulas. ¿Ha hecho bien la señora Cospedal con abrir la caja de los truenos? Evidentemente que sí. ¿Sería el señor Rubalcaba capaz de poner freno a los nacionalismos? No, porque en siete años en el poder no lo ha hecho. En fin, señores, si no tomamos en serio recobrar la autoestima de ser españoles y no frenamos a quienes lo único que quieren es acabar con la unidad de España, mal vamos. O esto es mi modesta opinión.
Miguel Massanet Bosch