Un ministro en apuros (por Miguel Massanet Bosch)

“Las venganzas castigan,  pero no quitan las culpas” aseveraba nuestro gran Miguel de Cervantes en su obra “Persiles y Sigismunda” pero, aunque resulte impropio y poco caritativo decirlo, sin duda, en muchos casos, como decían los clásicos: “es placer de dioses”. Por eso no resulta raro que, el señor Blanco, que siempre viste de “punto en blanco”, haya reaccionado con un nerviosismo evidente, si es que queremos juzgarlo por los irreprimibles “saltitos” con los que obsequió a los periodistas cuando le preguntaron sobre este “inoportuno”, sospechoso y, evidentemente inquietante caso del empresario señor Dorribo; que parece que no se ha cortado un pelo cuando ha declarado ante el juez acerca de unos “presuntos” ( hoy el miedo a cogerse los dedos hacen que esta palabra aparezca con pesada redundancia en las bocas de aquellos periodistas que temen  más que a una granizada que los lleven al juzgado por calumnias o injurias) pagos de comisiones en los que, según el susodicho personaje, estaba involucrado nuestro señor José Blanco. En todo caso, el llamado caso “Campeón” parece que no ha sentado muy bien en la calle Ferraz que, seguramente, nunca se hubieran imaginado que, a las puertas de unas elecciones, les saltara en pleno rostro un remedo del famoso caso Gurtel, del que tanto provecho sacó el señor Blanco; sin que la presunción de inocencia, que ahora tanto reclaman los socialistas, hubiera sido tenida en cuenta por aquellos que, como él, se ensañaron a muerte con los implicados del PP.

Y es que, nuestro estimado y retorcido ministro, no es de aquellos que se paraban a reflexionar antes de cargar el San Benito en las espaldas de sus adversarios políticos, especialmente, si estos eran parte del PP y, el caso algo, tan jugoso como el Gürtel; sin duda, maquinado por su amigo Rubalcaba. En esta ocasión, no obstante, nuestro Pepino Grillo, apelativo cariñoso con el que me gusta referirme a don José Blanco, no parece que haya tenido la suficiente presencia de ánimo para valorar sus palabras antes de que salieran de su boca; porque, posiblemente a causa del apresuramiento y el nerviosismo al tener que responder a una cuestión que le había cogido a contrapié, lo que le hizo fue hacer afirmaciones tan peregrinas como que había encargado a los servicios “judiciales” que interpusieran una querella contra el señor Dorribo; algo que, bien mirado, no parece posible hasta que el proceso contra este señor haya concluido. Lo que no resta, en absoluto, que esta posibilidad de que haya existido alguna ilegalidad en cuanto a la concesión de ayudas públicas a dicho empresario, no le resulte algo inoportuno en un momento especialmente delicado para el PSOE y,  aún más si tenemos en cuenta el grave peligro de que, el señor aspirante, que puso su mano en el fuego por don José, no tenga que ir a votar con la mano vendada, después de haber sido asistido por quemaduras graves en la sección de grandes quemados.

Pero, si el señor Blanco parece confundido respecto al ejercicio de sus derechos de defensa; no parece que haya ocurrido lo mismo con el señor Dorribo, que goza de una excelente asistencia técnica de parte de don Ignacio Pelaez, un prestigioso abogado que,  apenas se ha enterado de la amenaza de querella hecha por el ministro de Fomento; se ha apresurado a contestarle, en nombre de su representado, con las siguientes palabras: “Yo estoy deseando que lo haga y mi cliente también, porque, si es así, mi cliente, querellado como calumniador, tiene derecho a lo que se denomina exceptio veritatis, es decir a acreditar y demostrar que lo que dice es verdad”. Vaya, que las espadas están en alto y, mucho nos tememos que, en el tiempo que queda hasta que llegue el día de las votaciones, nuestro señor Blanco va a tener difícil, como les ocurrió a los del PP cuando, en los días anteriores a las elecciones a las legislativas, de marzo del 2004, el PSOE, con toda su artillería de infundíos y bellaquerías, machacó el buen nombre y las grandes posibilidades de vencer en los comicios del PP, con la especie de que la culpa de los atentados de Atocha era suya por haber enviado tropas a Irak (en lo que ahora, en lenguaje socialista, se denomina “misión de paz”, ya que sólo llevaron hospitales de campaña y ayuda para la población civil), que no dispararon ni un solo tiro.

Lo que ocurre, señores, es que en este caso concurren, como parece que se está haciendo corriente desde hace unos meses, extrañas circunstancias; como ha sido el caso del seguimiento de la juez, Estela San José, instructora de la operación “Campeón” ( la misma de la que han salido las revelaciones del empresario Dorribo), un hecho denunciado por la misma como un acto de espionaje de sus movimientos por un coche que la seguía y del que tomó la matrícula que, luego, resulto ser de las “reservadas” es decir de las que figuran fuera del control por pertenecer a instituciones reservadas del Estado, como por ejemplo, el CESID. Aunque la señora San José parece que, todavía, no ha pedido amparo al CGPJ; miembros de este organismo ya se han manifestado, en términos muy duros, al respeto: “Se trata –dicen – de unos hechos muy graves que atacan la independencia judicial”. Sin embargo, no acaban aquí la serie de acontecimientos relacionados con este caso que, desde que se desvelaron las manifestaciones de Dorribo, se están produciendo en verdad preocupantes, lo que no deja de ser curioso y, desde luego, poco tranquilizador para los ciudadanos de a pie, que vemos, con asombro, como da la sensación de que las alcantarillas del Estado  se han activado para salir en ayuda, o esta es la sensación que tenemos, del señor ministro de Fomento cosa que no casa con sus declaraciones de inocencia..

De hecho, la policía ha recibido una denuncia de que alguien entró en los despachos de dos administradores concursales que participan en las auditorías de las empresas de Dorribo. Un robo que, al parecer, fue obra de auténticos profesionales que no rompieron cerraduras, no dejaron huellas ni ninguna otra pista; lo que demuestra que no ha sido un robo de meros ladronzuelos descuideros ya que, los documentos que desaparecieron de ambos despachos, da la extraña casualidad de que tenían por objeto el “borrar pruebas” de un caso “que está poniendo en la picota al ministro de Fomento, José Blanco”. Lo que llama más la atención es que, hechos similares, tuvieron lugar en otras dos ocasiones y en similares casos que podrían comprometer a importantes personalidades del entorno del PSOE. Así sucedió en el caso del 11M, en el locutorio del principal encausado de la masacre, Jamal Zougam, en el que entraron a robar unos “ladrones”, pese a que estaba precintado por la autoridad judicial, y robaron varios teléfonos móviles que podían constituir pruebas clave para la investigación del caso.

Y el segundo y más reciente., en el caso Faisán, en el que otros “ladrones” penetraron en el Bar Faisán, también precintado por la autoridad judicial, mientras su dueño estaba detenido, el 27 de junio del 2006, otra vez, según investigaciones posteriores, para “destruir pruebas”. Más concretamente: “destruir o manipular algún elemento electrónico instalado en el interior”. Ello ocurrió poco después de que el tema del “chivatazo” saliera a la luz pública ¡Qué casualidad, no! Muchas casualidades y, si se me permite, demasiados burdas y evidentes lo que demuestra que la “sutileza” de nuestros servicios secretos deja mucho que desear. En todo caso, un gran “marrón” para el señor Blanco que, por mucho que haga aspavientos y se declare inocente, el hecho de reunirse con un particular en una gasolinera, señor mío, no es algo propio de un señor ministro y si, además, como dijo la señora Valenciano, era “para hablar de asuntos particulares” aún peor. O así es como veo yo, señores, este sorprendente asunto.

Miguel Massanet Bosch