(Publicado en Editorial El País-Reggio´s, aquí)
El fracaso de la ronda de privatizaciones empuja a subir impuestos si se incumple el ajuste fiscal
El Gobierno ha tenido que renunciar a un grupo de privatizaciones de sociedades públicas (Loterías del Estado, AENA, Iberia, REE y Ebro) cuya ejecución podría haber aliviado la situación financiera de las cuentas públicas. No es necesario recurrir a explicaciones artificiosas para explicar este fracaso de la ronda de privatizaciones. Sucede lisa y llanamente que en los mercados de capitales no hay dinero para comprar empresas o servicios y, si coyunturalmente llega a haberlo, sus gestores prefieren rentabilidades menos comprometidas que las que ofrecen los activos españoles. La percepción desfavorable es errónea, pero parece indeleble, y más cuando las agencias de calificación insisten en rebajar la nota de la deuda española, como acaba de hacer Standard & Poor’s. Quizá algún día se obligue a las agencias de calificación a explicar la causa de que rebajen sistemáticamente la calidad de la deuda de países que cumplen con los ajustes prometidos; y quizá ese mismo día se pidan indemnizaciones por los daños que causan dichas descalificaciones a las economías de dichos países.
El fracaso de las privatizaciones ilustra las dificultades de regeneración de los bancos y las empresas en la presente situación de crisis financiera. Cuando las perspectivas indican que apenas se cubrirá el 20% de la colocación anunciada lo más prudente es renunciar a la privatización. Dejarla, como quien dice, para mejor ocasión. La ausencia de capital disponible en el mercado es precisamente el argumento de autoridad que esgrimen quienes se preguntan si este es el momento adecuado para recapitalizar la banca con dinero privado. Solo cabe una recapitalización (selectiva) con dinero público. Tal recapitalización, si fuese necesaria, equivaldría a una nacionalización, porque con capital público no cabe una gestión privada sin intervención directa del regulador bancario, sea el BCE o los bancos centrales de cada país.
El Gobierno esperaba ingresar 13.000 millones de euros por las privatizaciones ahora frustradas. El PP, por boca de Cristóbal Montoro, se apresuró a recordar que la venta de participaciones públicas no reduce el déficit, de la misma forma que la compra no generó déficit en su día. Tiene razón en teoría; pero no se aplicó el cuento en 1996, cuando el primer Gobierno de Aznar perpetró un proceso muy turbio de privatizaciones de grandes empresas (Repsol, Endesa, Telefónica, entre otras) cuyos resultados societarios y económicos son un ejemplo de cómo no se debe privatizar una empresa o una sociedad pública.
La situación de las cuentas públicas es delicada. No está claro que en 2011 se pueda cumplir el objetivo de déficit pactado con Bruselas. El daño para la credibilidad de la deuda española puede ser elevado si la desviación está entre medio punto y un punto del PIB. Los ingresos (ahora fallidos) por las privatizaciones podrían haber aliviado la carga financiera del Estado. Ahora, la única solución creíble para corregir el desajuste fiscal es una subida de impuestos. Pero esta es una decisión que solo el próximo Gobierno puede tomar.