“No puede depositarse ninguna confianza en los compañeros de gobierno; la autoridad, cualquiera que se su forma, no sufre ser compartida con otro” ( Lucano)
Estamos en unos momentos en los que Europa hace agua por los cuatro costados, sin que se vislumbre el menor asomo de autoridad; ya que, los dos países que parecían haberse constituido en los garantes del funcionamiento de la llamada Zona Euro, Alemania y Francia, están dando muestras de no tenerlas todas consigo respecto al enfoque que ha de dársele a la tambaleante política comunitaria. Las evidentes disensiones entre el señor Sarkozy y la señora Merkel, en cuanto al fondo de rescate y a los bonos europeos, se ven acompañadas por una evidente reacción de la población alemana que considera, no sin razón, que Europa le exige a Alemania más de lo que debería, para ayudar a países que no han hecho lo necesario para evitar caer en recesión. Es obvio que, el desmoronamiento de Italia, ha precipitado una nueva crisis europea y ha contribuido, no poco, a que los defectos de estructura de los que adolece la CE, hayan quedado de manifiesto así como la falta de un gobierno central y de una constitución europea, hayan dejado en evidencia la carencia de una efectiva unidad entre los países que la constituyen, lo que, evidentemente, está poniendo en cuestión la posibilidad de que este invento de la moneda europea pueda seguir manteniéndose si, como parece, muchas naciones, entre ellas la poderosa Italia, una de las cuatro potencias más destacadas de la UE, acaba entrando en quiebra soberana.
Cabe destacar que, así como las llamadas PIGS, con ciertos apuros, han podido ser rescatadas ( en el caso de España mediante la compra masiva de deuda por el BCE), al menos de momento, lo que resulta impensable es que la CE pueda asumir el coste de 800.000 millones de euros que supondría el rescate de los italianos. Lo malo de todo este panorama es que, los esfuerzos del BCE comprando a marchas forzadas deuda italiana, no parece que hayan surtido el efecto deseado de restablecer la confianza de los mercados en la deuda italiana, lo que pone al país –que además está sufriendo una crisis política de gravedad – en una situación cercana al “crak”. Si ello ocurriera, no hay duda que arrastraría consigo a buena parte de Europa y, sin duda, a quienes primero afectaría sería a los países que han venido demostrando tener problemas con su deuda, su déficit o, como ocurre en España, estamos soportando la lacra de cinco millones de parados (Bruselas ya nos ha amenazado con una multa de mil millones de euros si no se toman medidas urgentes para remediar esta situación) sin que las anunciadas medidas que había anunciado el señor Rodríguez Zapatero se hayan llevado a cabo, salvo en lo que respecta a la prolongación de la edad de jubilación a los 67 años ( una medida a largo plazo y sin efectos inmediatos).
Y es este hecho, el del incumplimiento de las prometidas reformas laborales, especialmente las referentes a las modalidades de contratación, a la flexibilización de las plantillas y a una reforma en profundidad del sistema de negociación colectiva; lo que ha hecho que, nuevamente, la desconfianza se haya centrado en nuestra deuda y que nuestra prima de riesgo, arrastrada por el efecto italiano, esté por encima de los 400 puntos básicos; lo que lleva como consecuencia el evidente hecho de que, cada día, nos cuesta más dinero a los españoles la colocación o la renovación de nuestra deuda, tanto pública, como autonómica como privada. Ante una situación semejante, nos vemos en vísperas de una legislativas que parece que han dejado a nuestro actual gobierno convertido en un Don Tancredo, como si, lo que afecta a España ya no fuera de su incumbencia y prefirieran estarse quietos a la espera de lo que decida el nuevo ejecutivo lo cual, a poco que tarde, pude representar dos meses más de abulia política y económica.
Si la diligencia con la que algunos cargos socialistas están demostrando en buscarse puestos bien remunerados en el ámbito de la administración, para asegurarse sus sueldos millonarios, la dedicasen a defender los intereses de España en el extranjero, en lugar de hacer de meros espectadores; es posible que no se hubiera llegado a la situación en la que nos hallamos en la actualidad. En todo caso, ahora existe un nuevo peligro que procede, como no, de las autonomías nacionalistas. Desde Euskadi y Catalunya ya se están escuchando voces pidiendo un gobierno de unidad o salvación nacional, como prefieran, que, como casi todo lo que procede de sus gobiernos, encierra la consabida trampa saducea. En efecto, el señor Durán y Lleida, constituido últimamente en la “conciencia” del Estado español, se ha lanzado a una campaña intentando convencer a los españoles de que, lo que le conviene a España es un gobierno de coalición, en el que estarían representados, como no podía ser menos, representantes de los gobiernos autonómicos de Catalunya y Euskadi. ¿Cuál es la trampa? Pues muy sencillo, ante el hecho, más que posible, de que el PP del señor Rajoy sacara mayoría absoluta, las posibilidades de chantaje que han estado utilizando en contra del gobierno de ZP para sacarle beneficios económicos y políticos para sus respectivas autonomías quedarían, automáticamente, desactivadas.
Un gobierno de unidad les permitiría meter baza en las decisiones de gobierno, que ya no serían privilegio del partido vencedor, sino que requerirían un consenso más amplio, lo que, evidentemente, impediría que el señor Rajoy llevara a término sus propuestas de limitar los gastos autonómicos, poner freno a los sindicatos, establecer un mercado único (algo en lo que ni los vascos ni los catalanes están de acuerdo); poner en práctica el verdadero bilingüismo en todas las comunidades o, mejor dicho, el trilingüismo, al incluir el inglés entre las lenguas a dominar; establecer un modelo nacional de enseñanza etc. Por otra parte, un gobierno de unidad representaría, en aras de una supuesta conformidad previa de los integrantes del mismo, retrasar decisiones y postergar acuerdos que, en muchos casos, deben de tomarse en poco tiempo so pena de que, cuando se tomen, resulten ya extemporáneos y carezcan de efectividad. No, no, señores, no es tiempo para más dilaciones, ni para nuevos chanchullos, es la hora de la verdad y que el gobierno que salga de las urnas asuma la responsabilidad, desde el momento de salir elegido, de todas las medidas que sean imprescindibles, por duras que fueran, para intentar detener la deriva, a la que nos han conducido ZP y los socialistas, y abrir una nueva era de recuperación que todos sabemos que será larga y penosa.
En mi opinión, el nuevo gobierno debería tener un núcleo central, formado por tecnócratas, que se ocupara de los ministerios del área económica, como son los de Hacienda e Industria, que deberían estar dirigidos, prescindiendo de ideologías, por personas de conocida solvencia en la materia como, por ejemplo, el señor Rato o el señor Pizarro ( mejor los dos), que asesoraran al Presidente en esta materia tan compleja y difícil, con el fin de establecer un plan, a medio y largo plazo, en el que, por etapas, se establecieran metas y medios para alcanzarlas; dotando a las empresas españolas de los medios crediticios, fiscales, legales y técnicos para animarlas a invertir, modernizarse y contratar para, poco a poco, ponerse a la par, en competitividad y productividad, de sus competidoras en el extranjero. Otro punto esencial: nombrar a un ministro de Trabajo de gran prestigio y solvencia, capaz de poner en su sitio a los Sindicatos y afrontar una reforma sustancial de la negociación colectiva; el estudio de una Ley de Huelga, la simplificación de la contratación y la flexibilización de las plantillas. O esta es, señores, mi opinión.
Miguel Massanet Bosch