(Publicado en El País-Caffe Reggio, aquí)
Es el legislador democrático, no el capitalismo, quien permite los abusos empresariales
Deberíamos esclarecer la confusión, a menudo interesada, que se produce entre sistema político y sistema económico cuando se quiere identificar a los culpables de la crisis. Así evitaríamos caer en la dicotomía falaz entre socialismo y capitalismo. Términos de imposible comparación al estar ubicados en ámbitos de decisión diferentes: por un lado, decisiones políticas en una democracia liberal; por otro, decisiones económicas en un sistema capitalista. Podemos y afines inducen en error a sus electores que, con toda justicia, se indignan por los abusos de lo que estas formaciones políticas definen vaporosamente como “el sistema”. Sus votantes, sin embargo, deberían dirigir su cólera contra el sistema político, no el económico.
La democracia posibilita un sistema público de normas que conforma una estructura básica de la sociedad (Rawls) encargada de la distribución equitativa de los bienes sociales primarios: derechos y libertades, oportunidades y poderes, ingresos y riquezas. La democracia así configurada es una forma de vida política, el capitalismo no lo es, pues funciona en países sin democracia. El capitalismo es un sistema económico de mercado, “una forma de vida económica, compatible en la práctica con dictaduras de derecha (Chile bajo Pinochet), dictaduras de izquierda (China contemporánea), monarquías socialdemócratas (Suecia) y repúblicas plutocráticas (EE UU)” (Judt, Ill Fares the Land, Penguin, 2010).
Reconozcamos, sin embargo, que contrariamente a lo que prescribía la fábula de las abejas de Mandeville, el capitalismo ha fracasado a la hora de convertir egoísmo y codicia en eficiencia y bienestar. ¿Se ha debido a que los capitalistas han hipertrofiado el principio de maximización de beneficios, ampliamente aceptado en democracias liberales y dictaduras de derechas e izquierdas? ¿No han sido los políticos quienes han renunciado a su poder coercitivo para legislar democráticamente una distribución equitativa de bienes primarios entre ciudadanos iguales en derechos?
Es el legislador democrático, no el capitalismo, quien ha dado patente de corso a algunos bancos y grandes empresas para abusar de sus fundamentos éticos más elementales. Se comprende que los españoles repudiemos los recortes al Estado de bienestar aplicados por la democracia, o nos resistamos a aumentos salariales exclusivamente en línea con la productividad, cuando los ejecutivos reciben remuneraciones astronómicas aunque sus empresas tengan pérdidas. Pero es la democracia, no el capitalismo, la responsable.
Sin embargo, el dirigismo estatal que propugnan Podemos y asociados ataca al capitalismo al proponer un Estado con mayor concentración de poder económico. Pero también supone un ataque a la democracia porque esta se opone frontalmente a la concentración de cualquier poder con capacidad de atropellar la libertad de aquellos que, gracias a ella, pasan de ser súbditos a ciudadanos. La indignación que nutre a Podemos y asimilados es legítima, pero la idea de sociedad que defienden solo será justa cuando sea realizable y no produzca más destrozos sociales de los que pretenda corregir. Esto es algo discutible si analizamos sus propuestas económicas, a pesar de haberlas rebajado.
En futuras negociaciones habrá que concretar medidas económicas de eficacia probada que, sin violar las reglas de la economía, devuelvan a las decisiones económicas su legitimidad moral. ¿Hace falta explicar que más gasto público improductivo no significa mayor crecimiento? ¿Es necesario subrayar que el debate no es gasto publico vs. gasto privado, sino gasto corriente (privado o público) vs. gasto de inversión (privado o público)? ¿Aún no hemos aprendido que el repudio parcial de la deuda lo pagarán nuestros hijos y nietos mediante primas de riesgo más elevadas cuando acudan en el futuro a financiarse en los mercados?
Las negociaciones deberían contemplar reformas que encaucen el resentimiento ciudadano hacia la versión de democracia que tenemos, no hacia el capitalismo. Sería un error que “la nueva política” pactase un dirigismo económico que trabase la economía. Lo urgente no es desmontar el capitalismo sino reformar el sistema político respetando la democracia liberal, lo contrario condenaría a la sociedad española a mayor ineficiencia y estancamiento económicos, pero también a mayores injusticias y frustraciones sociales.
Manuel Sanchis i Marco es profesor de Economía Aplicada en la Universitat de València y miembro de Afemcual. Su último libro es El fracaso de la élites. Lecciones y escarmientos de la Gran Crisis (Pasado & Presente).