José Luis Gómez
(OTR/PRESS, aquí) –
El dirigente popular Javier Arenas, convencido de que todos tenemos que hacer esfuerzos y sacrificios, menos los mayores y los desempleados, se ha preguntado qué dirán ahora los socialistas, tras varios meses insinuando que cuando llegara el Gobierno del PP se acababa la sanidad gratuita y la educación universal y pública. Puede que el candidato andaluz lleve parte de razón, pero quizá es pronto para cantar victoria. Por varias razones. La primera es que con el aumento del IRPF la mitad de los pensionistas sí tendrán que hacer esfuerzos, a pesar del incremento del 1%, pues una cosa neutraliza la otra, hasta el punto de generar pérdidas de poder adquisitivo. La segunda es que las comunidades autónomas ya están aplicando recortes en sanidad y educación, y la tercera -y más importante- es que hasta que estén listos los nuevos Presupuestos Generales del Estado no se sabrá realmente hasta que punto es posible financiar el Estado de bienestar, entendido de manera que garantice a cada ciudadano la igualdad de oportunidades y la seguridad de unas mínimas condiciones de vida.
Veamos las claves del problema, en millones de euros. Para que el Estado de bienestar se mantenga al nivel de 2009 hacen falta, en números redondos, 275.000 millones de euros, incluyendo los 110.000 millones necesarios para pagar las pensiones. El resto se lo llevan sanidad (70.000 millones), educación (50.000), desempleo (35.000) y dependencia (10.000). Con los recortes en marcha, pendientes de conocerse los que llegarán en marzo con los nuevos presupuestos, y teniendo en cuenta la caída de ingresos, no está tan claro que cuadren todas las grandes cifras. ¿Los motivos? Básicamente dos: la Agencia Tributaria recauda ahora unos 40.000 millones menos que en los años de bonanza y el pago de la deuda, derivado de un mayor déficit, se ha disparado. Por tanto, se impone la cautela, al menos hasta que estén hechos los grandes deberes en las cuentas del Estado.
A todo ello, por si fuese poco, hay que añadir que el envejecimiento de la población hará que los gastos de la Seguridad Social sigan en aumento, que los procesos de inmigración no van a detenerse, con consecuencias también para el Estado de bienestar, y que los gastos de educación deberán incrementarse, sobre todo en I+D, a riesgo de que el país quede rezagado en el mercado global. Por eso es poco menos que imposible no plantear un nuevo aumento de los impuestos, empezando por el IVA, las bebidas alcohólicas y el tabaco. La alternativa sería un improbable crecimiento económico a corto plazo y la guerra contra el fraude fiscal, pero no parece probable que haya resultados inmediatos en esos frentes. Por eso la pregunta es pertinente: ¿terminó la subida de impuestos? Todo parece indicar que no, dado que el país requiere también estímulos y para eso hacen falta más ingresos públicos. Como dice Olivier Blanchard, economista jefe del FMI, las medidas de austeridad acompañadas de bajo crecimiento, lejos de reducir la prima de riesgo, terminan por aumentarla.