EDITORIAL – El País / (Ver aquí)
El Consejo de Ministros de ayer, tercero del Gobierno de Rajoy, concluyó con un amplio catálogo de buenas intenciones, enunciadas de forma sumaria, que necesitan mucha explicación de detalle para convencer a los ciudadanos y los mercados. Que las generalidades no satisfacen a los inversores se demostró palpablemente ayer, con el repunte de la prima de riesgo. El gabinete se declaró beligerante contra el fraude fiscal y anunció que se limitarán los pagos en efectivo para reducir la evasión tributaria. Junto con otras medidas de inspección, pretende elevar la recaudación por este concepto a casi 8.200 millones durante 2012. La relación de buenos deseos se completa con la petición de un informe al Banco de España sobre los sueldos de los directivos de cajas y bancos con ayudas públicas y el requerimiento de otro dictamen al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Garoña. Puesto que el CSN ya se ha pronunciado sobre su viabilidad y la central está amortizada, lo deseable es que el Gobierno apruebe la continuidad de Garoña, que nunca debió cuestionarse.
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La persecución del fraude fiscal anunciada por la vicepresidenta solo es un buen propósito en tanto Hacienda no explique cómo piensa acometerse dicho plan, sobre qué bases de renta y en qué plazos. La intención es correcta, sin duda. En España permanecen ocultas a la Hacienda pública bases imponibles por un importe aproximado de 300.000 millones. Pero la reducción paulatina de esta bolsa de fraude no se consigue solamente con la detección de los defraudadores; requiere un drástico cambio legislativo y reglamentario que permita recaudar de forma rápida las liquidaciones afloradas por la inspección fiscal y sancionar de forma contundente a los defraudadores. La Agencia Tributaria apenas consigue ingresar un euro de cada 10 descubiertos, debido principalmente a las dificultades legales para encausar con celeridad los casos de elusión fiscal. Por todo ello, el anuncio de ayer solo es todavía una intención, correcta, pero inconcreta.
Lo mismo cabe decir sobre el informe de Hacienda, también impreciso, sobre los organismos, empresas y agencias públicas que el Gobierno pretende recortar para contribuir a la reducción del déficit. La austeridad también produce espejismos. Está bien reducir el exceso de Administración pública, pero el Gobierno tiene que explicar claramente las contrapartidas de esa reducción. No vaya a suceder que se eliminen funciones y tareas que luego se trasladan a otros organismos y estos, a su vez, exigen aumentos de retribuciones que limitan o anulan el ahorro pretendido.
El caso es que el Gobierno sigue sin enseñar su estrategia económica propia. Hasta ahora, sus decisiones se han limitado a prolongar la política de recortes presupuestarios aplicada por Gobiernos anteriores, aunque, eso sí, ahora en versión más drástica. Y ello sin asumir con todas las consecuencias que ese ajuste radical ahonda la recesión española. Es la política obligada, impuesta por Europa, para sostener la solvencia de la deuda.
Pero, aunque necesaria, no es la política económica que el PP prometió durante la campaña electoral o en la investidura de Rajoy. Todavía a mediados de diciembre, y en contra de todas las evidencias, sostenían Rajoy y Montoro que no se subirían los impuestos. La política "propia" del PP era la creación de empleo. Esta política parece haberse esfumado de momento. Para los ciudadanos más atentos, es evidente que, bien por ignorancia de la profundidad de la crisis, bien por cálculo electoral, el PP erró cuando prometió crear puestos de trabajo y acabar así con la recesión. Los ciudadanos están a la espera de que Rajoy, cumpliendo con su promesa de "decir la verdad aunque duela", explique las discrepancias y detalle las consecuencias.