En el pasado mes de junio del 2011 la deuda de las autonomías representaba ya el 12’4% del PIB de toda la nación.
Cuando veo aparecer al señor Mas, el muy honorable presidente de la Generalitat de Catalunya o al señor Durán y Lleida su apoyo de Unió y representante en el Parlamento español, enfrentándose, protestando, lamentándose y acusando al gobierno Central de pretender privar a la comunidad de sus derechos autonómicos, de intentar restringirles las conquistas que lograron arrebatar al gobierno socialista con su famoso y puesto en cuestión Estatut de Catalunya o llevándose las manos a la cabeza cuando el nuevo gobierno del señor Rajoy ha anunciado que pretende controlar, por ley, el endeudamiento autonómico o cuando, el señor De Guindos, ha explicado al Financial Times, los planes del Gobierno para Ejercer un control previo sobre los presupuestos autonómicos; algo que, como era de esperar, ha levantado ampollas en la Generalitat catalana; no puedo menos que preguntarme si, estos gobernantes catalanes, siguen viviendo en la utopía de una “Cataluña libre, independiente y autosuficiente”, olvidándose de la verdadera situación en la que se halla su comunidad o si, es tanto su sectarismo, su empeño nacionalista y su obcecación para librarse de los lazos que les unen a España, que prefieren lanzarse de cabeza al abismo de la quiebra del país antes que dar su brazo a torcer; reconociendo que, sin en apoyo del resto de la nación, su camino está, indefectiblemente, marcado por el fracaso más estrepitoso.
Comencemos por dar algunos datos sobre el endeudamiento de los llamados Paísos Catalans. Por si alguno no estuviera enterado de ello, en el pasado mes de junio del 2011 la deuda de las autonomías representaba ya el 12’4% del PIB de toda la nación. Pero es que, por añadidura y por si existiera la menor duda de cual era la que ostentaba el record de endeudamientos, resulta que fue Catalunya la que acumuló el mayor porcentaje, el 29% de los 133.172 millones de euros a los que ascendía la deuda autonómica. Por supuesto que, de ello, no fue culpable el actual gobierno del señor Mas pero, fuera quien fuera el culpable, ¡el Tripartito, por supuesto!, la realidad es que, en la actualidad, las finanzas catalanas están bajo mínimos como lo están las de la comunidad Valenciana. No obstante, existe una diferencia en la forma de actuar del gobierno de la Generalitat valenciana, que está dispuesto a colaborar con el Estado, como es en el caso de suprimir delegaciones en el extranjero para que se incluyan en las respectivas embajadas españolas abiertas en los respectivos países; algo a lo que se han negado, tajantemente, los nacionalistas catalanes que, como es sabido, han abierto la friolera de 48 delegaciones a las que ellos las llaman presuntuosamente “embajadas”, con un coste anual de 32 millones de euros; intentando mantener su “red diplomática” en el exterior como un signo identitario que la distinga del resto de España.
Lo que ocurre, si se me permite el comentario, es que quizá no haya existido un momento menos propicio, menos oportuno y menos práctico para que los catalanes saquen a colación sus aspiraciones independentistas. Si en estos momentos tuvieran que afrontar con sus propios medios la avalancha de vencimientos que se les vienen encima durante este año 2012, probablemente acabarían en lo que se llama quiebra “soberana”, lo que supondría o bien que tuvieran que salirse de euro, algo catastrófico para la economía catalana o volver hacia España sus ojos para que los sacara del apuro. Anotemos que la caída de la industria en España amenaza el año 2012. Al parecer, cada nuevo dato que se va obteniendo indica que la demanda interna está cada vez más débil, mientras que la demanda externa, procedente de la UE, está decayendo de forma alarmante. Precisamente en este contexto tan poco favorable para una zona industrial y exportadora como es Catalunya, nos encontramos con el hecho preocupante de que Catalunya es la más endeudada de todo el país, con unas obligaciones que ascienden a los 39.268 millones de euros, según datos referidos al tercer trimestre del 2011; pero existe otra circunstancia todavía más peligrosa y es que, este 2012, tiene previstos vencimiento del orden de 5.751 millones de euros, de los cuales 2.424 millones deberán amortizarse el próximo mes de mayo ( vean ustedes las dificultades que ha tenido para pagar la paga de Navidad de los funcionarios). ¿Podrán esperar financiarse los catalanes acudiendo a la deuda externa, emitiendo deuda? Difícilmente, debido a que es, precisamente, desde Europa donde se viene advirtiendo de la falta de contención en el gasto autonómico y, tampoco las grandes agencias de calificación de la deuda, como Fitch, Standard&Poor´s o Moodys, ayudan con sus informes, ya que han puesto en su punto de mira a la banca y las cajas de la comunidad catalana.
Y ¿cómo responde la Generalitat a esta situación extrema? Si, el señor Mas ha preparado importante recortes del gasto público, pero no bastan; ha congelado salarios de funcionarios y ha metido mano a la Sanidad pública y establecido la tasa de copago sobre cada receta de la Seguridad Social. Son medidas discutibles pero no son capaces, por si solas, para solucionar el grave problema de la deuda que pesa como una losa sobre las finanzas de la comunidad. ¡Ah! pero en lugar de hacer méritos, de procurar adoptar una política de apaciguamiento del exacerbado nacionalismo y procurar arrimarse a la política del PP, ha decidido sacar de la vaina su espada de madera para amenazar con ella a un gobierno que acaba de obtener una mayoría absoluta. Ha puesto en el Parlament un proyecto de ley de “consultas populares”, del que habrá que ver su texto para comprobar su constitucionalidad. Por de pronto, ya se han adelantado los sindicatos catalanes para reclamar hacer una consulta (incluso antes de que se apruebe la ley) para poner en cuestión los recortes llevados a cabo por el señor Mas y sus compañeros de partido. ¿Un boomerang para CIU?
Es evidente que, si el mayor foco de endeudamiento del país se debe a la falta de continencia en el gasto público de las comunidades autónomas, no habrá más remedio, y así esperamos que lo vea el gobierno del señor Rajoy, que poner freno al engallamiento de ciertas comunidades y se les haga ver que, si no colaboran y no se someten a las normas comunes que se va a ver precisado dictar el Gobierno, España no tiene salvación posible y corremos hacia la catástrofe que nos llevará a tener que ser intervenidos o, lo que aún puede resultar peor para nuestros intereses, que se nos obligue a abandonar el euro; con lo que cualquier resquicio de esperanza que tuviéramos de recobrar, de aquí a cinco o seis años, el estado del bienestar, quedaría automáticamente sin efecto. Aparte, de ello, queda por solucionar, sin más retraso el problema de la legislación laboral que, como es sabido, se requiere de una profunda reestructuración para equipararla a la normativa europea. El señor Rajoy dijo que daba de plazo hasta el día 7 de enero. No obstante, ya se habla de retrasarlo hasta el día 13. Puede que haga falta darles unos días más a Sindicatos y Patronal para ponerse de acuerdo pero ¡cuidado con las prórrogas!, porque, si no recordamos mal, el señor ZP comenzó de la misma manera y pasaron dos años sin que ambos colectivos se pusieran de acuerdo.
Comprendemos que hay informaciones, como la que hace referencia a los entes públicos ( casi 5.000 en toda España) que requieren tiempo, pero el señor Rajoy no puede dilatarse en empezar a tomar medidas de ahorro del gasto si es que quiere que los españoles no se impacienten pensando que, toda la carga de la reforma cae sobre ellos. Si se han aumentado los impuestos con tanta rapidez, debe corresponderse, a la vez, con actuaciones que satisfagan a la ciudadanía. O así es, señores, mi enfoque de la cuestión.
Miguel Massanet Bosch