Ramón Tamames (Publicado en Republica.com, aquí)
III. Nuevas medidas del nuevo Gobierno
La pasada semana veíamos, en este artículo que se compone de tres entregas, siendo hoy la tercer y última, cómo se formó el nuevo Gobierno Rajoy, y las primeras medidas que adoptó. Hoy nos referimos a la forma en que los mercados acogieron esas medidas iniciales, así como a otras cuestiones que habrán de abordarse en los próximos tiempos.
1. Acogida de las primeras medidas del Gobierno por los mercados
Tras las primeras medidas del Gobierno de Rajoy del 30.XII.2011 que fueron bien recibidas al día siguiente por los mercados, la prima de riesgo de la deuda pública española recomenzó una escalada con la que llegó a tocar los 381 puntos básicos. Pero pronto todo volvió a encresparse, con una especie de trasfondo general de decepción por la insuficiencia de las decisiones del Gobierno (pocos recortes y demasiado fuertes subidas de impuestos), y las sensaciones inquietantes que en ese panorama suscitó el anuncio sobre las ingentes necesidades de saneamiento de la banca española (50.000 millones de euros); así como la alarma desatada por la crisis de liquidez de la Comunidad Valenciana, a la que el Banco Santander tuvo que socorrer, en plan emergencia, con un crédito de 1.300 millones de euros para evitar la bancarrota. No siendo tampoco un aliciente el hecho de que la Seguridad Social cerró 2011 con déficit; por primera vez desde 1999, con 680 millones de euros y seis centésimas del PIB; no mucha cantidad, pero bien significativa de lo que puede acontecer a partir de enero de 2012.
2. Fraude fiscal y excesos de entes públicos
El tercer Consejo de Ministros de Rajoy (jueves, 5.I.2012) no tomó ninguna medida concreta, aunque apuntó dos: un plan contra el fraude fiscal, planteando la necesidad de la colaboración de las CC.AA. en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En ese sentido, las tres grandes líneas de actuación serían las siguientes: mayor rigor frente a los incumplimientos tributarios, mejora del control en la fase recaudatoria, y colaboración de la Agencia Tributaria con los órganos fiscales de las CC.AA. y la Seguridad Social. Un cuarto punto vendría con la puesta en marcha de actuaciones destinadas a erradicar la presencia española en paraísos fiscales y a intercambiar información con los países y territorios que oficialmente han dejado de serlo, como Andorra, Bahamas, Panamá y las Antillas Holandesas.
Otro dispositivo, más novedoso, del previsto plan de lucha contra el fraude fiscal sería el establecimiento de limitaciones a la circulación de efectivo en determinadas transacciones económicas; en línea con lo ya vigente en Francia e Italia, poniendo fin a pagos con dinero negro procedente de la venta de inmuebles o de otras transacciones opacas al fisco.
En esa línea de reajustes, para reducir la economía sumergida sería necesario incrementar el uso de los pagos electrónicos. Para ello, el Gobierno tendrá que coordinar sus esfuerzos con las entidades financieras, de modo que se multiplique el uso de las tarjetas en los pequeños comercios, establecimientos de hostelería, etc.; pues no cabe olvidar que España sigue siendo el país de Europa con menor uso del dinero plástico, y con mayor circulación de billetes, y sobre todo de 500 euros.
Por lo demás, se estima que en España se ocultan a la Hacienda pública bases imponibles por un importe aproximado de 300.000 millones, pero la reducción paulatina de una bolsa de fraude de esa dimensión no se conseguiría solamente con la detección de los defraudadores: se requiere un drástico cambio legislativo y reglamentario que permita recaudar de forma rápida las liquidaciones afloradas por la inspección fiscal y sancionar de forma contundente a los defraudadores. En ese sentido, cabe recordar que la Agencia Tributaria apenas consigue ingresar un euro de cada 10 descubiertos.
Por otra parte, los españoles acumulan una deuda impagada de 30.000 millones de euros con Hacienda (equivalentes a multiplicar por seis lo que el Gobierno prevé recaudar con la subida del IRPF), morosidad que ha experimentado un aumento del 122 por 100 entre 2008 y 2011; datos sumamente preocupantes, pues ponen en evidencia el impacto de la crisis en la capacidad de pago de contribuyentes, así como la incapacidad de la propia administración fiscal.
En cuanto al segundo tema, la supresión de entes públicos, en el Consejo de Ministros del 5.I.2012, se encargó a todos los ministerios informes completos sobre las entidades existentes en sus respectivas áreas. Para proceder en consecuencia, debiendo advertirse que en las referidas supresiones se eliminarían ciertas funciones que sería preciso trasladar a otras entidades; lo que a su vez exigiría aumentos de disponibilidad de fondos, que limitarían o incluso anularían el pretendido ahorro.
3. Horizonte de nuevos ajustes
Las medidas que hemos estudiado hasta aquí del nuevo Gobierno, pueden ser criticadas de una u otra forma. Pero se adoptan en un momento económico que nadie dudaría en calificar de muy grave. Entre otras cosas, porque los mercados siguen implacables y pueden dificultar aún más la financiación de las soluciones ideadas para ir poniendo término a una crisis que ya dura más de cuatro años, y de la que aún no se ve su posible terminación.
En cualquier caso, las decisiones próximas tendrán que ser contundentes, para cambiar el modelo de desarrollo si realmente se quiere elaborar un proyecto de país; con carácter global, con una estrategia, y no hecho simplemente a retazos, con parches de una política de gota a gota sin una ilación sistémica y, al tiempo, verdaderamente lógica.
Como es natural, hay mucha tela que cortar por delante. De modo que, inevitablemente, volveremos a temas de política económica española en próximos artículos. Y como siempre, el autor queda a disposición de los lectores de Republica.com en castecien@bitmailer.net