Editorial (Publicado en El País, aquí)
El Consejo de Política Fiscal y Financiera del martes ha supuesto en la práctica una concesión de ayudas urgentes a las comunidades autónomas asfixiadas por su elevado endeudamiento o la falta de liquidez, pero sin contrapartidas claramente establecidas por parte de los gobiernos autonómicos. Por una parte, el ministro Montoro ha lanzado un salvavidas financiero, en forma de una línea de crédito del ICO (eso sí, sin precisar cuantía, precio ni condiciones), una ampliación de cinco a 10 años en el periodo de devolución de 31.000 millones de euros cobrados de más por las comunidades y un anticipo en seis meses de la entrega de 8.000 millones de euros, prevista para julio y que se llevará a efecto este mes.
La Comunidad Valenciana, por ejemplo, recibirá por esta vía de manera urgente 420 millones para pagar a sus proveedores. Por otra parte, el Gobierno ha amenazado a las autonomías réprobas con un control estricto de sus cuentas en caso de déficit excesivo y el ministro Montoro ha mencionado, para estupefacción de muchos por la inviabilidad de la medida, la posibilidad de que los gestores públicos puedan ser perseguidos penalmente si incumplen los presupuestos.
Las concesiones económicas del ministro son dinero contante y sonante. Probablemente tendrán un efecto beneficioso (siempre que los anticipos y adelantos se empleen en pagar a los proveedores y no en financiar aeropuertos sin aviones y monumentos estrambóticos), pero se echa de menos un balance exacto de sus beneficios y costes. A cambio de la promesa de salvación financiera, los ciudadanos esperaban un compromiso firme, reglado y con un perímetro claro de sanciones para poner fin al descontrol de las finanzas autonómicas. No hubo nada de eso aunque el Ministerio de Hacienda sugiere ahora la posibilidad de retener transferencias a las autonomías con déficit excesivo.
Por supuesto que el Estado puede intervenir a una comunidad incumplidora a través del Consejo de Política Fiscal; es más, debe hacerlo, porque el déficit injustificado de una comunidad compromete al conjunto de la deuda nacional. Pero de la reunión del martes se esperaba un compromiso articulado contra el déficit. En cuanto a la amenaza de persecución penal, parece un exabrupto poco práctico. En contra de lo que sostiene Montoro, gastar más de lo que se tiene no es un delito. Tampoco puede haber una imputación delictiva si no existe un delito tipificado. Parece ridículo confundir la mala gestión económica con las conductas delictivas. Las tronantes amenazas del ministro son agua de borrajas; un intento de fingir ante la opinión pública una severidad que los hechos desmienten.
Hay otros problemas: resolver la quiebra de Valencia, perpetrada por unos gestores del PP cubiertos de oprobio, y salvar los muebles de Cataluña, una comunidad cuyas dificultades de liquidez ponen en riesgo la deuda española. Pero las medidas de Montoro, imprecisas, son solo un parche. Sigue pendiente un nuevo marco político y financiero para las comunidades que evite escándalos como el de Valencia.