Ya era hora de que se empezara a notar, en España, que las cosas van a cambiar y que se tomarán medidas para evitar que, algunos, se sigan valiendo de sus influencias y de sus apoyos para cobrar cantidades abusivas e inmerecidas por sus trabajos; fruto, sin duda, de una cultura de apadrinamiento, endogamia y clientelismo puesta en práctica por el PSOE, que ha contribuido de una manera, evidentemente, sectaria y partidista, a que muchos de aquellos que lo han venido apoyando hayan sacado importantes beneficios por ello. No es la primera vez que me refiero a los despilfarros de la TV1 y lo costoso que le resulta al país el tener que subvencionar a un este público, dentro del cual, existe una mafia de intereses que, en lugar de buscar la eficiencia y la excelencia de la calidad de la programación y del interés de sus reportajes e informaciones, lo que se hace es favorecer a determinadas productoras y presentadores, que han conseguido sacar provecho de sus buenas relaciones con el anterior partido del gobierno. Ahora, el nuevo gobierno ha recortado 200 millones de euros de las ayudas atribuidas al ente público y el Consejo de Administración se las ve y se las desea para que le cuadren los números, por lo que se va a ver obligado a renegociar contratos de tertulianos y presentadores.
Estos días hemos podido conocer, por un artículo aparecido en LD firmado por C.Jordá, lo que nos ha costado a los españoles 30 obras públicas. La cifra de 6.000 millones de euros no nos puede dejar indiferentes si se nos dice que vendrán a representar lo que el Estado podrá recaudar con el aumento del IRPF; pues esta cifra es, señores, lo que han costado aquellas obras públicas, la gran mayoría de las cuales o no han sido rentables o han sido infrautilizadas demostrando que su ejecución se debió más a un interés en llevar a cabo “inauguraciones”, que ha buscar el interés de la ciudadanía. Si les digo que, en España, se pueden encontrar 50 aeropuertos, se lo pueden creer; no obstante ¿son en verdad necesarios tantos o sólo se debe a la megalomanía de algunos políticos o a las ínfulas de los gobernantes de algunas autonomías? Lo que sería conveniente sería determinar el número de ellos que son rentables económicamente; aquellos que ya no prestan servicio alguno, por no tener suficientes pasajeros y aquellos otros que lo único que hacen es acumular pérdidas y que se mantienen por la tozudez de algunas autonomías, como la catalana, empeñadas en “sostenello y no enmendallo” solamente por el prurito de equipararse a Madrid o, como seña de identidad.
Sea por lo que fuere, lo cierto es que, los que nos han venido gobernando durante casi ocho años, se han caracterizado por el derroche que han hecho de este dinero público que, la ministra Calvo, un día dijo que “no era de nadie” pero que todos sabemos que procede de nuestros bolsillos, fruto de la presión tributaria que venimos sufriendo para que, luego, tengamos que rasgarnos las vestiduras al comprobar el destino que se le da y la forma absurda, dadivosa e irresponsable con la que se dilapida. La muestra más reciente corrió a cargo de la ministra Trinidad Jiménez quien, por si no bastaba la herencia que dejaron en las cuentas quebradas de las autonomías que pasaron al PP, no se cortó un ápice cuando, aprovechando el día de las elecciones generales, repartió 63 millones de euros entre distintas ONG sin esperar a que lo hicieran los ganadores.
Resulta pues una broma de mal gusto el que ahora, estos mismos partidos que apoyaron sin fisuras al Ejecutivo del señor Rodríguez Zapatero; los que le bailaron el agua y le ayudaron a que sus proyectos más absurdos pasaran por el Parlamento de la nación con sus votos; sean los que, apenas iniciada la nueva legislatura, quieran convertirse en críticos despiadados, censores “sesudos” y consejeros “experimentados”, poniendo en cuestión las medidas extraordinarias a las que ha tenido que recurrir el nuevo Ejecutivo del señor Rajoy, muy a contrapié y forzando sus planes ya que, en caso de no hacerlo, sabemos que Bruselas, el ECOFIN, y toda la UE se nos echarían encima para obligarnos a someternos a sus órdenes, bajo la amenaza de dejarnos fuera de la Zona Euro para evitar que fuéramos los causantes del derrumbe de la moneda común, algo que sucedería, irremediablemente, si España se hundiera en la quiebra soberana.
Y es que estamos seguros de que, en este país, todavía hay gente que se cree que se puede seguir una política indefinida de aumento del gasto público, que podemos continuar como si no pasara nada, atendiendo a un desempleo superior a los cinco millones de parados, a una disminución de las cotizaciones, a una recaudación menor de impuestos con motivo de la menor producción y gasto y del cierre ininterrumpido de empresas y comercios, motivado por la recesión, esta misma que no hemos querido reconocer hasta que ya no tenía remedio. Hay que pagar lo que debemos si queremos seguir obteniendo créditos y que se nos compre deuda. Y pagar, si no se restablece la confianza en los inversores y baja nuestra prima de riesgo y se moderan los intereses que pagamos por renegociar la deuda o amortizarla, cada vez nos cuesta más y la bola va creciendo hasta que llegará un momento en que no se podrá soportar.
Con dificultades, quizá con más obstáculos que los previstos inicialmente y rompiendo muchos tabúes, el nuevo Ejecutivo del señor Rajoy va haciendo cosas positivas, imprescindibles y, posiblemente, no suficientes, pero en la buena dirección para que, desde Europa y el resto de países de la comunidad internacional, rectifiquen el concepto que tenían de la España de los últimos años, empiecen a fiarse de que somos capaces de enderezar el rumbo y restablezcan su confianza en que somos capaces de remontar y pagar nuestras deudas religiosamente. Sin estas premisas que, por supuesto, entrañan grandes sacrificios para los españoles, no hay duda de que nuestro destino no es otro que el de caminar hacia el abismo. Que el señor Llamazares ponga el grito en el Cielo (rectifico, en el Infierno) o que la señora Chacón y el señor Rubalcaba critiquen, sin dar alternativas posibles y eficaces, el nuevo rumbo que le va dando a la política española el señor Rajoy; sólo es un ejercicio más de irresponsabilidad; deslealtad, incontinencia oral y demagogia, a los que ya nos tienen acostumbrados de los tiempos en los que han tenido en sus manos la batuta del poder. ¡Para llevarnos a la pobreza!
El que no quiera hacer caso de las señales que nos llegan desde las instituciones financieras, aquellos que pretendan que Moody’s, S&P o Fitch, las agencias de calificación de la deuda; que el FMI o el BCE están equivocados en sus pronósticos o que los inversores están en Babia y no se dejan aconsejar por los expertos; no son más que unos ignorantes o, en todo caso, unos incrédulos incapaces de ver con suficiente claridad la situación actual de Europa. El que el FMI esté buscando mas dinero para intentar sofocar la crisis, nada menos que 400.000 millones de euros más o que, sólo hace unos días, S&P, aparte de quitarle la triple A a Francia y rebajar dos escalones el ratio de otras naciones europeas, entre ellas España, haya pronosticado que existe un 40% de posibilidades de que la eurozona entre en recesión, no se puede tomar a la ligera, ni se puede ignorar que, si para al resto de Europa una situación como la anunciada puede resultarle un freno en su recuperación económica, en el caso de España, que todavía no la hemos iniciado y estamos en la pendiente en caída libre, puede ser determinante para seguir en el euro, si no nos apresuramos a detener la tendencia e intentar, cueste lo que cueste, iniciar la remontada. Algo sumamente dificultoso. O esto es, señores, lo que pensamos al respecto.
Miguel Massanet Bosch