JESUS MARIA Ruiz (Publicado en Diario Córdoba, aquí)
En los últimos días estamos asistiendo a una oleada de opiniones y propuestas dirigidas a cuestionar el gasto público destinado a los servicios básicos que constituyen lo que denominamos Estado del Bienestar.
Es evidente que la situación económica internacional aconseja adoptar medidas de control del gasto público y de búsqueda del equilibrio presupuestario, tal como ya ha hecho España con la modificación de la Constitución, en la que se eleva al máximo nivel normativo la voluntad de equilibrar el presupuesto, como regla general de la política económica. Pero precisamente el texto introducido en la norma fundamental establece que esta regla tendrá como excepción los períodos en los que se necesite el impulso del gasto estatal para estimular la economía nacional. Es vidente que en los próximos meses tendremos la oportunidad y, sobre todo, la necesidad de debatir el desarrollo de este mandato constitucional, con ocasión de la ya segura etapa de recesión en la que nuestro país y la mayoría de los estados miembros de la Unión Europea vamos a entrar.
Pero mientras tanto podemos observar cómo, de forma a mi juicio interesada, se están vertiendo opiniones y pronósticos que dan a entender que no podemos seguir manteniendo los niveles de gasto en políticas tan esenciales como la salud, la educación o la dependencia. El peligro de este tipo de afirmaciones radica en la velocidad con la que están calando en la población, aderezadas con las señales casi apocalípticas que están llegando desde los oráculos que interpretan el designio de los nuevos dioses: los mercados.
La nueva religión económica se basa en un mandamiento nuevo: el equilibrio presupuestario a corto plazo y a toda costa. Hemos pecado en exceso contra este mandamiento y ahora tenemos que redimir nuestras culpas con una penitencia dolorosa, pero necesaria. Los excesos que hemos cometido en base al pecado de la igualdad de oportunidades deben ser sacrificados acabando con la causa de los mismos. No más servicios esenciales, no más despilfarro en conseguir una sociedad más justa y más igualitaria… y, de paso, el mercado sabrá encontrar oportunidades para quienes deseen aumentar el nivel de penetración en espacios comerciales "con demasiada presencia estatal".
Cabe plantearse pues si debemos entregarnos a la causa que profetiza la sacerdotisa Merkel y sus apóstoles en Europa y España o si por el contrario debemos ver en la nueva religión una trampa que nos lleva a un deterioro muy apreciable del Estado del Bienestar: una disminución de la financiación de los servicios públicos ocasionará sin duda un grave deterioro de los mismos y, por tanto, la excusa y el argumento suficiente para sustituirlos por sistemas privados, bajo la falacia de que son más eficientes.
Permítanme que me declare de forma nítida y contundente entre los que opinan que es absolutamente necesario conjurarnos contra una de las peores amenazas que hemos vivido en los últimos años. Un neototalitarismo basado en una extraña alianza del superpoder, tal como describe Sheldon Wolin, que culmina en "la creación de una atmósfera de temor colectivo y de impotencia individual": las ideas más radicales, conservadoras y regresivas se alían con los intereses económicos de quienes ven en lo privado la opción para mantener los privilegios de unas élites que aspiran a la desregulación económica absoluta.
Resulta paradójico que las fuerzas económicas que han originado la tremenda crisis que soportamos, no solo no sean penalizadas por la sociedad democrática, sino que adquieran una posición aún más dominante que les ayuda a culminar uno de sus objetivos más deseados: debilitar la autonomía de los gobiernos democráticos e imponer las normas que sustentan el triunfo del interés privado frente al público. Recientemente la agencia Fitch se ha permitido aconsejarnos disminuir el gasto sanitario y educativo sin considerar que nuestro sistema sanitario es en términos económicos de los más eficientes de los países desarrollados y con uno de los porcentajes más bajos de gasto respecto al PIB.
Desoyendo todas las voces que provienen de EEUU entre las que se encuentran dos premios Nobel: Stiglitz y Krugman (aunque cada uno con matices distintos), las autoridades europeas y, a su remolque, las españolas, se aferran a mantener el dictado del neototalitarismo económico. De esta forma se encuentran ante la oportunidad de dar el golpe definitivo al Estado del Bienestar. De mantenerse el criterio de plazos para lograr el equilibrio presupuestario impuesto, nos encontraríamos en un ajuste de máxima intensidad ideado para una época de recuperación económica, pero que va a ejercer una presión enorme sobre nuestra economía, dada la inmediata recesión que se avecina. ¿Por qué no se corrige y modula el calendario del ajuste presupuestario? ¿Por qué se mantiene el esfuerzo del ajuste en España, cuyo porcentaje de deuda pública es muy inferior a la europea? Parece que el nuevo gobierno ve clara la oportunidad para una contrarreforma del Estado del Bienestar: la oportunidad definitiva para que el mercado coja por fin las riendas de sectores tan importantes económicamente como la sanidad, la educación y la dependencia.
Nos jugamos demasiado: tres décadas de desarrollo de una economía social de mercado no pueden ponerse en riesgo de la noche a la mañana. Y lo que es peor, en tanto que el mercado absorbe la parte de los sectores sociales que el Estado vaya abandonando, el efecto sobre el empleo será aún más devastador, dado el elevado nivel de trabajadores cualificados que genera la economía del bienestar, además de deteriorar derechos sociales y frenar el rejuvenecimiento y enriquecimiento de los profesionales.
El último anuncio del ministro Montoro redunda en esta línea: criminalizar la gestión y el uso de recursos públicos. Pero, por ejemplo, gran parte del gasto sanitario se deriva de la prescripción facultativa a través de recetas farmacéuticas. ¿A quién se va a exigir responsabilidad penal? ¿al facultativo que atiende la patología del enfermo hasta su curación, al gestor sanitario que asume el gasto farmacéutico generado y paga a las farmacias, al responsable del departamento gubernativo que cumple y garantiza el derecho a la salud?
Este es el momento de un gobierno español valiente, que plantee en Europa un criterio inequívoco de defensa de los logros sociales, alcanzados gracias al esfuerzo y sacrificio de todos. Que sepa hacer ver la necesidad de fortalecer mecanismos europeos de control pero también de estímulo de la economía; y desde luego de luchar por una política fiscal europea única, donde deje de primarse el beneficio de países como Alemania a la que le resulta rentable colocar su deuda, mientras se cuestione la solvencia de los demás estados; y se cree definitivamente un instrumento común de emisión y garantía de deuda, para dejar se ser presa de la especulación.
Y si es necesario, que priorice el gasto y estimule la eficiencia social de los servicios públicos esenciales. Hay algunos ejemplos de comunidades autónomas como la andaluza donde se mantiene y protege uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo y se potencia la educación como el mejor instrumento de política social y de inversión para el futuro.
Ojalá cunda el ejemplo.
* Exsubdelegado del Gobierno