Pablo Sebastián (Publicado en Republica.com, aquí)
La reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy es audaz y en muchos aspectos discutible, pero desde luego no es “equilibrada” como pretendieron presentarla la vicepresidenta del Ejecutivo, Sáenz de Santamaría, y la ministra Báñez. Entre otras cosas porque el presidente Rajoy y su ministro de Economía, De Guindos, ya habían declarado de antemano en Bruselas que sería agresiva y merecedora de una huelga general, que ya podría estar en fase de preparación por parte de los sindicatos.
Sí podemos decir que la reforma laboral aprobada es asimétrica, busca la productividad y la competitividad de las empresas, se acerca al marco laboral medio de la UE, y puede servir más para promover la acción empresarial y reactivar el crecimiento, sobre todo si hay liquidez y crédito, que es precisamente lo que busca la otra gran reforma estructural del Gobierno, la financiera. Y lo que se logrará si este audaz y ambicioso castillo reformista aguanta el temporal, y no se desploma como uno de naipes por inclemencias externas (como el estallido griego o el ataque de los mercados). o por las revueltas sociales que se perfilan en el horizonte español.
Si el diseño estructural del Gobierno aguanta, a mediados de 2013 el empleo subirá y cambiará su actual tendencia destructiva. La que crecerá en 2012 como lo anunció Rajoy en el Parlamento. Pero mientras tanto habrá que ver el impacto de esta reforma laboral en instituciones (empresas públicas) y empresas, porque incluye sensaciones contradictorias. Por una lado, está claro que facilitará el despido (con 33 o 20 días de indemnización) y, por otra parte, ofrece incentivos para contratar a los jóvenes, lo que tampoco parece claro si el periodo de prueba es de ¡12 meses! Lo que sería otra manera de fomentar la interinidad aunque se hable de contrato fijo.
Igualmente, no queda claro que el despido de 33 días por año se pueda aplicar, a partir de ahora, a quienes están contratados en el régimen anterior de 45 días por año porque ello incluye una cierta “retroactividad” que afecta a más de nueve millones de españoles. De igual manera, las reformas de los convenios y las llamadas causas objetivas para el despido procedente (para empresas con problemas durante nueve meses, lo que afecta a muchas de ellas) o la flexibilidad en el trabajo (lo que si es necesario) benefician a los empresarios y la productividad así como a la competitividad lo que es muy importante, pero a la vez facilitan el despido.
Por ello, con razón, Rajoy teme una huelga general y De Guindos habla de reforma agresiva. Y por ello también cabe pensar que sin ser equilibrada –por más que se reduzcan derechos de directivos y altos funcionarios, como se hace también con los banqueros- esta reforma abre un nuevo e inexplorado camino de consecuencias al día de hoy imprevisibles, pero que claramente buscan favorecer la actividad empresarial y el crecimiento, que son las máquinas que han crear empleo y reducir el paro aunque a corto plazo, y en este tiempo de crisis, puede favorecer nuevos despidos y los ajustes de plantillas.
Por todo ello los empresarios ya se han pronunciado a favor de la reforma y los sindicatos, con cara de pocos amigos, se retiraron a reflexionar y pronto aclararán si hay huelga general. Aunque, para empezar, dirán que se ha dinamitado el diálogo social y que estamos ante un ajuste ultra conservador que es lo que ahora están diciendo los partidos de izquierdas. Anunciando que esta reforma estará presente en las campañas electorales asturiana y andaluza, que están a punto de arrancar.
Lo que nadie puede decir es que el gobierno no hace nada o está de brazos cruzados. Pero lo que hace falta es que acierte y no solo para contentar a los mercados, el FMI y los tecnócratas de la UE, que llevan meses pidiendo estos ajustes laborales. Los que sin duda van a provocar una seria revuelta social de consecuencias tan imprevisibles como las de la nueva reforma laboral.