“El tribunal no ha de hacer favores sino pronunciar sentencias” frase atribuida a A.J.M. Seguier presidente del Tribunal Supremo de París durante el primer Imperio y la Restauración. Si el otro día escuchamos a la portavoz del CGPJ, señora Gabriela Bravo exponer sus particulares puntos de vista, defendiendo la actuación de jueces que ordenan detener a los padres de chicos rebeldes, que se niegan a obedecer sus mandatos; exponiendo la curiosa idea de que los padres “no están preparados para educar a sus hijos” y que, ante esta situación conflictiva con los menores, lo que se debe hacer es acudir en busca de ayuda de los psicólogos de los que dispone la Administración de Justicia para solucionar problemas de esta índole. Lo que no dijo, esta expeditiva señora, es lo que ocurriría si todos los padres de familia que tienen problemas con sus hijos adolescentes que se rebelan contra la autoridad paterna, tuvieran que acudir en busca de la ayuda de dichos especialistas ¿cómo podría atenderse semejante demanda si todos conocemos la escasez de medios de la judicatura española para atender la enorme carga de trabajo que tiene acumulada?
Lo curioso de esta judicialización de la vida familiar; de la privación a los padres de medidas elementales para imponer su autoridad a menores que todavía no están capacitados para tomar según que decisiones; de esta especie de emancipación que se les concede a los menores para que cuestionen el derecho de los padres para poderlos educar e infundir en ellos aquellos principios que, en su vida futura, pueden ayudarles a solucionar los conflictos que se les presenten; no parece que, desde la implantación de la ley que les atribuye tales “derechos” ( incluso denunciar a sus propios padres, o permanecer en el domicilio paterno sin que los padres puedan expulsarlos de él), hayan tenido demasiado éxito, en ninguno de los aspectos en los que quería influir. Porque, si lo que buscaba era conseguir una juventud más sensata, más formada, más preparada contra abusos o mejor educada y responsable, la verdad es que no la vemos por ninguna parte y que, los efectos de la limitación de facultades de los padres no ha hecho otra cosa que crear una juventud que, en términos generales, prescinde de sus familias, busca consejo en amigos o terceros poco de fiar, se deja llevar por sus utopías juveniles; no aceptan ninguna limitación ni hacen caso de los consejos de sus padres, cuando no se rebelan contra ellos o les pegan; que, de todo esto, están llenos los hogares españoles desde que la ley se dedicó a amparar a los menores de la “disciplina” paterna.
Ya, al niño pequeño, no se le puede darle un golpe en la mano cuando pretende tirar un jarro al suelo; no se le puede amenazar con un castigo cuando no obedece, no estudia, se insolenta contra su padre o su madre o se niega a regresar a casa a una hora prudente porque, según todos estos “psicólogos”, a los que hay que darles colocación, esto puede traumatizar al joven o crearle un complejo o quién sabe que horrible “desviación” de su propia psiquis. Nunca, a lo largo de mi ya extensa existencia, había tenido ocasión de contemplar tantos casos de familias rotas, de abandonos de hogar, de agresiones a los padres; de abandono escolar; de insumisión a los profesores; de drogadictos; de alcoholizados; de niñas embarazadas; de jóvenes sin objetivo alguno en la vida y de matrimonios efímeros, consecuencia de la falta de experiencia y madurez de sus contrayentes. Si la señora Bravo nos quiere poner a esta clase de juventud como ejemplo, con su pan se lo coma; pero le puedo asegurar que, para la mayoría de padres – no hablamos de las minorías, que siempre han existido, de aquellos locos que maltratan o matan a sus hijos, que también han ido incrementándose a pesar de la nueva normativa de menores – las nuevas normas legales no sólo han representado un merma de autoridad para poder poner orden en la familia, sino que ha constituido un gran freno para educar a los hijos como, por cierto les encomienda la Constitución.
Mejor nos podría explicar la docta señora ¿cómo es posible que el TSJC, sin duda presionado por la clase política catalana, al menos por la mayoría de ella, haya podido contradecir, en un auto, al propio TS, cuando, apenas hace unos meses, el propio tribunal que ahora desautoriza al Supremo, requirió a la Generalitat para que cumpliera e hiciera cumplir las sentencia que, sobre el uso del castellano, había dictado aquel alto tribunal? Y nos preguntamos ¿desde cuando un tribunal de categoría inferior puede desdecir la sentencia de un tribunal superior? Porque, señores, la única misión que tenía el TSJC era hacer cumplir lo ordenado por el Supremo y no entrar a considerar el fundo de la cuestión. Si hay algo que nos demuestre el grado de insumisión a los normas estatales se está produciendo en esta comunidad catalana, es, sin duda, la forma en la que algunos jueces, magistrados y el propio Gobern de la Generalitat se están tomando las normas, las leyes, las indicaciones y los requerimientos que, desde el ámbito estatal, se les pide que cumplan, como si ya estuvieran fuera de la tutela de España y gozaran, si no de derecho, de hecho, de un autogobierno que les permitiese actuar por su cuenta.
El hecho es que, el señor Más, que tanto se ha aplicado a recortar algunos de los gastos excesivos en los que se metió el Tripartit, no obstante, no ha tenido ningún empacho en permitir que se gasten 3.000.000 de euros en preparar una consulta (evidentemente inconstitucional) para pedirles a los catalanes su opinión sobre si Catalunya debe ser independiente o no. Y esto en plena crisis económica y, cuando resulta que, la autonomía catalana es la que lidera el ranking de despilfarro de todas las comunidades españolas. En efecto, los organismos autónomos catalanes tenían, a finales del año 2011, una deuda viva de 7.824 millones de euros, poco menos que la mitad de del total autonómico de toda España. Y, por si no fuera suficiente el dato anterior, podemos decir que Catalunya era una de las comunidades autónomas más endeudadas, seguida por Valencia, con una cifra de 39.268 millones de euros de deuda viva (un 29% del total).
Estoy convenido de que, si se analiza lo que la Constitución y las leyes orgánicas que la desarrollan, seguramente habría motivos más que suficientes para que, el Estado, pudiera tomar medidas para intervenir la autonomía catalana para poner orden en sus cuentas y evitar actos de insurrección y de desacato a la propia Constitución ( negarse a colocar la bandera española en los mástiles de determinados edificios públicos, una guerra contra el idioma español y un evidente desprecio por las leyes promulgadas por el Parlamento español). Otra cosa es que, quienes nos gobiernen se atrevan a hacerlo o que, el TC, con su actual formación de magistrados con mayoría de izquierdas, no encontrara un medio para impedirlo, Pero, si no se cortan de una vez estos brotes de separatismo que, cada día, se hacen con más seguidores y elevan el número de exigencias; es probable que, cuando se intente remediarlo ya sea tarde y España pierda, de un tacazo, al País Vasco y a Catalunya. ¡Qué rara quedaría la piel de toro!
De hecho, para vergüenza de quienes nos consideramos españoles, ya no se trata, solamente, de que los políticos, en Catalunya, hayan sucumbido al nacionalismo extremo; lo más preocupante es que uno de los fundamentos del Estado de Derecho, los altos tribunales autonómicos, también queden sometidos a la presión de quienes no buscan más que establecer diferencias entre las autonomías y España como un camino claro a satisfacer al nacionalismo excluyente. O eso es, señores, lo que me temo que va a ocurrir si Dios no lo remedia.
Miguel Massanet Bosch