“Las grandes deudas son un privilegio de la riqueza” afirma Georges Duhamel (1.884-1.966) poeta y escritor francés en su obra “El jardín de las bestias salvajes” narración que forma parte de su “Cronique des Pasquier”. Y deberíamos darle la razón al señor Duhamel si es que queremos ser consecuentes con lo que la realidad cotidiana nos muestra, cuando vemos la forma feroz e inmisericorde con la que los poderosos, los bancos y las grandes financieras, suelen tratar a aquellos infelices que no pueden atender el pago de sus deudas por hallarse, como está ocurriendo en estos días con demasiada frecuencia, en desempleo, en situación de penuria económica o en evidente crisis familiar, a causa de la falta de trabajo de todos los miembros de la familia, algo que está sucediendo, cada vez, con más frecuencia según se deriva de las estadísticas del INEM. Es evidente que, los bancos y demás entidades de crédito, tienen una forma distinta de tratar a aquellos grandes deudores, cuyos créditos cuantiosos pueden hacer tambalear a la entidad, en caso de impago; de la que usan con aquellos clientes de menor importancia con los que se muestran más inflexibles e intratables. El hecho de que, el nuevo gobierno del señor Rajoy, haya tenido que apretarles las clavijas a las entidades financieras para que, en casos de extrema necesidad, se conformen con la dación en pago del inmueble gravado y, si es posible, mantengan en régimen de alquiler al ocupante moroso; nos da la pauta de la alarma social que ha levantado la cadena de desahucios que se han venido produciendo durante los últimos años.
No obstante, vean ustedes el contraste cuando la propia Hacienda, aquella que nos dice que “Hacienda somos todos” tiene una distinta vara de medir para tratar a aquellos entes o ciudadanos poderosos, con influencias o que cuentan con el apoyo de una parte importante de la ciudadanía; de aquella otra que aplica al común de los contribuyentes. Si usted se limita a ser un número y un nombre sin más aditivos, no se atreva a dejar pasar la fecha de caducidad del pago de su IRPF, porque las fuerzas del Infierno se desencadenarán contra usted, le llegará un requerimiento perentorio y, por añadidura, deberá usted pagar un recargo automático según sea el retraso con el que pague su débito con el Estado. Vean, sin embargo, lo que viene sucediendo con los equipos de fútbol, especialmente con los de 1ª, que, según se ha destapado, resulta que tienen deudas impagadas con Hacienda que, en conjunto, ascienden a la nada despreciable cifra de 752 millones de euros. ¿Pero, cómo es posible que, siendo deudas acumuladas desde hace años (en los últimos 4 años se ha producido una aumento de 150 millones), los señores inspectores del ente público no hayan obligado a que estos clubes se pongan al día con el pago de sus impuestos?, ¿Se imaginan ustedes lo que le habría sucedido si tuviera un pequeño comercio de mercería o un bar de poca monta, si decidiese dejar de pagar sus impuestos?
En todo caso, parece que las entidades de Primera División tiene descubiertos con la Agencia Tributaria por un importe de 489.930.880.80 euros, mientras los equipos de Segunda división no alcanzan a tanto, conformándose con una deuda de 184.180.499,57 euros. Y, ante estos hechos, uno se pregunta si, de verdad, todos los españoles estamos contribuyendo por igual a erradicar la crisis. Lo curioso del caso de los equipos de fútbol es que, no se limitan a estar endeudados con la Hacienda pública, sino que tampoco pagan las cuotas de la Seguridad Social lo que hace suponer, a criterio de los enterados, que el fútbol puede tener pendientes de pago, en su conjunto, una cantidad que podría llegar a alcanzar los 1,500.000.000 de euros ¿Qué privilegios tienen los equipos de fútbol para que se les consienta estar entrampados con Hacienda y con la Seguridad Social, cuando al resto de empresas se las castiga con multas y recargos, amén de ser responsables, ante sus trabajadores, en el caso que dejen de pagar la cuota que corresponde a las retenciones que se les han hecho?
Es evidente que, en este país, aquellos que claman en contra de los empresarios acusándoles de abusar de los trabajadores, de pretender explotarlos y de ser insensibles antes los problemas de la clase trabajadora, si se trata de su equipo de fútbol predilecto estarían dispuestos a entramparse hasta las cejas, a gastarse lo que haga falta para acudir al estadio y a encontrar lo más natural del mundo que se paguen 90 millones de euros por un solo futbolista. Pero, es que, detrás de la insensatez de los hinchas, están los intereses de los gobernantes que, sin duda, se han aplicado en darles a los ciudadanos lo que, en tiempo de los emperadores romanos, se definía como “panel et circenses”, proporcionarles el entretenimiento que los mantenga apaciguados y alejados de lo que podría convertirse, en otro caso, en un malestar social, capaz de provocarles problemas.
En todo caso, en los últimos tiempos, tanto el gobierno socialista como el del señor Rajoy, parece que no han tenido empacho en indultar a determinados señores condenados por actuaciones de una inusitada gravedad; como ha sido el caso del señor Alfredo Sáenz del banco de Santander, inhabilitado por el Tribunal Supremo para ejercer cargos de administración y arresto por 3 meses por denuncia falsa en el Banasto. Nadie ha comprendido como, a este señor, si no es por la gran influencia del señor Botín sobre el anterior gobierno del señor Zapatero, se le haya rebajado toda su condena al sólo pago de una multa de 6.000 euros, una migaja para un señor que cobra 11’5 millones de euros al año. El ciudadano de a pie se siente estafado con la justicia si, por el hecho de ser una persona influyente, con padrinos poderosos, se puede librar con semejante facilidad de cumplir una condena cuando, a un pobre ladrón, sin crímenes de sangre, se lo mantiene en chillona durante 36 años.
Pero tampoco parece que, el Ejecutivo actual, se haya mostrado demasiado enérgico cuando, al ex cuñado del señor Sánchez Llibre de CDU, el señor Victor Manuel Lorenzano Acuña, también se le ha “conmutado” la pena de cárcel que le había impuesto la Audiencia de Barcelona, reduciendo la sanción a una multa de 3.600 euros; cuando había sido beneficiario de los contratos que se le otorgaron a través de las empresas Gestumer y Socesca, en los que participó el otro indultado, J.M. Servitje, ex secretario general de la Consellería de Treball durante el pujolismo. Se le había condenado por haber desviado fondos públicos por valor de 46.157 euros. Resulta imposible de entender que, estas medidas de gracia, recaigan sobre personas que, por sus cargos, por sus responsabilidades y por su relevancia en la Administración Pública, debieran de haber sido condenados con mayor dureza y ejemplaridad.
Es evidente que, como ya se ha dicho en multitud de ocasiones, si a los ciudadanos se nos imponen medidas draconianas para contribuir a sacar a España de la grave situación actual, lo menos que pueden hacer quienes nos gobiernan es dar ejemplo de que se aplican con toda justicia y que, aquellos que tienen más y salen menos perjudicados por la crisis sean, a la vez, los que den ejemplo de más generosidad y sacrificio. Insistimos en la necesidad de que se aplique un impuesto especial para las grandes fortunas como, en su día, propusieron los mismos magnates franceses. O esta es, señores, mi forma de calificar estas acciones, evidentemente injustas y carentes de sentido.
Miguel Massanet Bosch