Los gastos referidos a «Otro personal» casi triplican al de los empleados públicos, a costa del dinero de los andaluces
Alicia Martos (Publicado en LA RAZÓN.es, aquí)
Las urnas han dictaminado ya su parecer, y podemos vaticinar que al futuro gobierno andaluz que salga elegido tras los contactos iniciados entre PSOE e IU no le esperan tiempos tranquilos. Tampoco en la gestión de la Función Pública. A la lesiva reforma laboral que se avecina, donde por primera vez en la historia constitucional de este país (si no se remedia en el trámite parlamentario) se abren las puertas al despido de empleados públicos que en su día accedieron a la administración bajo los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, se une en Andalucía una larga lista de errores por corregir.
Es en tiempos de crisis cuando son más necesarios unos servicios públicos de calidad que ofrecer a los ciudadanos, gestionados de forma transparente y salvaguardando la garantía de independencia de los profesionales que los prestan. La matriz de cualquier reforma que deba emprenderse en la administración debe pasar por la protección y dignificación del empleado público, tan injustamente denostado por quienes precisamente más deben defenderle al estar vinculados jerárquicamente. Vivimos un divorcio evidente entre el poder político-administrativo y quienes diariamente deben llevar a los ciudadanos la plasmación de las políticas públicas diseñadas por esos poderes. No es algo reciente, pero esta brecha se ha acrecentado al intentarse mostrar al empleado público como culpable de la actual situación económica, cuando la realidad es que, como ciudadano, es una víctima más de tantos desmanes políticos. Por ello, debe reconocerse urgentemente que servicio público y crisis no son la misma cosa, y que empleado público y déficit público no son sinónimos. No se trata de reivindicar ninguna cuestión salarial ni del mantenimiento de ningún inexistente privilegio, sino de respetar su independencia y funciones, porque el problema no está en el empleado público sino en una gestión opaca, despilfarradora y ausente de control.
IU, presumible futuro socio del Gobierno andaluz, ha aireado a los cuatro vientos (incluso en campaña electoral) que la reordenación del sector público andaluz fue errónea en su diseño, contenido y efectos. Ahí están las hemerotecas para repasar las declaraciones de Sánchez Gordillo, de Julio Anguita e incluso del propio Diego Valderas al respecto. Son muchos los empleados públicos de la Junta de Andalucía que tienen puestas sus esperanzas en la necesaria derogación de esta norma tan perjudicial para todos y no sólo para ellos. Sin embargo, en palabras recientes de algunos dirigentes de IU, ya se adelanta que este tema no lo consideran prioritario en sus negociaciones con el PSOE. Si a esta primera decepción unimos los inacatados pronunciamientos judiciales que declaran ilegal la integración en la administración pública de un masivo personal externo desde una administración paralela donde se le contrató sin las debidas garantías legales, puede deducirse fácilmente que la rebelión de los empleados públicos contra la actuación del poder político andaluz en esta materia va a continuar, en las calles y hasta la última instancia de los Tribunales de Justicia.
Ahí debe situarse precisamente el punto de mira. El Gobierno andaluz se ha venido afanando en una política de encomiendas y transferencias de fondos a sus multiplicadas empresas públicas y fundaciones, creadas muchas de ellas a medida del poder político. Se ha engordado a propósito lo que se debía gestionar desde la austeridad, y se ha consolidado dándole cuerpo de Ley además, todo ello para realizar tareas para las que ya existían empleados públicos cualificados, provocándose duplicidades innecesarias, consejos de administración inútiles y múltiples descontroles e irregularidades en el gasto público.
Hace poco, una afiliada nos informaba de que, para cuadrar el presupuesto de su departamento, propuso a sus superiores que no se contratara por obras y servicios el puesto de un técnico informático por valor de 120.000 euros€ anuales, cuando un funcionario del Cuerpo Superior de Informática, que ha debido demostrar su solvencia en pública concurrencia, costaría como máximo 36.000 brutos anuales. Ahí está la clave. Se ha propiciado una constante destrucción de empleo público en favor de políticas privatizadoras más costosas y con menos garantías. Si analizamos los presupuestos prorrogados de la Junta de Andalucía para el 2012, puede comprobarse que los gastos referidos a «Otro personal» casi triplican al de los empleados públicos, por supuesto, a costa del dinero de todos los andaluces, a costa de miles de oportunidades de empleo perdidas para los ciudadanos ante la inexistencia de ofertas públicas y a costa de nutridas e inamovibles bolsas de trabajo e interinidad.
Un rápido repaso nos lleva, no obstante, a la conclusión de que son ya demasiadas las cosas que no funcionan desde hace tiempo en una Función Pública andaluza por donde han pasado cinco equipos diferentes en cinco años. Podemos hablar de la aberración jurídica perpetrada con la paralización y posterior rebaremación del concurso de méritos de los funcionarios convocado hace más de un año, al que se cambió las reglas del juego a escasos días de su resolución definitiva, algo que ya ha sido anulado también por los Tribunales pero que sigue sin solucionarse por falta de voluntad política; podemos hablar también de la caótica gestión de la oferta de empleo público del año 2006 para el personal laboral que, tras seis años desde su publicación, sigue sin resolverse igualmente a día de hoy; de la irregularidad que suponen los nombramientos provisionales en puestos inexistentes en plantilla (alrededor de 1.000 funcionarios se hallan en esta situación que debiera ser excepcional); del abuso de las libres designaciones, etc. La lista es larga e inacabada, porque nunca se han vivido horas tan bajas ni la negociación ha brillado tanto por su ausencia.
Con este bagaje, podrá entenderse mejor el divorcio del que hablábamos al principio y que, desde CSI•F, demandemos soluciones inmediatas a quienes estén llamados a liderar la Función Pública andaluza próximamente, porque se hace urgente ya una gestión desde la estabilidad, el consenso, el diálogo, la transparencia y el escrupuloso respeto a la ley y a los empleados públicos.
Alicia Martos
Presidenta del sector de Administración Autonómica de CSIF-A