EDITORIAL (Publicado en El País, aquí)
La dimisión de Rato facilita la gestión del grupo tras una inyección masiva de fondos públicos
La delicada situación financiera de Bankia, cuyos balances están lastrados por activos inmobiliarios depreciados por importe de casi 32.000 millones, tomó ayer un nuevo rumbo con la dimisión de su presidente, Rodrigo Rato, después de dos años de gestión al frente de CajaMadrid primero y el grupo Bankia formado a partir de ella después, y el reconocimiento por parte del Gobierno de que se está preparando un plan para inyectar dinero público en Bankia.
Ya no cabe duda alguna de que la reforma financiera propuesta por el Gobierno a primeros de año, que suponía un aumento de las provisiones sobre los activos inmobiliarios, no ha surtido los efectos deseados. Más bien ha prolongado la agonía de la banca española frente a la creciente desconfianza de los inversores internacionales y ha maquillado durante meses la mala situación de varias entidades financieras, cuyo caso más grave es Bankia. Tras meses perdidos por las dudas, Rajoy y Guindos se aprestan a resolverlo.
La dimisión de Rato es plenamente coherente con el panorama actual. El ex vicepresidente económico fue la persona adecuada para desplegar relaciones y pilotar la conversión de una caja en banco y acelerar su salida a Bolsa. Llegados al punto actual, el presidente del Gobierno parece haber caído en la cuenta de que no habrá solución para la crisis española si no se sanea Bankia, objeto de sospecha para todos los mercados de inversión europeos. Rajoy ha intervenido sin duda para facilitar el cambio en la gestión y Rato ha engrasado la transición proponiendo a José Ignacio Goirigolzarri, ex consejero delegado de BBVA. Rato declaró ayer que presentó su renuncia por “estimar que es lo más conveniente para esta entidad”. Y por ende, cabría añadir, para el conjunto del sistema financiero español.
La Bankia actual tiene que luchar por su supervivencia.
Y si el Gobierno debe inyectar miles de millones a la entidad, también resulta más defendible ante la opinión pública que no se sitúe al frente alguien que compartió mesa en el Consejo de Ministros de Aznar con los actuales responsables políticos. Por otro lado, la salida de Rato es congruente con el derecho del Estado a cambiar el equipo de gestión de una entidad en caso de participación pública en su capital. No se entendería un rescate público sin que el Gobierno participase, con mayor o menor intensidad, en las decisiones del grupo al que se presta el dinero, sea en calidad de crédito o, con más razón, en calidad de capital.
El brusco cambio de dirección en Bankia puede dar una pista sobre las medidas bancarias que pretende tomar el Gobierno el próximo viernes; si se plantean cambios directivos, pocas dudas caben ya de que empeñarán dinero público en el saneamiento bancario. Los detalles de la nueva reforma bancaria no se conocen todavía y son imprescindibles para valorarla. No es lo mismo inyectar dinero público en el capital de Bankia (o en otras entidades, como las cajas gallegas) que hacerlo en la sociedad inmobiliaria que se haga cargo, de forma individual o colectiva, de los activos tóxicos del grupo. No es lo mismo aportar un crédito, con su interés correspondiente, que entrar directamente en el accionariado del banco; en el segundo caso se obtiene el derecho al entrar en el Consejo de Administración y en el primero no. No es igual rebañar dinero de la Hacienda española que recurrir al capital (también público) del Mecanismo de Estabilidad Europeo o del FMI.
En cualquiera de los casos, admitido que el dinero público es el último recurso para sanear Bankia (y con él, el sistema financiero español), es imprescindible que los recursos de los contribuyentes obtengan, como contrapartida, el derecho a que el Gobierno ejerza un control estricto sobre los bancos salvados.