(Publicado en La Vanguardia-Reggio´s, aquí)
Kepa Aulestia defiende que “el retraimiento autonómico, preconizado abiertamente por Esperanza Aguirre y practicado por los dirigentes territoriales de su partido con responsabilidades de Gobierno, devuelve en cierto modo a los nacionalistas la singularidad difuminada con el café para todos y, en esa misma medida, puede atemperar la tensión soberanista”.
Se está presentando el déficit autonómico como la consecuencia de un sistema descentralizado en exceso cuyo rumbo convendría corregir para recuperar la confianza en España. El autogobierno suscita inquietud en determinados sectores de opinión españoles porque el déficit ha aflorado recelos y prejuicios que añoran las seguridades de la nación centralizada y uniforme. La intervención ideológica se ha hecho patente de forma que posiblemente no se requieran intervenciones institucionales cuando ya hay comunidades autónomas absolutamente tuteladas por la Administración central. Los gobiernos autonómicos del PP, que son todos menos cuatro, se han retraído ante las críticas. Unos por saberse herederos de una gestión injustificable de las cuentas territoriales, y otros por haber comprendido que en periodo de crisis las competencias no incrementan la influencia política de las élites regionales sino que la comprometen. Ese retraimiento explica la salvaguarda en la que se mueve la Administración central, sin que nadie se pregunte cómo es que mantenga tanta estructura y gasto tras vaciarse de atribuciones y sin que nadie demande una mayor adecuación del modelo de financiación al reparto competencial.
A primera vista, el retraimiento autonómico, que afecta a todos los estatutos no refrendados, contrastaría con la efervescencia soberanista que podría desatarse en Catalunya y Euskadi. Lo cual, aun operando tan sólo como hipótesis o a modo de amago, propiciaría una mayor diferenciación entre unas y otras autonomías. La volatilidad ideológica de un Estado que ya nunca será de las autonomías y sus problemas financieros han realimentado la pulsión nacionalista. El pacto fiscal ha pasado de ser una aspiración a enarbolarse como la única forma de zanjar el contencioso sobre el retorno de los impuestos que pagan los catalanes cuando la Generalitat dice verse obligada a introducir recorte tras recorte. Por su parte, el abertzalismo presenta la situación económica en el resto de España como un lastre para las expectativas que podría albergar una Euskadi que ha vuelto a la recesión; una razón no exenta de jactancia que se añade a su periódico recordatorio de que persigue cortar amarras. La certeza de que el País Vasco está soportando la crisis mejor que las demás comunidades autónomas gracias al concierto y al cupo constituye un argumento definitivo para avalar la pertinencia del pacto fiscal. El nacionalismo tiende siempre a simular que está a punto de desatar el nudo. Pero continúa aferrándose al principio de realidad que indica que España no es un contexto fallido a punto de desmembrarse, porque sabe que ello arrastraría a Euskadi y a Catalunya.
El soberanismo no se basa tanto en el ansia por dotarse de un poder independiente como en el rechazo que provoca verse subsumido en el sistema constitucional con el mismo estatus que el resto de las comunidades autónomas. El desarrollo autonómico ha suscitado entre los nacionalistas la necesidad de diferenciarse de quienes se han dotado de un nivel de autogobierno similar al que ellos reivindicaban al comienzo de la transición. Por eso mismo, el retraimiento autonómico, preconizado abiertamente por Esperanza Aguirre y practicado por los dirigentes territoriales de su partido con responsabilidades de gobierno, devuelve en cierto modo a los nacionalistas la singularidad difuminada con el café para todos y, en esa misma medida, puede atemperar la tensión soberanista.
Aunque esa tensión se ve limitada también por la pluralidad social y política que representan Catalunya o Euskadi, tan o más diversas que lo que puede ser España en su conjunto. Fuera de ese amplio cauce central en el que la ciudadanía se manifiesta satisfecha de la autonomía realmente existente y predispuesta a recabar más atribuciones de autogobierno, la idea de un Estado propio o de un estatus político aún más diferenciado introduce la tensión en el seno de la propia sociedad vasca o catalana. De ahí que no resulte fácil imaginar que Catalunya se haga con el concierto y a las malas opte por retener el cupo mientras llega a un pacto con Madrid. Del mismo modo que el previsible cambio político que se dará en Euskadi tras la participación de la izquierda abertzale en los próximos comicios autonómicos difícilmente encontrará una fórmula de desenganche del Estado constitucional que no suponga la ruptura social y territorial del país de los vascos. En cualquier caso, hay una línea que los compromisos respecto al déficit no podrán traspasar sin cuestionar el carácter democrático de la España autonómica y sin poner en peligro su integridad territorial. Es la línea que Rajoy trata de sortear a su modo, aunque sin otra garantía que la de su contención verbal.