Revisionismo histórico subvencionado (por María Jesús Cañizares)

Solo una doctrina tan profundamente victimista como el nacionalismo catalán podría rendir tributo a un perdedor. Rafael Casanova simboliza las contradicciones de un soberanismo que homenajea a un personaje que simplemente se equivocó de bando monárquico; que califica de imposición una lengua, el castellano, usada como lengua materna por la mitad de los catalanes; que rechaza los toros, pero blinda los «correbous»; que toma como ejemplo Alemania, donde también hay déficit fiscal entre regiones, o que recupera estructuras medievales, como las veguerías, que luego no sabe aplicar.

Rafael Casanova, icono del nacionalismo catalán, murió plácidamente en su cama, perdonado por el Rey Borbón al que se enfrentó. Pero cada 11 de septiembre es saludado por los partidos nacionalistas con una ofrenda floral que atrae a muchos catalanes, sí, pero no para expresar su devoción identitaria, sino para silbar a los políticos culpables de la crisis.

Efectivamente, conmemorar los hechos de 1714, fecha en la que el decreto de Nueva Planta redujo las instituciones catalanas a la mínima expresión, no provoca excesiva excitación en la Diada Nacional de Cataluña. Pero, junto con el victimismo, crear artificialmente una masa crítica a favor de la causa también forma parte de la esencia nacionalista.

De ahí que el gobierno autonómico, liderado por Artur Mas, haya decidido festejar por todo lo alto el tricentenario de la entrada de las tropas borbónicas en Cataluña. La semana pasada, la Generalitat nombró al comisario de estos actos, Miquel Calzada, más conocido como Mikimoto, un famoso locutor catalán venido a menos que celebró su designación proponiendo que el Parlamento autonómico declare unilateralmente la independencia.

Hay quien ve en 2014 una excelente fecha para celebrar un referendo separatista. De hecho, convertir este año en una especie de «finisterre» soberanista no es nuevo: el exvicepresidente catalán, Josep Lluís Carod-Rovira, ya hizo algunos preparativos cuando gobernaba el tripartito. El revisionismo histórico de los secesionistas es casi una obsesión a veces tan ciega que incluye la recuperación de instituciones medievales de dudosa utilidad y viabilidad. Este es el caso de las llamadas veguerías, una estructura supramunicipal que el Estatuto de Autonomía de 2006 introdujo en su prolijo articulado y que debe sustituir a los consejos comarcales o las diputaciones, la cosa no está muy clara. Nadie ha sabido explicar las ventajas de estos entes y nadie se ha atrevido a crearlos. Entre otras cosas, porque CiU gobierna ahora diputaciones y consejos comarcales que hace seis años estaban en manos socialistas o republicanas.

Balanzas fiscales

Hace seis años también existía déficit fiscal, pero CiU nunca peleó por incluir el concierto económico en el Estatuto, mientras que ahora lograr un pacto fiscal es la única acción de gobierno en la que está entregado el equipo de Mas. Si no hay independencia fiscal, habrá adelanto electoral o referendo. Los convergentes aseguran que el déficit catalán supera los 16.000 millones, mientras que hay quien habla de superávit. Todo depende de los indicadores económicos y las balanzas fiscales que se utilicen.

Los nacionalistas sostienen que tienen detrás a una amplia mayoría social que apoya el pacto fiscal. Las cifras oficiales, las que arrojan las encuestas de la Generalitat, hablan de un 60%, aunque se desconoce si lo que reclaman estos ciudadanos es una mejora de la financiación o un concierto. Otra de las incógnitas es el porcentaje de catalanes que participaría en un referendo sobre el pacto fiscal, dada la experiencia del Estatuto, que fue votado solo por el 49% de la población. De estos, un 74% votó a favor, es decir, que dos de cada tres catalanes no apoyaron el texto.

El Estatuto supuso una experiencia traumática para el nacionalismo. Rebajado en el Congreso y en el Tribunal Constitucional, CiU lo da por superado y va más allá en asuntos como la citada financiación o la lengua. También aquí el Ejecutivo de Mas remite a épocas medievales para hablar de imposición del castellano, aunque hay autores que precisan que la preferencia de ese idioma por parte de la monarquía borbónica se circunscribía a las transacciones comerciales. Más allá de la reinterpretación histórica, el bilingüismo social no tiene una plasmación a nivel administrativo. Ni la tendrá, a pesar de las sentencias judiciales que así lo exigen. Con CiU, no habrá ningún paso atrás en una inmersión lingüística subvencionada que dura ya más de treinta años, pero que no ha impedido que la mitad de los catalanes usen el castellano de forma habitual. Ni las multas por no rotular en catalán ni la ausencia de la casilla de castellano en la preinscripción escolar han hecho retroceder este idioma. O que el 42,4% de los residentes en esta comunidad se sientan tan catalanes como españoles. Una dualidad que los nacionalistas se niegan a admitir, tal como se demostró durante la prohibición de las corridas. La medida, aprobada en julio de 2010, fue secundada principalmente por CiU, ERC e ICV —curiosamente el tripartito que ahora impulsa el pacto fiscal— con argumentos animalistas, en el caso de los ecosocialistas, y de identidad, en el caso de los partidos nacionalistas. Las imágenes del presidente catalán Lluís Companys en la Maestranza de Sevilla torpedeó el frágil discurso soberanista, pero lo que rehundió los atisbos de legitimidad que aún quedaban fue el blindaje de los «correbous» debido al granero de votos que ERC y CiU tienen en las tierras del Ebro.