Del estatuto a la independencia (por Santos Juliá)

Treinta y cinco años han transcurrido desde la histórica Diada de 11 de
septiembre de 1977, la del millón de personas (quizá un cuarto menos) que aquel
día salieron a la calle en clamorosa exigencia de Llibertats, Amnistia, Estatut
d’Autonomía, como rezaba la convocatoria oficial; de autodeterminació,
de independenzia, como se podía leer en otras pancartas. Una
impresionante multitud, enarbolando la bandera cuatribarrada, pero también
infinidad de banderas rojas del PSUC, del PSC, y sindicales, de Comisiones, de
UGT, y alguna de Andalucía, del País Vasco. Al frente, dirigentes de diversas
fuerzas de la oposición política y sindical.

Eran algo más de uno por cada cinco catalanes los que salieron a la calle.
Han pasado 35 años, los 5,5 millones de entonces son ahora 7,5, dos millones
más. Los que han salido a la calle habrán sobrepasado el millón (quizá también
un cuarto menos de lo que dicen). Lo que ha cambiado de verdad no es el número,
impresionante en las dos ocasiones; son las consignas, las pancartas, las
banderas: llibertat de entonces es freedom ahora; de la
amnistía mejor olvidarse; estatuto es independencia; las banderas cuatribarradas
se pierden entre las esteladas y las rojas han desaparecido: de estas
no queda ni una. Y en la cabecera, nadie de la oposición, todos del poder o de
sus aledaños.

¿Qué ha pasado? Como estamos en tiempos de arbitrismos, no faltan quienes
buscan la razón de este cambio en algo mal hecho hace 35 años, como respuesta a
la demanda catalana. Es el mito del reparto del café como origen de los males
del Estado español, una y otra vez repetido, sin caer en la cuenta de que
Consell y Assemblea de Catalunya y Coordinación Democrática se comprometieron el
26 de mayo de 1976 —en un nuevo Pacto de San Sebastián, aunque por escrito— “a
apoyar para las restantes nacionalidades y regiones del Estado español el
derecho al reconocimiento de su personalidad y de los correspondientes derechos
políticos”. O sea, que la generalización de las autonomías fue un acuerdo
firmado por toda la oposición dos años y medio antes de promulgarse la
Constitución.

Mejor, pues, buscar la explicación en otra parte. Una pista la da el color
que domina la manifestación: no hay banderas rojas, el PSUC ha desaparecido y el
PSC anda como el artista bajo la carpa, perplejo. Con ellos, desaparece de la
calle una parte sustancial del pacto de 1976 y la fórmula que sostenía el
acuerdo entre catalanes y de Cataluña con el Estado: la Constitución que, con
los estatutos, recogió aquellos acuerdos. Hoy nadie da un duro por los estatutos
y mentar al Estado de las autonomías como un logro suscita cachondeo. Lo peor es
que con el desastroso resultado de la última reforma estatutaria se perdió la
oportunidad de lo que en verdad importaba: la reforma constitucional en
dirección federal, anunciada en 2004.

Un pacto fiscal, demanda ahora el presidente de la Generalitat, y si no,
freedom, que es como llama a la independencia cuando se dirige a Europa
desde la esclavitud española. ¿Un pacto fiscal? ¿Y por qué no? Aunque con una
condición: que el pacto incluya responsabilidad recaudatoria. Lo que la
experiencia de los últimos años nos ha enseñado es que nula responsabilidad en
ingresos y toda (o casi) autonomía en gasto no es, por decirlo suavemente, la
mejor de las fórmulas posibles. Y como en cuestiones de gasto funcionamos ya
como un Estado federal, ¿por qué no también en cuestiones de ingresos? Que la
Generalitat catalana recaude, como tendría que haber recaudado el Gobierno
vasco, una parte sustancial de los impuestos que hoy ingresa el Estado:
habríamos desembocado en un Estado federal por el tortuoso camino del Estado
autonómico.

Y si esto no es posible, habrá que ir pensando en plantear de verdad, no solo
en la calle, sino en los programas de los partidos, la cuestión del referéndum
por la independencia. En tal caso, quizá convenga, para restar un gramo de
dramatismo al asunto, esperar un poco, tres, cuatro años, hasta que la gran
medicina que catalanes y madrileños han decidido administrarse para salir de la
crisis deje sentir sus efectos. Porque no más lleguen los miles de millones
destinados a construir grandes casinos, grandes hoteles, grandes superficies de
ocio a un tiro de piedra de Madrid y Barcelona, se aclararán las mentes, se
rebajará el cabreo y todos saludaremos la independencia de Cataluña o, en su
caso, su permanencia en un Estado federal, con mejor humor y más claro
entendimiento.