El 77% comparte los motivos del 25-S (por Fernando Garea)

La protesta del 25-S era solo la espuma de un mar de fondo de malestar que ha
calado entre los ciudadanos, aunque el presidente del Gobierno se apunte a su
favor a los silentes.

Mariano Rajoy alabó la pasada semana a “la mayoría de españoles
que no se manifiestan, que no salen en las portadas de la prensa y que no
abren los telediarios” y la contrapuso al 25-S o a cualquier otra muestra de
descontento ciudadano en las calles. Daba a entender que las protestas son
minoritarias. Sin embargo, es mayoritario el número de ciudadanos que están
indignados aunque se mantengan aún silentes. En la Plaza de Neptuno solo
estuvieron varios miles de ciudadanos, pero hay un caldo de cultivo evidente
para lo que se ha dado en llamar el otoño caliente.

Hasta un 77%, tres de cada cuatro ciudadanos, comparte los argumentos de los
manifestantes del 25-S en las proximidades del Congreso, según la encuesta de
Metroscopia para EL PAÍS.

La mitad de los encuestados asegura compartir los argumentos de la
convocatoria y también las manifestaciones, lo que no coincide con la valoración
del presidente del Gobierno en la que daba a entender que la mayoría la forman
los españoles que se quedan en casa porque apoyan al Ejecutivo. Hay otro 27% que
está en sintonía con los motivos de la protesta, aunque no con que se celebrara
esa manifestación, en las proximidades del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha pretendido identificar la protesta con la intentona golpista del 23-F,
con un acto de radicales violentos y con actitudes que tenían que ver con
delitos contra las instituciones del Estado. Para eso aprovechó que la
manifestación carecía de una organización estructurada y que tenía un programa
de máximos que incluía reivindicaciones imposibles como la dimisión del Gobierno
y hasta la apertura de un proceso constituyente. Sin embargo, solo un 17% dice
no compartir los argumentos de la protesta, porque los ciudadanos deducen que se
trataba de mostrar el malestar por la crisis económica y política.
Significativamente, hasta un 61% de los votantes del PP, es decir, seis de cada
diez, comparte los motivos, lo que refleja que el pesimismo, la desilusión y el
malestar llegan incluso a quienes apoyaron a Rajoy hace 11 meses.

La comprensión hacia la protesta hace que cale la idea de que la actuación policial ese día fue excesiva. Esta tesis la apoya
el 57% de los encuestados, frente al 32% que dice que fue adecuada y el 5% que
hubiera estado a favor de mayor dureza contra los concentrados. El mensaje del
Gobierno apoyando la actuación policial y tachando de violenta la protesta no ha
prendido.

En este apartado, hay discrepancias notables entre los votantes populares y
los socialistas: entre los que apoyaron al PP son mayoría quienes ven adecuada
la conducta de los policías (66%) y, entre los segundos, quienes creen que se
excedieron (80%). De esa manifestación y los posteriores incidentes, hubo una
secuela en forma de propuesta de restringir el número de manifestaciones. O, más
concretamente de “modular” el derecho de manifestación, según el verbo
utilizado por la agitadora de la polémica, la omnipresente delegada del Gobierno
en Madrid, Cristina Cifuentes.

La política del PP pretendía subirse a una ola de supuesto malestar ciudadano
frente a la avalancha de protestas que supuestamente colapsan la capital. Sin embargo,
esa sensación no es mayoritaria porque solo el 22% considera que el número de
protestas es excesivo. El 50% entiende que es el adecuado y un 22% asegura que
es insuficiente, es decir, que debería haber más protestas en las calles.
Obviamente, la encuesta se ha hecho en toda España y no solo en la capital que
es donde, según Cifuentes, la abundancia de manifestaciones incómoda a los
ciudadanos.

En todo caso, los ciudadanos vinculan las protestas a la situación de crisis
y a los recortes y auguran que las manifestaciones no han hecho más que empezar.
Un 91% de los encuestados asegura que en breve habrá manifestaciones masivas
frecuentes y un 79% ve próximas protestas ciudadanas violentas.

Hoy mismo hay una manifestación en Madrid convocada por el Foro Social que
agrupa a sindicatos y asociaciones y el secretario general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, hizo ayer un llamamiento a sus militantes a sumarse a las protestas contra los
Presupuestos.

Las otras consecuencias en las calles de la recesión y las dificultades de
los ciudadanos serán, según el sondeo, mayor inseguridad ciudadana (84%),
asaltos a comercios (64%) y boicots a bancos (61%). Un panorama muy negro acorde
con el sentimiento de pesimismo que domina casi todas las respuestas de la
encuesta. Por ejemplo, un 86% asegura que la situación política es mala o muy
mala y un 46% culpa de los líderes políticos.

El malestar no solo toma la forma de disposición a salir a la calle y en
rechazo a los políticos, sino también en una crítica a las instituciones y al
marco legal. La Constitución, el referente del actual sistema democrático, sufre
el desgaste por ese rechazo y aumenta notablemente el porcentaje de españoles
que desean modificaciones en profundidad. Hace dos años, predominaban de forma
clara (58% frente a 37%) quienes pensaban que solo precisaba retoques parciales,
ahora los porcentajes se han invertido. Un 49% pide reformas y cambios
profundos, mientras que el 44% se queda en los retoques parciales. Sumando ambos
porcentajes, la conclusión es que hasta el 93% de españoles está a favor de
modificar, en distinto grado, la Constitución, y solo un 7% está satisfecho.
Mientras, los dos principales partidos han mantenido bloqueadas hasta este
momento todas las reformas. La única excepción fue la reforma hace poco más de un año para incluir la llamada regla
de oro contra el déficit, que se hizo en tiempo récord. Hubo acuerdo entre
PSOE y PP para el cambio constitucional urgente porque fue impuesto por la
UE.

El PSOE ahora ha empezado a promover una reforma constitucional en
profundidad, que requeriría la celebración de un referéndum y que llevaría a convertir el Estado autonómico en un Estado federal. El PP se
opone pero, significativamente, no hay casi diferencias entre los votantes de
los dos partidos al defender la necesidad de cambiar la Constitución.

La desazón de los ciudadanos hace que se añoren los tiempos de los pactos y
los consensos de la Transición. Ese periodo de la historia reciente, del que es
heredero el actual sistema democrático, sigue situado en el ideario de los
españoles, como ejemplo para afrontar los momentos de dificultad. Un 73% asegura
que ese periodo debe ser motivo de orgullo y solo un 18% lo rechaza. Ese tiempo
de pactos y consensos se contrapone con el actual en el que lo extraño y
llamativo es el acuerdo. La rareza en este momento es la foto del comunicado
conjunto de la Conferencia de Presidentes celebrada esta semana en el Senado.
El consenso es más añorado por los votantes del PP que por los del PSOE. El 78%
asegura que en la Transición los partidos anteponían el interés general a sus
propias estrategias del corto plazo. El 90% de los españoles considera que se ha
abandonado ese espíritu. Ese porcentaje era doce puntos más bajo hace dos años,
cuando había un Gobierno en minoría obligado a pactar cada una de sus
decisiones, mientras que ahora hay un Ejecutivo con mayoría absoluta y en
disposición de sacar adelante todas sus iniciativas. En la mayoría de los casos
lo hace con decretos que ni siquiera requieren una larga tramitación
parlamentaria. Ese 90% entiende que los partidos solo piensan en sus exclusivos
intereses y no en lo que sea más conveniente para la sociedad en su
conjunto.

La pulsión de cambio institucional alcanza al modelo de Estado, en el momento
en el que un partido (PSOE) ha modificado su estrategia para pedir el avance hacia un Estado federal y otro (CiU) promueve una
consulta de autodeterminación en Cataluña.

Según el sondeo, solo un 26% defiende el mantenimiento del actual estado de
las autonomías. Este porcentaje es el más bajo de toda la serie histórica de
encuestas de Metroscopia. El efecto, no obstante, es centrípeto y la opción más
apoyada es la de ir hacia un Estado centralista. La opción del Estado federal
solo la apoya el 19% de los encuestados.