Crisis de confianza

El profundo malestar social incubado durante la crisis económica está
derivando en un problema de confianza en el sistema político. Desvanecida la
esperanza de que los recortes presupuestarios del Gobierno permitan enderezar el
estado de la economía, se ha instalado la idea del agravio comparativo en el
reparto de las cargas. Nueve ciudadanos de cada 10 están de acuerdo en que la
crisis la pagan todos, menos los bancos y los más ricos, según el barómetro de
Metroscopia publicado por EL PAÍS.

El temor al empobrecimiento y la debilidad de la política dan paso a graves
premoniciones: de no mejorar la situación, la mayoría de encuestados considera
probable que se hagan más frecuentes las manifestaciones masivas (91%), aumente
la inseguridad ciudadana (84%), se produzcan protestas violentas (79%), asaltos
a comercios (64%) o boicoteos a bancos (61%). Y aunque la mayoría cree en la
ley, tres de cada 10 personas ya no lo ven como la barrera ante la que siempre
hay que detenerse.

En consonancia con este estado de opinión, los dos principales partidos del
arco parlamentario acusan un gravísimo desgaste. El PP pierde 14,7 puntos
respecto de las legislativas de 2011 y experimenta una brusca caída en la
fidelidad de sus votantes. Si hace un año el 90% de quien le habían votado
declaraba que repetiría, ahora solo lo haría el 51%. El PSOE, mientras tanto,
sigue hundiéndose: con 4,5 puntos menos que en las últimas legislativas,
obtendría ahora el peor resultado de su historia y lo que es peor, solo el 41%
de quienes le votaron dice estar dispuesto a hacerlo de nuevo.

Que el 77% de los ciudadanos comparta los argumentos de los que se
manifestaron en las cercanías del Congreso de los Diputados no implica una
voluntad masiva de ocupar las calles, pero tampoco desautoriza a los que lo
hacen. Queda claro que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cometió otro
error al suponer que la “mayoría silenciosa” está en contra de las
manifestaciones del 25-S o que las críticas al Ejecutivo son minoritarias. El
Gobierno, que ha esgrimido la defensa del Congreso para justificar la actuación
policial en el 25-S, continúa ninguneando al Parlamento cuando abusa de la
técnica del decreto ley y usa su mayoría absoluta para evitar las comparecencias
del jefe del Ejecutivo o hurtar debates importantes a la Cámara.

Esas prácticas traban el buen funcionamiento de la democracia parlamentaria
en beneficio de un presidencialismo del que no se ven los frutos, y atacan un
principio básico: la calle no puede sustituir a las instituciones. Los
españoles, a los que ya no da miedo reformar la Constitución, lamentan que los
principales partidos no quieran volver al método basado en el pacto y la
transacción propio del periodo de la Transición. La situación lo exige. El
entendimiento y la búsqueda consensuada de soluciones es la única esperanza que
le queda a la mayoría silenciosa para encontrar una salida del túnel y repartir
más equitativamente las cargas, precisamente la vía no ensayada durante la
crisis.