Decía, el gran patricio y cónsul romano, Marco Tulio Cicerón, en su "De la naturaleza de los dioses", refiriéndose a la malicia humana, lo siguiente: "Si los dioses dieron a los hombres la razón, hemos de creer que también le dieron la malicia, que no es otra cosa que una astuta y falaz razón para hacer daño".
Y es que, si hay algo más desagradable, más inconfesable y menos digno en este mundo de pecadores es, sin duda, como ocurrió en el caso de Brutus el asesino de César, el ser desagradecido, el morder la mano de quien te da alimento o el devolver mal por bien; que todo ello se puede hallar en estos políticos catalanes, incapaces de actuar con corrección, señorío y honestidad, empecinados en no dejar brecha alguna por la que la comprensión, el sentido común y la distensión pudieran colarse, en aras a una solución no traumática de este problema endémico, presentado por los independentistas; originado por un arranque improvisado de don Artur Mas que, agobiado por la situación económica de Cataluña, obligado a soportar un paro superior a 600.000 trabajadores ( uno de los mayores de España después del de Andalucía) y debiendo hacer frente a un endeudamiento heredado, eso sí, del Tripartit, por un importe aproximado a los 43.000 millones de euros; apeló al viejo truco de desviar la atención del verdadero problema de falta de liquidez del ejecutivo catalán, para hacer frente a sus deudas, sacando a relucir el tema del independentismo, tocando con ello la fibra sensible del pueblo catalán, dando las culpas de todos los problemas de esta autonomía al tópico de la "explotación" de Catalunya por Madrid y a la falacia de que, los catalanes, son los que más aportan al Estado y los que menos reciben de él. ¡Pero pidiendo árnica a Madrid!
Y ya que el señor Homs, portavoz del gobierno autonómico catalán, confunde firmeza democrática y respeto por la Constitución española que, por cierto, fue votada por una gran mayoría del pueblo catalán; cuando el señor Rajoy, en uno de sus raros actos valentía política, ha dejado clara la postura del Gobierno de la nación respecto a los intentos de eludir la Carta Magna por parte de la Generalitat y los partidos independentistas que hacen piña con ella, para intentar conseguir, por cualquier medio, la separación de la comunidad autónoma catalana del resto de la España constitucional ; al tildar las palabras del Presidente del gobierno –que calificó el intento separatista del gobierno catalán de ser un " disparate colosal" –, de una "falta de respeto a los catalanes". ¡Siempre el victimismo para engañar a los catalanes!
No estaría de más puntualizar, a este señor tan remilgado, que la verdadera falta de respeto, lo que constituye una amenaza directa al orden constitucional y una de las mayores sandeces que se puedan escuchar de boca de un político; ha sido que, una reafirmación del Estado de Derecho, una apelación directa a que se cumpla la Constitución de 1.978, que todos nos dimos, y una invitación a olvidarnos de temas utópicos para trabajar juntos para intentar sacar al país de esta trampa en la que lo dejaron algunos que ahora critican al Gobierno; se pueda considerar, ni remotamente, una falta de respeto a nadie, sino el ejercicio legítimo de sus competencias de un Presidente del gobierno español, con el que se responde a un desafío temerario contra la legislación española por parte de quienes quieren trastocar la integridad de nuestra nación ( con alevosía y en cuadrilla) siguiendo en su costumbre de incumplir, repetidamente, las normas constitucionales, de manera descarada y dando publicidad a su desafío abierto a España y a los españoles, para llamar la atención de Europa.
De lo que se podría hablar, de aquello que debiéramos enjuiciar y ponerle remedio, antes de que se convierta en un tema irreversible; es de sentarles las costuras a vascos y catalanes levantiscos y rebeldes que se niegan a acatar las normas de convivencia y solidaridad que justifican un gobierno democrático. Empezaron por ser grupos marginales y, gracias a las transferencias en educación y a las concesiones que se les han venido haciendo, fruto de sus chantajes para vender sus apoyos al gobierno de turno; han convertido en verdaderos focos de deslealtad a España aquellas facultades que, graciosamente, se les concedieran, en beneficio de un mejor funcionamiento del sistema administrativo. Nunca, ningún ejecutivo español y menos el TC, debieron permitir que pudieran convertirse en instrumentos de sedición y revuelta; sin atajarlo cuando empezaron a dar muestras de sus verdaderas intenciones.
El soportar que señores como Homs o el representante de ERC en el Parlamento español, señor Bosch ( ¿qué pintan estos individuos, que reniegan de España, en el órgano máximo de representatividad de los españoles?), se revuelvan, como serpiente a la que le pisan la cola, a la menor observación que se les hace; señores que piden y reciben los millones que les da el Estado para que puedan pagar sus devaneos de las anteriores legislaturas, sus utopías de creerse una nación independiente, gastando miles de millones en crear embajadas en otros países; en viajes de comisiones multitudinarias y en subvencionar con generosas cantidades a todos aquellos que, de una manera u otra, querían hacer primar la lengua catalana para erradicar la española, como punto de arranque para iniciar su carrera hacia la independencia que, aunque lo nieguen, ponen en práctica usando las ayudas del Estado español, para subvencionar, como hacen los vascos con el euskera en sus ikastolas, las escuelas integrales catalanas en las que no se enseña en otro idioma que no sea el catalán.
La última de las hazañas del Gobern catalán, en pleno rifirrafe con el Gobierno central, ha sido liarse la manta a la cabeza y prohibir que se utilice el castellano en los cursos de formación para el empleo. Se ha establecido, como requisito indispensable para recibir las subvenciones. que, ¡pásmense ustedes, se nutren de las aportaciones procedentes del Ministerio de Trabajo! Una discriminación inaceptable, ya que muchos de los parados conservan como idioma familiar el castellano y desconocen, al menos en lo que debería ser necesario para un nivel cognitivo e interpretativo mínimo para poder sacar fruto de la enseñanza. Una violación flagrante de la propia Ley 1/1998 de Política Lingüística, aprobada por la Generalitat, que se limita a condicionar estas ayudas a las empresas perceptoras a que dispongan de "rótulos" y "folletos informativos" "al menos en lengua catalana". Por si faltara algún argumento contra esta cacicada de la Generalitat, la ley que regula el funcionamiento del Servicio de Empleo de Catalunya, dispone como principio rector: "la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo, sin discriminación por razón de sexo, etnia, edad, estado civil, adscripción política, afiliación sindical, religión, origen, opinión, lengua o cualesquiera otras condiciones o circunstancias personales o sociales". Y, a pesar de todo ello, el gobierno de la Generalitat haciendo caso omiso, como es su costumbre, de aquellas disposiciones que prefiere ignorar, no tiene empacho alguno en imponer unas condiciones que se salen de sus facultades normativas.
¿Quién del ministerio de Trabajo se ocupa de que estas infracciones no tengan lugar? O ¿qué organismo del ministerio de Justicia se encarga de que aquellas disposiciones emanadas del Parlament catalán, que violen la Constitución o la normativa española, sean impugnadas, sancionando a los responsables del desaguisado? Al parecer, nadie se atreve a hacerlo y así, señores, a nadie puede extrañar que, unos pocos, tengan en jaque a todos los españoles y la misma España. O esta es, señores, mi apreciación sobre este tema.
Miguel Massanet Bosch