- Soledad Becerril “recomienda” al Gobierno que compense a los funcionarios y rebaje los requisitos para el desempleo
ANABEL DÍEZ | CORRESPONSAL POLÍTICA (Publicado en El País, aquí)
Soledad Becerril preside una reunión con
asociaciones de empleados públicos. / J.J.Guillen (EFE)
Los sindicatos, plataformas y grupos de la izquierda se quejan de que la
Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, no haya recurrido ante el Tribunal
Constitucional los decretos más duros del Gobierno pero reconocen el nuevo
estilo, cual es no limitarse a rechazar la petición. En efecto, la Defensora no va
a recurrir el decreto de supresión de la paga extraordinaria de Navidad para
funcionarios y empleados públicos, y el resto de medidas, pero ha elaborado un
escrito al Gobierno en el que le hace una serie de recomendaciones para suavizar
sus efectos, además de llamar la atención al Ejecutivo sobre “el uso inmoderado”
de la fórmula del decreto. En lo que va de año, el Gobierno ha promulgado 26
decretos leyes, frente a siete leyes; es decir, las tramitadas por el
Parlamento.
En los dos meses que la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, lleva al
frente de la institución, ha tenido que hacer frente a los efectos
de la crisis económica y a las demandas de los sindicatos y los partidos de
la izquierda parlamentaria. Los aspectos económicos de las quejas están bajo la
jurisdicción del adjunto primero, Francisco Fernández Marugán, exdiputado
socialista durante muchos años, siempre al frente de las áreas de economía y
presupuestaria, que ha estudiado los decretos gubernamentales en los que piden
que se intervenga. “La tradición del Defensor del Pueblo es no presentar
recursos ante el Tribunal Constitucional cuando otros actores lo piden”, dicen
fuentes de la institución. Ahora bien, Becerril no quiere limitarse a rechazar
las peticiones, sin más, sino que pretende “modular” aspectos que considera
mejorables.
Así pide al Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, que pague a los funcionarios la parte de la paga de Navidad que
correspondería al tiempo anterior a la promulgación del decreto, ya que es un
derecho por el tiempo trabajado. El decreto se publicó el 15 de julio pasado,
por lo que los funcionarios deberían recibir el equivalente a medio año de
trabajo realizado. Más concreción pide la Defensora del Pueblo sobre cómo se
compensará a los funcionarios de la paga que no van a recibir. La norma se
refiere exclusivamente al ingreso de las cantidades que ahora no van a recibir
en los planes de pensiones de los empleados públicos, pero la Defensora recuerda
que no todos los funcionarios tienen ese producto bancario.
Muchas quejas han llegado a la institución sobre el endurecimiento de las
condiciones para recibir la prestación de desempleo, además de la
facilitad para perderla. Por ejemplo, una salida al extranjero lleva aparejada
la pérdida de la prestación. Aunque hay seis supuestos en los que se permite
viajar al extranjero, Becerril pide una mayor concreción sobre las
circunstancias y los tiempos de permanencia fuera de España.
Este decreto, no obstante, está recurrido por el Parlamento de Navarra, al
igual que la Reforma Laboral ha llegado también al alto Tribunal con las
firmas de los diputados del PSOE y de Izquierda Unida. Aún así, en la oficina
del Defensor del Pueblo se tienen serias dudas sobre la posibilidad de que
prosperen los recursos contra la subida del IVA o incluso la supresión de la
paga de Navidad de forma temporal. “Desde una perspectiva económica la subida
del IVA puede tener efectos negativos perniciosos para el consumo pero eso no
quiere decir que sea inconstitucional”, señalan en fuentes de la institución.
Las dudas también afectan a la paga de los funcionarios. Si la supresión fuera
definitiva, sí podría darse un caso de inconstitucionalidad, pero el Gobierno
señala que cuando las circunstancias lo permitan se reintegrará la parte no
entregada. Otra cosa es que haya muchas dudas sobre cuándo los funcionarios
recuperarán la paga perdida.