"La gente termina siempre por condenar a los que acusa" (Honoré de Balzac)
En este martirizado país en el que vivimos, entre los muchos malos vicios que se van poniendo de moda entre la ciudadanía, es evidente que uno de los que más debiera preocuparnos es el de convertirnos en sustitutos de aquellos que tienen por misión la promulgación de las leyes; los que tienen el encargo de administrarlas y aplicarlas y aquellos funcionarios a los que les compete hacer que se cumplan las resoluciones de los tribunales de Justicia. Se ha convertido en un lugar común, principalmente entre aquellos que se suelen regir más por sus propios sentimientos, ideas o prejuicios, el pretender imponer sus propios criterios, buscar la complicidad de aquellos con los que los comparten e intentar sustituir, condicionar o presionar a aquellas instituciones encargadas de administrar Justicia en cuanto al sentido de sus autos, resoluciones o sentencias, cuando no se ajustan a lo que ellos estiman que debieran haber sido.
Son ya demasiados los casos en los que, determinados grupos de ciudadanos, intentan hacer valer la algarada, la protesta callejera, las ocupaciones o las amenazas, para que se rectifiquen, se dejen de aplicar o se dar marcha atrás, cuando una sentencia, u otro tipo de resolución judicial o administrativa no les parece bien, la consideran contraria a lo que ellos entienden por justo o están en desacuerdo con que aquella ley se aplique en contra de lo que sus propios ideales o su disconformidad con las leyes que rigen la sociedad, por considerar que cada uno es libre de hacer lo que le venga en gana. Este rechazo implica una interferencia en la administración de la Justicia; un freno al cumplimiento, en sus propios términos y plazos, de las resoluciones judiciales y un obstáculo para que, por motivos no siempre justificables, aquellos en cuyo favor se han dictado los fallos, no puedan beneficiarse de la Justicia que solicitaron. La calle nunca puede sustituir un procedimiento judicial; las algaradas, amenazas y manifestaciones ciudadanas nunca pueden sustituir a las urnas que fueron las que dejaron paso a un modelo de gobierno ni las prensa, las TV o las radios pueden pretender erigirse, a su vez, en delatores, acusadores y jueces de aquellos a los que han decidido imputarles un delito o cualquier otra presunción basada en meras conjeturas que pudieren perjudicarles o causarles indefensión.
Lo cierto es que, con todas estas prácticas dilatorias, obstruccionistas o de carácter político, se están poniendo en tela de juicio algunos principios jurídicos que vienen protegiendo a los ciudadanos de que cualquiera pueda lanzar acusaciones contra ellos sin tener la obligación de aportar las pruebas y las evidencias que den pábulo a la denuncia que se ha formulado. Durante estos días estamos asistiendo a una verdadera demostración de en qué se ha convertido la concepción de cómo de sebe actuar, de las precauciones que se han de tomar, de las pruebas y evidencias que hay que constar y de la prudencia con la que hay que tratar un tema que pueda perjudicar a una persona o grupo de personas. La necesidad de los medios divulgativos de obtener noticias que alimenten el sensacionalismo y exciten los más bajos instintos y el morbo de las personas; les hacen precipitarse en sus informaciones, adelantarse, si pueden, en desvelar secretos ocultos y poner en cuestión la honra de las personas, sin que les importe un bledo que sean o no culpables de aquello de que se les acusa.
"La carga de la prueba corresponde al que acusa" es lo que establece la legislación y en este sentido es interesante conocer la opinión de Devis que afirma que la carga de la prueba: "es una noción procesal que contiene la regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables" En todo caso, es evidente que solo una sentencia emitida por un juez puede variar ese estado de inocencia y declarar al acusado como culpable de los delitos imputados. Hasta que dicha resolución no se expida, la persona se encuentra investida de una seguridad jurídica que permite que su condición de inocente no sea derribada. Queda claro que, en nuestro país, esta presunción de inocencia y la necesidad ineludible de que, quien atenta contra la honra de una persona debe probar lo que dice.
No obstante, el simple hecho de que un medio de prensa difunda las sospechas o los rumores que puedan ensombrecer el buen nombre del aludido, ya entraña de por sí una condena previa para la víctima, incluso antes de ser sometida a juicio o de que los jueces puedan decidir sobre su culpabilidad o inocencia; algo que se suele producir un par de años después de que la insidia sea lanzada. Si resulta inocente ya nadie le va a quitar nunca de encima el San Benito de la opinión pública que, normalmente, se toma las noticias de periódicos, radios y TV como palabra de Papa. Pero quisiera hacer una precisión sobre algunas conductas que parece que se están dando con demasiado frecuencia, de algunas familias, legítimamente abrumadas por el asesinato de alguno de sus familiares más íntimos que parece que, por costumbre, difieren de las sentencias de los tribunales; insisten, desde las tribunas mediáticas que los medios de comunicación les ofrecen, en expresar sus opiniones; se resisten a aceptar la realidad y la limitación de las disponibilidades de los medios policiales y en poner en cuestión la acción de la Justicia, porque no siempre logra conseguir sus objetivos.
Hay algunos que pretenden cambiar las leyes, restar medios de defensa a los imputados, agravar las penas, exigir pesquisas más allá de lo que aconseja la economía procesal y el mismo sentido común y convertir su caso, todo lo lamentable que se quiera, en un maratón judicial, distrayendo medios materiales y retrasando otros juicios en su empeño de resolver, a su gusto, algo que, desgraciadamente, no tiene solución. Y, seguramente, a la vista de algunos casos que conocemos, se tiene la impresión de que, en estas familias que "no se rinden", que quieren continuar "la lucha" y hacer que la justicia se ponga a su servicio, puede existir una cierta acomodación a una situación que los coloca en boca de todos, que acarrea una cierta popularidad y, por qué no decirlo, que permiten unos ciertos ingresos extras a los que, a veces, se niegan a renunciar. Porque ¿es realmente compatible toda esta parafernalia alrededor de ciertos crímenes, con lo que debiera ser intentar recobrar la normalidad, volver al trabajo habitual y procurar recomenzar la vida; regresando a la cordura y aceptando lo irremediable con la resignación con la que se debe tomar lo que no tiene remedio?
Es obvio que nuestro sistema de Administración de Justicia precisa de una revisión a fondo; debe despolitizarse y dejar de depender del Ejecutivo y el Legislativo; se debe dotar de los medios adecuados y dedicarse exclusivamente a su trabajo de hacer cumplir las leyes alejado, como debería ser, de toda tentación de aplicar determinadas ideologías que pudieran dar lugar a resoluciones no ajustadas a derecho. Mucho nos tememos que, en España, debido a una falsa interpretación de las competencias que le corresponden a cada institución, el famoso Estado de Derecho esté empezando a desmoronarse. O así lo veo yo, señores, desde la mirilla de observador de la sociedad.
Miguel Massanet Bosch