El envejecimiento de la población y la caída de las cotizaciones obligan a reformar el sistema público de forma urgente. Ni el crecimiento esperado ni el aumento de la productividad garantizan su sostenibilidad
EVA VÁZQUEZ
Muchos ciudadanos están hoy preocupados por el futuro de sus pensiones por dos
razones: a medio plazo, por la caída creciente del número de cotizantes y el
aumento del número de beneficiarios. Por un lado, el número de afiliados a la
Seguridad Social alcanzó su máximo histórico en 2007, con 19,4 millones cayendo
en 2012 a 16,1 millones, una caída de 3,3 millones en cinco años. Por otro, a
finales de 2012, la tasa de los beneficiarios de prestaciones de desempleo
alcanzó 2,8 millones, de los que 1,3 millones recibían una prestación
contributiva, 1,1 millones un subsidio de desempleo y 0,4 millones una renta
activa de reinserción de 426 euros. En 2012, el número de cotizantes en
proporción del número de pensiones que se han abonado (y no de pensionistas, ya
que hay un millón de beneficiarios que cobran más de una pensión) era 1,9.
A largo plazo, la preocupación nace por el envejecimiento creciente de la
población y por el menor tamaño de las cohortes jóvenes que tendrán que pagar
las pensiones de las familias numerosas que ahora se jubilan. Según las
recientes proyecciones de la población del INE 2012-2052, la esperanza de vida
al nacer pasará de 79,1 años en 2011 a 86,9 años en 2051 y la esperanza de vida
a los 65 años pasará de 18,4 a 24 años (89) para los varones y de 22,3 a 27,3
para las mujeres (92,3). Los nacimientos serán menores que las defunciones a
partir de 2022, con lo que la población total caerá 3,5 millones en 2051.
Finalmente, en 2051, el número de personas en edad de trabajar (16-64 años)
igualará el número de personas inactivas, es decir, de más de 64 o menos de 16
años, luego la tasa de dependencia será 100%, cuando en 2012 ha sido 50,4%.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que el INE estima que en dicho periodo no
habrá inmigración neta, lo que es muy discutible.
¿Cuáles son los problemas detectados por los expertos en pensiones?
Primero. Tanto José Ignacio Conde-Ruiz y Clara González (2011) como Ángel de
la Fuente y Rafael Doménech (2012) estiman que la Ley de Reforma de las
Pensiones de 2011 solo reduce en un tercio el aumento previsto del gasto en
pensiones hasta 2050 que pasaría del 9% del PIB en 2010 al 18% en 2050. José
Antonio Herce (2010) recuerda que la edad de jubilación a los 65 años fue
introducida en España en 1919, cuando el 90% de la población no llegaba a
cumplirlos y 81 años más tarde, el 90% de la población supera dicha edad. Por
ello, estos expertos demandan una profundización de la reforma actual y un
adelantamiento urgentemente de la entrada en vigor de su “factor de
sostenibilidad” que dicha reforma incorpora en 2027.
El déficit en pensiones previsto para 2025 (el 1% del PIB)
ha sido alcanzado ya en 2012, 13 años antes
Segundo. Sergi Jiménez (2013) acaba de estimar que el déficit de pensiones
previsto para 2025 (1% del PIB) ha sido alcanzado ya en 2012, 13 años antes y
Conde-Ruiz (2013) acaba de calcular que la proporción de entre afiliados al
sistema, no desempleados, y pensionistas ha caído hasta 1,96 en 2012, haciendo
imposible volver al 2,5 de 2007, cuando trabajaban 2 millones de personas en la
construcción y el envejecimiento no estaba tan avanzado. En 2012, el gasto en
pensiones alcanzó ya el 10% del PIB, una subida de un punto porcentual en dos
años, subiendo los pensionistas un 4% y cayendo los cotizantes un 3%.
Tercero. El crecimiento de la productividad por persona empleada es muy
importante para la sostenibilidad del sistema, pero ocurre que sus incrementos
suelen terminar trasladándose a los salarios y por tanto a las pensiones, que
dependen de los salarios durante toda la vida laboral, como ya mostraron
Conde-Ruiz y Javier Alonso (2006) cuando estimaban que el gasto en pensiones en
relación al PIB variaría poco con el crecimiento de la productividad, incluso
reduciendo la indexación de salarios a pensiones y por tanto la generosidad del
sistema.
Cuarto. Aunque la productividad por persona empleada crezca mucho, el PIB en
2050 será menor del esperado. Michele Boldrin y Sergi Jiménez (2010) han
mostrado que el tamaño de las nuevas cohortes será inferior al actual, dada la
caída de la tasa de fecundidad. Bajo un supuesto muy optimista, en que la
productividad del trabajo crezca al 1,5% anual (cuando ha crecido 0,8% en los
últimos 20 años) y la tasa de empleo suba al 70% de la población en edad de
trabajar (cuando ha sido el 44,6%, en 2012), calculan que el PIB resultante
sería solo 1,8 veces el de 2010.
Si la productividad creciese al 1% anual, el PIB sería 1,5 veces el PIB
actual y si la productividad creciese al 0,8% anual y la tasa de empleo fuese
del 60%, el PIB en 2050 solo sería 1,1 veces el de 2010. En dicho periodo, el
gasto en pensiones se duplicará con toda seguridad, ya que todos los que serán
pensionistas en 2050 han nacido ya y los mayores de 65 años alcanzarán 15,6
millones.
Quinto. El “factor de estabilidad” de la actual ley está previsto que se
incorpore en 2027, estableciendo que, cada cinco años, los parámetros se
revisarán según la esperanza de vida media a los 67. Pero las proyecciones del
INE estiman que ya en 2032 la tasa de dependencia alcanzaría 67,8%, al ser un
45,2% del total mayor de 64 años y un 22,6% menor de 16, con casi 7 personas
inactivas por cada 10 en edad de trabajar.
¿Qué medidas podrían hacer viable y predecible el sistema de pensiones?
Primero. J. E. Devesa, M. Devesa, Domínguez, Encinas, Meneu y Nagore (2012)
estiman que la solución a este problema es muy difícil, ya que, según el
parámetro que se ajuste, el riesgo recae sobre un determinado colectivo. Si se
ajustan los años cotizados o la edad de jubilación, recae sobre los nuevos
pensionistas; si se ajusta la revalorización, sobre los pensionistas existentes
y si se sube el tipo de cotización, sobre los cotizantes. Calculan que para
lograr un equilibrio financiero en 2045, sería necesario o un aumento progresivo
de la edad de jubilación hasta los 70 años en 2047, o un incremento de los años
cotizados hasta 42,5 o una reducción de la pensión inicial del 21%.
Segundo. Javier Díaz Jiménez y Julián Díaz Saavedra (2011), tras un
sofisticado cálculo sobre cómo hacer sostenible el sistema de reparto actual,
muestran que es preferible retrasar la edad de jubilación que aumentar los
impuestos sobre el trabajo. Estiman que si, en 2010, se hubiese retrasado la
edad de prejubilación de 60 a 63 años y la de jubilación de 65 a 68 años, el
sistema hubiera sido sostenible hasta 2061 y hubiese habido mejora del bienestar
desde 2021.
Tercero. Tanto Jiménez (2013) como Conde-Ruiz (2013) plantean la opción de
una transición desde el sistema actual de prestación definida al de contribución
definida, como en otros países europeos, dado que tanto la demografía como el
mercado de trabajo están sujetos a mucha incertidumbre a largo plazo. Creen que
la pensión debe de depender de todas las cotizaciones realizadas y que debe
ajustarse de forma actuarial en función de la edad de retiro y de la esperanza
de vida de cada cohorte. Además, dado que no todos los individuos tienen la
misma esperanza de vida, un sistema de esta naturaleza daría flexibilidad a la
jubilación sin poner en riesgo su sostenibilidad.
Cuarto. Conde-Ruiz (2013) advierte, asimismo, que está haciéndose ya una
“reforma silenciosa”, que consiste en mantener constante, en términos reales, la
pensión máxima, mientras se aumenta la base máxima de cotización, haciendo que
la pensión de los trabajadores con pensión máxima sea cada vez menor en
proporción de su salario y llegando, eventualmente, a que una gran mayoría de
los pensionistas pudiesen cobrar la pensión máxima, cotizando menos que aquellos
con pensión máxima. Este sistema hace que los aumentos de la productividad o de
los salarios no se trasladen a la pensión máxima, al permanecer constante por
ley, logrando así reducir el gasto total en pensiones por la puerta de atrás y
sin transparencia alguna.
En resumen, la reforma del actual sistema de pensiones es muy necesaria,
bastante urgente y debe de ser precedida de un debate abierto, tanto en el marco
del Pacto de Toledo, como entre los agentes sociales, los expertos en pensiones
y la sociedad.
Guillermo de la Dehesa es Presidente del Centre for Economic
Policy Research CEPR y Presidente del Foro de Expertos del Instituto Aviva de
Ahorro y Pensiones