EDITORIAL
Artur Mas asegura que quiere una consulta pero está ya en campaña en favor de la secesión
El argumentario proindependentista del nuevo servicio diplomático catalán
enviado a las oficinas de la Generalitat y a cuantos centros de opinión se
tercien resulta bastante disparatado. Generaliza como globales las opiniones
partidistas de un solo sector social; confunde en un solo sujeto (de acoso y
derribo) a España, al Estado español y a su Gobierno de turno; y pretende herir
a todos los rivales, incluidos los discrepantes del interior.
Son estos defectos muy típicos de un organismo aficionado —como lo
calificó en su nacimiento el hoy consejero de la Presidencia— y nutrido por
aficionados, aunque el servicio, pomposamente denominado Consejo de la
Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) sea un departamento oficial,
jerárquica y presupuestariamente, del Gobierno de la Generalitat.
Si se tratase solo de defectos de interpretación, exageraciones y simplezas,
el asunto no merecería más atención que el olvido. Pero es un texto que presenta
la parte —los hechos que agravian al catalanismo— como un todo alternativo: la
imperiosidad de la secesión, que sostiene solo una parte de los catalanistas.
Exhibe, pues, una deslealtad básica.
Es una deslealtad no ya solo al Estado, al Gobierno de la Nación o a los usos
y costumbres de la diplomacia profesional sino, sobre todo, a los ciudadanos.
Por supuesto, a los ciudadanos españoles en general. Pero muy específicamente a
los catalanes, que en una inmensa mayoría —en el entorno del 70%— vienen
sosteniendo la compatibilidad de identidades superpuestas, catalana y española,
pero también europea y local.
El precario y ralo texto propagandístico de los diplomáticos
aficionados al servicio de Artur Mas podría quizá ignorarse por ser una
mera impertinencia carente de talento. Pero su minimalismo intelectual viene
avalado por una institución, la Generalitat, que es parte del Estado español, y
es el Estado español en su forma más visible en Cataluña. Y el Estado, como
cualquier sujeto jurídico, no debe ir contra sus propios actos y naturaleza.
Este chusco episodio enlaza además con una declaración de independencia que
confronta la legalidad constitucional; la reivindicación de un referéndum sea
legal o ilegal; la creación de “estructuras de Estado” como una Agencia
tributaria que absorba la existente; y un Consejo de la Transición de cuya mera
composición se infiere que su actividad no será el análisis imparcial sobre el
que los ciudadanos fijen su criterio, sino puros consejos y propaganda para la
separación.
Todo ello se adscribe a la lamentable técnica de colocar ante los ciudadanos
hechos consumados en el borde de la legalidad. Ni siquiera esto es lo peor. Lo
peor es que estos hechos consumados configuran un fraude descarado: el Gobierno
de Artur Mas dice querer un referéndum “sobre” la independencia, cuando todos
sus actos se pautan “para” la independencia. Propone como primer escalón el
último de la escalera.