(Publicado en Fundación para la Libertad, aquí)
EL MUNDO 07/06/13
VICTORIA PREGO
Bienvenidos a la casa común del respeto a las leyes y a las decisiones de los tribunales. Es una buenísima noticia, y notablemente significativa, además, que los servicios jurídicos del Parlamento de Cataluña hayan enviado al Tribunal Constitucional un puntilloso escrito de alegaciones pidiéndole que levante la suspensión cautelar que pesa sobre la declaración de soberanía aprobada por el propio Parlament. La buena noticia consiste en que, por fin, desde las altas instituciones catalanas aparece un signo de que están dispuestos a acatar a lo que digan los tribunales. O, al menos, que lo están de momento y mientras esos tribunales no decidan algo que al nacionalismo no le convenga.
Que a nadie le quepa duda de que, si el TC admite los argumentos de los servicios jurídicos y da por buena su explicación de que esa resolución no es más que una manifestación de la libertad de expresión «en el marco de la relación de confianza propio del sistema parlamentario», el nacionalismo catalán, independentistas incluidos, agitarán gozosos esa resolución. Y exigirán que sea respetada y cumplida al pie de la letra por parte del Gobierno. «El Constitucional dixit», argumentarán. Lo que diga el tribunal hay que cumplirlo. Y tendrán razón.
Otra cosa será ver qué sucede si no atiende a sus requerimientos, bastante fundamentados, por otra parte. En ese caso, es seguro que habrá rebelión y que se volverá a restregar por la cara de los ciudadanos catalanes esa monumental estafa, ese embuste al que tan aficionados son Artur Mas y sus colaboradores que es el inexistente e imposible «choque de legitimidades». Y ahí será cuando se exhiban sus vergüenzas institucionales.
Porque la gracia de todo esto es que, con inexcusable criterio lógico y democrático, los servicios jurídicos del Parlament recuerdan eso tan sabido, pero tan poco respetado por la Generalitat, de que «el principio de legalidad al que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos, lo definen las leyes». No en todos los casos, letrados. Los actuales poderes públicos de Cataluña no se someten al principio de legalidad cuando no coincide con sus propósitos. Y eso tan escandaloso es lo que más radicalmente desacredita a sus representantes. No sólo ante el resto de España, también ante el resto de Europa.
Es posible que el Constitucional dé por bueno el argumento de que lo aprobado en el Parlament es una mera declaración política sin efectos jurídicos y que, por lo tanto, no altera la legalidad ni vulnera la Constitución. Pero, sea cual sea su decisión, no ha estado nada mal que el Gobierno haya impugnado la declaración soberanista.
Esa decisión, política, ha servido para que los independentistas comprueben que cada paso que den en una determinada dirección, tendrá la correspondiente respuesta gubernamental. Y que, cuando de verdad todos nos topemos con la ley, habrá que aquietarse a ella. Tal como quiere el nacionalismo que haga el Gobierno cuando hable el TC.