El Gobierno de España no puede estar hipotecado a personas que hayan podido hacer el trabajo sucio a un partido político o beneficiarse del mismo. Sin embargo, no son pocos los temores en el partido gobernante a que Luis Bárcenas ponga en marcha el ventilador, una vez comprobado el avance de la causa judicial abierta contra él. El presidente del Gobierno y del PP no pone la mano en el fuego por su antiguo colaborador —como hizo en otros tiempos—, pero no se puede despachar sin explicaciones el encarcelamiento de una persona que gozó de la máxima confianza del partido durante muchos años, a lo largo de los cuales acumuló y escondió una fortuna que en 2007 estaba evaluada en 48 millones de euros.
La reacción del PP a la entrada de Bárcenas en prisión se limita a escuetas muestras de respeto a la decisión judicial y un comentario escéptico de Mariano Rajoy sobre la capacidad de Bárcenas para chantajearle. Muy poco, frente al volumen de datos acumulados respecto a los presuntos delitos cometidos por el exgerente y extesorero nacional del PP, alguno de ellos penado hasta con seis años de cárcel. Si Bárcenas traicionó la confianza del partido, lo menos que este debe a la ciudadanía es una explícita petición de disculpas. Y si estaba ligado a complicidades internas, es inevitable depurar responsabilidades.
En el supuesto de que fallaran los mecanismos de control, también hay que demostrar la voluntad de rectificación. No son esos los pasos que está dando la cúpula del PP. De su reacción en febrero pasado, cuando proclamó que se colocaba a la cabeza de la transparencia, queda en pie poco más que la difusión de las declaraciones de la renta del jefe del Gobierno, otros datos muy generales y la remisión a la futura Ley de Transparencia. Ni auditoría externa, ni voluntaria rendición detallada de cuentas. Como todos los partidos afectados por la corrupción, también el PP parece olvidarse de la consideración que le otorga la Constitución y los fondos públicos que recibe. Ni siquiera vale la excusa de que la corrupción no tiene castigo electoral, a la vista de las encuestas. En todo caso, parece claro que la primera víctima política de este escándalo es el proyecto de regeneración democrática que el PP decía albergar.
La crisis financiera, el soberanismo en Cataluña o las reformas pendientes —de las pensiones, de la Administración pública— son los asuntos que deben centrar las preocupaciones del Gobierno. Para eso hay que decidirse a dejar de lado la vana e improductiva esperanza de que pase el tiempo mientras avanza la instrucción judicial del caso Gürtel, un asunto tentacular de enriquecimiento de empresas con contratos y adjudicaciones presuntamente amañadas por personas del PP, y la presumible financiación política irregular puesta de relieve por los papeles de Bárcenas. Dejar pudrir los problemas solo sirve para que la pestilencia lo inunde todo.