"el consejo catalán no forma parte de nuestras instituciones con capacidad para adoctrinar sobre estos asuntos" Sáenz de Santamaría
Señores, en este país lo más absurdo adquiere para muchos, entre ilusos e interesados, la condición de "carta canta". Sólo que, por mucho que nos cueste admitirlo, por extraño que pueda resultar en un Estado de Derecho o por inimaginable que pudiera considerarse bajo un Gobierno de derechas y, por añadidura, con la particularidad de tener mayoría absoluta en las dos cámaras de representación ciudadana, aquí, en España, se está utilizando por nuestros gobernantes el procedimiento de ignorar los problemas; hacer oídos sordos a los incumplimientos de las leyes nacionales y a los preceptos constitucionales y actuar, de hecho, como si, para poder promulgar una ley, adoptar una resolución u obligar, a quien la incumpliere, a atenerse la Constitución sea por medio del requerimiento preceptivo para conminar a enmendar los ilícitos o fuere por la utilización, en último extremo, de los instrumentos coercitivos y represivos previstos en la misma Carta Magna, para restaurar la legalidad vigente.
Vamos a ver, porque conviene aclarar las cosas a aquellas personas que, de buena fe, pudieran pensar que, los informes y los acuerdos emitidos por este organismo apócrifo, conocido por el "Consell per a la Transició Nacional" (CATN) creado, sin estar facultado para ello, por el Parlament Catalá, excediéndose en sus atribuciones –siguiendo en esta senda emprendida por los políticos catalanes consistente en alejarse de la legalidad, dar pasos a ciegas en busca de imaginarias recetas que les permitieran obviar los preceptos constitucionales y deseosos de intentar involucrar a Europa para que presione a España a favor de sus entelequias independentistas –;carecen de valor jurídico alguno, no obligan a ningún organismo público ni privado a acatar sus conclusiones ni pueden condicionar los procedimientos legales exigidos por la Constitución española, en cuanto a la autorización para que, en cualquier autonomía, se pudiera convocar, por sus gobernantes, algún tipo de consulta pública sin la previa autorización del Parlamento de la nación. Se trata de un mero informe de opinión, redactado por un grupo de supuestos "expertos", sin otro efecto que el servir de apoyo para quienes lo fundaron para que sirviera a sus fines independentistas. Lo que se defiende es una hipótesis tan absurda, tan alejada de la realidad nacional y tan carente de efectos prácticos, que sólo puede entenderse como un intento más de los separatistas de darle visos de legalidad a un proyecto, destinado al fracaso.
Como dejó claro la Vicepresidenta del Gobierno, señora Sáez de Santamaría, ante el anuncio del señor Mas de que iba a enviar una carta al señor Rajoy con las reclamaciones catalanas respecto al supuesto "derecho" a formular una consulta, sobre la autodeterminación de la comunidad catalana, "tenemos una pauta general: que este Gobierno cumple y hace cumplir las leyes". Pronunciándose sobre el informe del Consell en los siguientes términos:" "En nuestro sistema constitucional está muy claro quién dictamina la constitucionalidad de nuestro ordenamiento", añadiendo que: "el consejo catalán no forma parte de nuestras instituciones con capacidad para adoctrinar sobre estos asuntos", y ha recordado que existen "otros con trayectoria muy consolidada" que se dedican a ello, en referencia al Tribunal Constitucional (TC).
No obstante, señores, en este país tenemos rotativos subvencionados con fuertes aportaciones por la Generalitat de Catalunya, que parecen empeñados en atizar el fuego de la discordia, como es el caso de La Vanguardia de Catalunya" que intenta incendiar los ánimos de los catalanes, imbuirles falsas esperanzas, crearles la perspectiva de que el hecho independentista en Catalunya es cosa hecha y que, todas las maravillas que vienen prometiendo los políticos catalanes, entre ellas la de formar parte de la Europa comunitaria, son hitos fácilmente alcanzables una vez puedan decidir por si mismos. Lo que no dicen es cómo van a poder sostener todas las instituciones, financiarse, pagar sus deudas de 58.000 millones de euros, crear su propio Ejército; así como cuál será la clase de gobierno que se ocupará de la "nueva" nación y qué papel tendrán en él todos estos partidos que han sido incapaces de salvarse de las prácticas de corrupción.
No queremos dejar de constatar un hecho que parece que ha pasado desapercibido para la mayoría de los catalanes. Artur Mas fracasó en su intento de interesar al gobierno de los EE.UU en los bonos catalanes, algo que no debería de extrañar a los defensores de la independencia ya que las agencias de rating (últimamente Fitch lo ha confirmado de nuevo) tienen calificada a la deuda catalana como BBB (deuda basura) lo que constituye un serio handicap para un utópico país independiente, que quiera conseguir apoyo para su desarrollo.
Podríamos llegar a entender la evidencia de que, al gobierno del señor Rajoy, le ha caído en las manos "una patata caliente" de la que no sabe como deshacerse y tampoco podemos dejar de considerar el oportunismo de los separatistas catalanes, encabezados por el señor Mas, con el respaldo de la familia Pujol, de salir del armario nacionalista, precisamente en unos momentos en los que el Gobierno ha de hacer frente a otros importante retos, de los que no es el menor el de sacar al país de la crisis económica en la que está metido. No obstante, por mucho que se quiera utilizar la paciencia, la tolerancia, los buenos modos o, incluso, la política de ir dándoles dinero, para tratar el tema nacionalista en Catalunya, lo que sí es evidente es que, por mucha cuerda que se les dé, no van a cejar en su obcecación de alcanzar los objetivos que se han marcado, en orden a conseguir un país independiente. Y van sumando.
A los españoles de a pie, que vivimos en Catalunya, se nos antoja que tanto laissez faire, laissez passer por parte del gobierno del señor Rajoy, sólo es una manera absurda de marear la perdiz, cuya principal consecuencia es irles permitiendo a los políticos catalanes ganar posiciones, conseguir más adhesiones entre los ciudadanos y fortalecer a los partidos que han emprendido la cruzada de independizar la autonomía catalana; especialmente a ERC, que son los que mayor provecho están sacando de esta situación equívoca e indefinida en la que, Catalunya, empieza a parecerse a una olla a presión que ya anuncia, con su pitido, el peligro de que se produzca, en cualquier momento, una declaración unilateral en el sentido del famoso derecho " a decidir", que todos sabemos que no es, ni más ni menos, que la proclamación de la independencia.
El peligro de esta política de apaciguamiento, de falta de firmeza y de pusilanimidad ante las amenazas del adversario político, radica en que suele tener malas consecuencias. Recordemos el caso de las gestiones diplomáticas llevadas a cabo por el los ingleses, por medio de su ministro Neville Chamberlain, que intentó una política de "apaciguamiento" para evitar la II Guerra Mundial, chocando con la insensibilidad del Fürher Adolf Hitler. Finalmente Inglaterra y Francia no tuvieron otro remedio que declarar la guerra a un fortalecido Hitler. Las consecuencias de tales dilaciones y titubeos: una guerra que duró 5 años en la que murieron millones de inocentes.
No nos cansaremos de insistir sobre la necesidad de poner coto a todo este dislate independentista, no sólo en bien de los españoles, sino en el de los mismos catalanes que, de buena fe, creen en la posibilidad de una Catlunya independiente. O así es como veo, señores, la deriva política de las fuerzas separatistas catalanas.
Miguel Massanet Bosch