Una de las paradojas de la democracia es que, aunque la política sea partidista, el gobierno debería ser neutral. Los ganadores de las elecciones suelen anunciar en su discurso triunfal que gobernarán "para todos", y no sólo para sus votantes. Y aunque sea un tópico – y en ocasiones una mentira – esa declaración de intenciones es un ritual nada desdeñable. Las políticas que se apliquen se podrán justificar, legítimamente, desde unas ideas y unos programas concretos, pero no se admitiría que fueran destinadas sólo a una parte de la ciudadanía. Incluso en sus declaraciones públicas, los gobernantes deben extremar las precauciones. El pluralismo es un valor supremo en la democracia, y utilizar el poder del Estado para menguarlo es una barbaridad inaceptable.
En Cataluña ha desaparecido no ya la neutralidad, sino la más mínima vergüenza. El nacionalismo ha puesto los resortes de la administración a su servicio y ha renunciado incluso a fingir que gobierna para todos. Ahora mismo, los intereses particulares de un partido y de sus élites se han convertido por decreto en los intereses de todos los catalanes. Además, en cierto modo, el nacionalismo ya ha declarado la independencia: no cree que los ciudadanos catalanes mantengan relación alguna con el resto de españoles. No existen obligaciones hacia nadie que viva fuera de los límites de su comunidad autónoma. Sólo existe victimismo, de modo que se puede insultar libremente.
Sólo así se entiende el famoso cartel de CiU (una coalición al que algunos, sorprendentemente, aún consideran moderada) sobre la Cataluña productiva y la España subsidiada. En ese cartel están todas las mentiras y toda la indecencia del soberanismo. Los nacionalistas están logrando hundir la productividad de la región,como demuestran los datos. Es lógico: no dejan de gastar el dinero público en la promoción de sus objetivos particulares. Y, por otra parte, ¿qué significa eso de la España subsidiada? ¿Es que no disfruta la Generalitat del enorme subsidio que es el Fondo de Liquidez Autonómico, sin el cual ya habría suspendido pagos?
¿Afirmará Artur Mas que en la idílica Cataluña independiente nadie cobrará subsidios? Porque si no es así alguien podría decirle, al día siguiente de la secesión, que ya está bien de que la Barcelona productiva cargue con la subsidiada Tarragona, por ejemplo. O que el productivo barrio de Pedralbes tenga que pagar los subsidios de Sant Andreu. Y así podemos seguir jugando hasta el absurdo con la gran trampa nacionalista: la pretensión de que los derechos son de los territorios. Los subsidios no son sino la realización efectiva de derechos sociales. Derechos que se aplican a todos los ciudadanos, vivan donde vivan, hablen la lengua que hablen, sean de la raza que sean, piensen lo que piensen. Y en todo territorio hay personas que tienen más y otras que tienen menos. Un Estado democrático, social y de derecho perseguirá la igualdad de oportunidades y tratará de atenuar las injustas desigualdades derivadas de un hecho tan fortuito como haber nacido en el Paseo de Gracia o en las Tres mil viviendas.
Pero esto no va con los nacionalistas. Para ellos no hay más derechos que los de la nación que imaginan. Por eso prefieren liquidar el Estado del bienestar a cerrar embajadas autonómicas. Por eso no tienen inconveniente en promover cadenas humanas cargadas de sectarismo. O ridículos estudios para convertir a Cervantes en catalán. El "nuevo Estado de Europa" nacería marcado por la falta de neutralidad y la negación de derechos universales. Resulta muy adecuado que quieran reivindicar semejante engendro político con una cadena, que es la forma que el sueño soberanista adoptaría para los catalanes. Quienes participen en el acto, lo sepan o no, estarán recuperando el viejo grito del absolutismo español: "¡Vivan las caenas!"
Contra las cadenas políticas, a favor de la igualdad y de la unión, hablará mañana jueves en Hospitalet de Llobregat Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia.