El presidente de la Generalitat ha renunciado a la consulta y no se atreverá a adelantar elecciones por el temor a un desastre
El presidente de la Generalitat no adelantará las elecciones. Entre otros motivos, porque tras un año de maximalismo soberanista, se le ha impuesto algo que ni sus malabares semánticos logran ocultar: la realidad. El velo lo quitó la última Diada. Su enorme éxito, lejos de reafirmar el acelerón independentista, le ha puesto freno. El impacto de esa cadena humana ha obligado a responder públicamente a los principales centros de poder, incluidos los catalanes. Y en vez de asistir a nuevas adhesiones, Mas ha recibido un golpe tras otro. El Gobiernoha consolidado con el PSOE el rechazo a sus propuestas. La Comisión Europea ha alertado de que la independencia dejaría fuera de la Unión Europea a Cataluña. Y hasta la gran patronal catalana, asustada ante ese horizonte de aranceles, dolarización a la argentina y disolución de activos bancarios, ha rechazado caminar por la ilegalidad. La escalada la ha rematado Unió, el socio de Convergència. De la mano de su líder, Josep Duran i Lleida, se han apeado por escrito de la aventura, aunque con sus habituales meandros terminológicos.
Esta erosión del discurso soberanista amenaza, por el principio de Arquímedes, con empujar hacia la superficie el verdadero fantasma de la Administración catalana. La Generalitat es una entidad rescatada por el Estado central a través del Fondo de Liquidez Autonómico. Su endeudamiento, duplicado durante la era Mas, supera los 51.700 millones de euros , el mayor de España en términos absolutos. Y los pagos a proveedores de servicios esenciales de la administración han llegado a cortarse por la falta de fondos.
Sentado sobre ese barril de pólvora, Mas ha decidido emprender la retirada, aunque siguiendo la vieja máxima romana de hacerla parecer un avance. Continúa hablando de consulta y la defiende con todo tipo de ambigüedades, pero lo cierto es que ya la supedita a que sea legal y tolerada por el Estado, es decir, a que no sea. Y debilitado este escenario, ahora juega con otro: el adelanto electoral. Una de las pocas iniciativas que le quedan, pero cuya puesta en práctica sería suicida para Convergència. En 2012 también las convocó antes de plazo y, pese al aire plebiscitario que les quiso imprimir, el resultado fue la pérdida de 12 diputados. Desde noviembre pasado, además, su formación no ha dejado de sufrir una constante sangría hasta el punto de que cobra fuerza la hipótesis de un sorpasso de ERC.
En este horizonte, plantear una convocatoria plebiscitaria se enfrenta a otro problema, de corte sociológico. Frente a los discursos de alto contenido emocional manejados hasta la fecha por Mas y ERC, una campaña de este tipo, con un fuerte componente económico, daría paso a un debate y una toma de decisión del votante muy basados en el cálculo racional y, desde luego, más centrados en la relación con España. Algo parecido, aunque la comparación tenga sus riesgos, a lo que ocurre en las elecciones generales, donde en 2011 el porcentaje de voto recabado por CiU y ERC fue del 36,5%, un resultado claramente inferior al 47,4% que obtuvieron el PSC y el PP juntos en Cataluña. En todo caso, como ya deja entrever la eclosión de propuestas que se han producido en las últimas semanas, se originaría un cuadro político donde, rota la espiral del silencio, ganaría enteros el catalanismo no independentista y, en general, las formaciones que defienden identidades incluyentes. Es decir, se registraría un ascenso de la pluralidad. Un fenómeno que en cualquier otro escenario político es signo de civilización, pero que en el monocultivo de Mas y sus socios de ERC no es bienvenido.