Ante el desafío independentista, el Gobierno ha dado una sola respuesta: se aplicará la Constitución. Evidentemente sería peor que no hubiera dicho nada, o incluso que hubiera sugerido que la Carta Magna podría orillarse. Pero dejando aparte la posibilidad de que el Ejecutivo incumpliera sus propias obligaciones constitucionales, la actitud de Mariano Rajoy y de sus ministros está alimentando el problema en lugar de solucionarlo.
Que se cumpla la ley es un mínimo. Un mínimo, por cierto, que no siempre se alcanza cuando al mando están los nacionalistas. Algunos gobiernos autonómicos se han declarado insumisos ante leyes y sentencias que no les gustan. En el caso de la Generalitat, lo último ha sido sugerir que no se aplicará la nueva ley de educación que, gracias a una enmienda de UPyD, garantiza que el castellano pueda ser lengua vehicular en toda España. En lugar de tanta advertencia, el Ejecutivo debería demostrar que está dispuesto a aplicar la ley.
Pero es que, además, los discursos mentirosos deben combatirse para evitar que envenen a la sociedad, y en Cataluña ya vamos tarde. Los ciudadanos catalanes están expuestos 24 horas al día a un único mensaje que fomenta los dos sentimientos que apuntalan todo soberanismo que se precie: superioridad y resentimiento. En ese mensaje, lo único que importa es la "voluntad de un pueblo" cuyos márgenes ya se han decidido. Cualquier otra consideración, como el imperio de la ley, queda descartada.
El Estado de derecho no tiene el glamour del que gozan las elecciones, pero no es menos importante para la democracia. El respeto a las leyes no es un corsé que oprime a los ciudadanos, sino todo lo contrario: la única garantía de que no sufrirán los abusos de los más fuertes, de los más poderosos. El idependentismo no es un valeroso acto de David contra Goliat, sino una aventura descabellada en provecho de los que siempre han mandado en Cataluña, que usan a los ciudadanos como carne de cañón o escudos humanos.
Ha tenido que ser Rosa Díez, portavoz de Unión Progreso y Democracia, la que llevara al Congreso de los Diputados la falacia del 'derecho a decidir', para reclamar al Gobierno (y al mayor partido de la oposición) una defensa firme y desacomplejada de España, tal y como la define la Constitución: un Estado social y democrático de derecho. Ha tenido que ser ella la que recuerde que lo que quiere el nacionalismo es "convertir a los catalanes en extranjeros en el resto de España" y privar a la inmensa mayoría de los ciudadanos de su derecho a decidir sobre el conjunto de su país.
"Resulta difícil desmontar mitos", ha dicho la diputada de UPyD. Por eso ha dedicado sus esfuerzos a evitar que se construya otro nuevo: el derecho a decidir. Es lamentable que para esta tarea fundamental los españoles no podamos contar con el liderazgo del Gobierno.