"El Congreso de los Diputados proclama que,bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión". Este es el primer punto de la moción que aprobó ayer, por abrumadora mayoría, el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, a iniciativa de Unión Progreso y Democracia. Los grupos parlamentarios Popular y Socialista (con la excepción de los diputados del PSC) apoyaron la moción, que salió adelante con 265 votos a favor.
Se trata del mensaje más claro que el Estado ha transmitido al nacionalismo catalán sobre sus intenciones secesionistas. Ha tenido que ser UPyD, con sus cinco diputados, quien plantee el problema en sus estrictos términos jurídicos. Como destacó Rosa Díezdesde la tribuna de la Cámara Baja, en este asunto ha reinado la confusión. Una confusión creada conscientemente por los nacionalistas con el fin de pescar en río revuelto. El 'derecho a decidir' es el perfecto ejemplo de la vaciedad política: ¿de qué estamos hablando? ¿Sobre qué hay que decidir? ¿Quién decide? A estas preguntas responde, de la única manera posible dentro de un Estado democrático de Derecho, la iniciativa de UPyD ayer aprobada.
Los ciudadanos españoles ejercieron el pasado 20 de noviembre de 2011 su derecho a decidir, y eligieron a unos diputados que se convirtieron en sus representantes. Ayer, estos representantes explicaron lo evidente: que la soberanía que ellos encarnan no puede ser troceada por la voluntad de algunos. Es por tanto la ciudadanía española la que dice a los promotores independentistas que no tienen el derecho a decidir por todos. La independencia no sólo es un desvarío. Es, antes que nada, ilegal. Y los ciudadanos que apoyan a los partidos secesionistas deberían preguntarse qué vida les esperaría en un Estado nacido de una ilegalidad y bajo un Gobierno para el cual la ley es una incomodidad prescindible. Claro, que sobre esto último ya tienen experiencia.
¿Era necesaria una moción como ésta? ¿No se sostiene la Constitución por sí misma? No es UPyD, desde luego, quien ha iniciado este desafío al orden constitucional. No es UPyD quien ha puesto en cuestión desde la presidencia de una Comunidad Autónoma – es decir, desde una alta institución del Estado – el imperio de la ley y los más elementales principios democráticos. Debe ser el Estado el que responda con claridad.El silencio y la ambigüedad no hacen sino crear expectativas falsas y verdadero desasosiego. Por eso UPyD ha llevado la cuestión fundamental al Parlamento, y no para evidenciar desavenencias o provocar incomodidad, por mucho que ambas fueran de esperar y sean muy significativas.
Parece que algo se mueve, que hay contactos, que se ha entablado cierto diálogo. Quien ayer alimentaba el fuego separatista, hoy canta a la moderación. Sirva la iniciativa aprobada para recordar que es en el Congreso de los Diputados donde se debe producir, a plena luz, el verdadero diálogo democrático, y que en ningún caso podrá arrojar resultados ilegales. El Estado de Derecho no puede ser ni liquidado por los radicales ni orillado por los moderados. La ley se cumple o no se cumple: no hay tercera vía.