Dos años después de que el PP ganara las últimas elecciones generales con mayoría absoluta, el balance de su gestión puede hacerse a partir de las presuntas reformas que ha llevado a cabo. Todas ellas se parecen en algo: no resuelven los problemas para los que teóricamente están pensadas, y algunas incluso los agravan. Eso sí, permiten que los viejos partidos mantengan sus privilegios.Reforma laboral. La principal política del Gobierno contra la crisis nunca ha sido confesada: devaluar los salarios de los españoles generando más precariedad laboral. Este era el objetivo de la reforma laboral, y no la creación de empleo. En lugar de cambiar el fracasado marco laboral instaurando, como pide UPyD, el contrato único indefinido, han profundizado en sus graves defectos. El resultado es más paro, muchos más contratos temporales y sueldos más bajos.
Reforma financiera. Tras dos intentos fallidos llegó el desplome definitivo de Bankia, lo que llevó al rescate y a una reforma del sector financiero dictada en lo esencial por Bruselas. Posteriormente se ha elaborado una Ley de Cajas que no conjura el peligro de politización, un vicio que es el único que explica lo que ha ocurrido. De hecho, el PP no ha tenido el coraje de elaborar un relato sincero del crack de las cajas ni de reconocer su responsabilidad, compartida con PSOE, IU, nacionalistas, sindicatos y patronal. Si algún día hay responsabilidades, será gracias a querellas como las de UPyD.
Amnistía fiscal. Mientras a la inmensa mayoría de los españoles se les suben los impuestos, el ministro Montoro ofreció a los defraudadores legalizar su dinero negro a cambio de casi nada. Hacienda presume de haber aflorado 40.000 millones, pero eso no se ha transformado en una subida significativa de la recaudación. En camibo, ha aumentado la desigualdad y la sensación de estafa de los millones de españoles que cumplen sus obligaciones tributarias.
Ley de Transparencia. Sí, es cierto: España ya no es el único país importante de la UE sin ley de transparencia. Ahora es el que tiene la peor de todas. Día a día, se demuestra que no servirá absolutamente para nada.
Reforma Local. La solución del PP para combatir los problemas de los municipios ha sido potenciar a los organismos más despilfarradores, opacos y trasnochados que existen en España: las diputaciones provinciales. Han restado autonomía a los ayuntamientos en lo que deberían tenerla y se la han mantenido en urbanismo, el mayor foco de corrupción de España. Un auténtico fraude.
Reforma eléctrica. En un sector clave para la economía, el Gobierno ha llevado a cabo otra chapuza continuista. SIgue creciendo el déficit tarifario (una aberración política y económica inventada por Aznar), se consagra el atropello a los pequeños inversores en renovables y se desincentiva la innovación.
Ley Wert. La LOMCE hace una cosa relativamente bien: identifica muchos de los problemas de la educación en España. A pesar de lo cual, luego no hace nada por solucionarlos. Al menos, y a iniciativa de UPyD, introdujo la obligatoriedad de ofrecer el castellano como lengua vehicular en las CCAA bilingües y un refuerzo a la autoridad del profesorado. Por lo demás, los vaivenes del ministro Wert en materia de becas y otras cuestiones, demuestran que este gobierno no se toma en serio la educación.
Reforma del Poder Judicial. Ha sido uno de los mayores engaños a los ciudadanos. En contra del criterio que transmitió al comienzo de la legislatura, Ruiz-Gallardón ha reforzado la politización de la justicia en lugar de atenuarla. El PSOE aparentó estar en contra para finalmente sentarse a la mesa a decidir cómo se reparte la tarta. Lo mismo de siempre, pero un poco peor.
Corrupción y regeneración democrática. Tras negar con cajas destempladas que la corrupción fuera un problema en España, el caso Bárcenas ha forzado a Rajoy a aparentar que hace algo por combatirla. Ha anunciado un plan del que todavía no hay nada concreto. Los antecedentes invitan al pesimismo: han rechazado casi todas laspropuestas de UPyD sobre la cuestión.
Aparte de estas reformas están las que ni siquiera se han planteado, principalmente las del modelo de Estado y la de la Ley Electoral. La revisión de la Constitución es tabú para Rajoy, pero también lo es su aplicación: la principal respuesta institucional a la amenaza secesionista ha sido propiciada por UPyD, que logró una declaración del Congreso de los Diputados contra la falacia del derecho a decidir. En la lucha contra el terrorismo, pese a su retórica preelectoral, Rajoy es responsable de la liberación de Bolinaga, de una política penietenciaria menos rigurosa, de que Josu Ternera siga libre y de que, pese a las advertencias hipócritas del ministro del Interior, no se haya ni siquiera intentado ilegalizar a los comandos políticos de ETA.
El resumen de estos dos años es el que ha hecho Rosa Díez: un país mucho más injusto, en el que los fuertes, los tramposos y los que más tienen, salen ganando, mientras que las personas que cumplen y los más pobres se ven cada vez más desprotegidos. Dos años nefastos, pero no sorprendentes. Ha sido la continuación de las políticas clásicas del bipartidismo en un entorno cada vez más deteriorado. Ya nadie se molesta e
n recordar el programa electoral con el que el PP se presentó a las elecciones de 2011. El verdadero sólo tenía un punto: hacer lo posible para que todo siga igual.