Es posible que al final los etarras excarcelados tengan que acreditar ciertos requisitos para acceder a la prestación de desempleo, tal y como ha anunciado el ministro del Interior. Pero también es perfectamente posible que no sea así. Si algo ha quedado claro en estos dos años de gobierno del PP es que su palabra no vale nada. Sus dirigentes y los miembros del gobierno mienten en ruedas de prensa, mienten en sus mítines y mienten en sede parlamentaria. No hay ni el más mínimo motivo para creerles. Y lo ocurrido ayer en la votación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa de UPyD sobre el acceso de los terroristas al paro es un perfecto ejemplo de por qué.
La historia ya es conocida. UPyD registró una moción sobre este asunto, que, en principio, parecía contar con el apoyo del PP. Horas antes del debate, plantearon a la portavoz del partido magenta, Rosa Díez, una enmienda que eliminaba el requisito de colaborar con la justicia y la extensión de las condiciones al acceso al empleo público. UPyD no lo aceptó, pero finalmente se pudo acordar un texto común que – y esto es importante – no alteraba el original, sino que incoropraba nuevas disposiciones. Por tanto, todo lo que estaba en la moción de UPyD estaba también en la transaccional.
Se anunció el acuerdo, que recogieron los medios. Pero el día de la votación todo cambió. Durante el pleno, hubo charlas y corrillos entre portavoces de PP, PSOE y Amaiur, a los que se sumó el presidente del Congreso. Los proetarras, en un gesto muy poco frecuente en el Parlamento, vetó la transaccional pactada entre PP y UPyD. Rosa Díez pidió entonces que se votara el texto original. A solicitud del PSOE, que había estado visiblemente incómodo en todo el proceso, se votaron por separado los dos puntos de la moción. Y llegado el momento de la verdad, socialistas y populares votaron en contra del primer punto, el que recogía lo esencial de la petición.
Cuando se pidió una explicación a Alfonso Alonso, portavoz parlamentario del PP, dijo que veía en el texto "vicios de inconstitucionalidad". Es asombroso, porque lo que finalmente se votó había sido aceptado por su propio grupo. Y todavía más: una moción no puede ser inconstitucional. En todo caso lo sería, si estuviera mal hecha, la ley que se desarrollara a partir de la iniciativa. Por tanto, mentira sobre mentira. Poco después, el ministro del Interior anunciaba que el Gobierno legislaría para que los etarras no pudieran cobrar el paro sin haber cumplido ciertos requisitos.
Puede que el Gobierno y el PSOE no estuvieran dispuestos a soportar que UPyD liderara una acción legislativa contra ETA. La mezquindad política siempre es un móvil razonable. También es posible que el Gobierno sólo quiera ganar tiempo y que no tenga ninguna intención de hacer lo prometido. ¿Por qué? Porque Rajoy heredó la negociación de Zapatero con ETA. Este gobierno suavizó la política penitenciaria. Este gobierno facilitó la liberación del Bolinaga (que debería haber muerto hace tres meses, según las previsiones más favorables para él). Este gobierno renunció pedir a Noruega que detuviera a Josu Ternera y otros jefes etarras cuando constaba que se hallaban en Oslo. Este gobierno dice que hay motivos para ilegalizar a los comandos políticos de ETA y luego nunca lo hace.
Este gobierno miente sobre el terrorismo como miente sobre la corrupción, sobre el rescate, sobre la economía, sobre la amnistía fiscal, sobre la politización de la justicia, sobre las preferentes y sobre todo lo demás. Incluso los mayores mentirosos dicen la verdad de vez en cuando, así que quizás esta vez hagan lo correcto y eviten, como señala Rosa Díez, que los dos millones de parados que ya no cobran prestación por no cumplir ciertos requisitos, paguen con sus impuestos el desempleo de etarras que se niegan a colaborar con la justicia o a pedir perdón. Pero como la labor de la oposición no es creer al Gobierno – y menos a éste – UPyD ha registrado una nueva iniciativa con el texto pactado con el PP para votarlo en caso de que Rajoy vuelva a faltar a su palabra.
El deshonor se aprecia en la falta de respeto a los demás, pero es, antes que nada, una falta de autorrespeto. Al desprenderse de su honor, el Gobierno de España condena a todo un país a no se respetarse a sí mismo.