Porque la cuestión no es si saben mucho o poco derecho, si tienen mucha o poca experiencia. La cuestión es cómo han sido elegidos. Los partidos políticos han marcado a sus candidatos como los ganaderos marcan a las reses con su divisa: a fuego. Hagan lo que hagan estarán perfectamente identificados. O, tal y como ha denunciado Rosa Díez, los han esponsorizado, dejando claro "quién les paga su carrera". Su hipotética excelencia en el campo jurídico queda anulada por este patrocinio, por este sello de pertenencia.
Es evidente la relación de este atraco a la justicia con la corrupción política. La ha señalado, además de Rosa Díez, la asociación judicial Francisco de Vitoria, recordando el cambio de criterio del PP respecto al sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, el ministro Gallardón llevó a cabo una elocuente defensa de la independencia judicial hace menos de dos años, cuando ya era el titular de la cartera de Justicia. Sí, es inevitable vincular la politización con la corrupción. Pero hay mucho más que temer.
El CGPJ nombra, por ejemplo, a los jueces del Tribunal Supremo. Además, administra las promociones y las sanciones disciplinarias a los jueces y magistrados. Por tanto, tiene una influencia decisiva en el funcionamiento general de la justicia española. Y esto no sólo afecta a delitos de corrupción, sino a muchos otros. Mediante su control, los partidos viejos se aseguran de que el poder judicial no interfiera en lo que ya han decidido. Así, es muy común conocer el resultado de una sentencia a partir del la divisa del juez, del color de su toga.
El Tribunal Constitucional, última instancia para los asuntos más relevantes, no está al alcance del CGPJ, pero la elección de sus miembros está igualmente politizada. El resultado de estos indecorosos arreglos son sentencias como las que legalizaron a las marcas blancas de ETA justo en pleno desarrollo de las negociaciones del gobierno Zapatero con los terroristas. En el futuro, los tribunales pueden llegar a decidir sobre una consulta soberanista, sobre recortes al Estado de bienestar o sobre estatutos de autonomía, cuestiones clave para la igualdad de los españoles. Como puede verse, no es sólo la corrupción, sino el propio diseño de las instituciones y la naturaleza de nuestra democracia lo que está en juego.
La semana que viene se cumplirán 35 años desde que los españoles aprobaron la Constitución. Defender hoy el texto constitucional pasa por plantear su reforma, como hace UPyD, y también por acudir a los tribunales cuando, ante los ojos de los españoles, se comete una tropelía como esta elección, que conculca el espíritu de la Constitución y es contraria a una sentencia del TC. UPyD no callará bajo ningún concepto, en defensa de la Constitución y en defensa de España.