Bajo el despiste político de Zapatero, corría el año de 2006 y el profesor Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, escribía en el diario El Mundo (vid. el nº perteneciente al 19 de octubre del mentado año) que “en la hora actual, el Gobierno y la mayoría que lo sustenta, son un ejemplo de cómo una democracia puede llegar a naufragar porque los que la gestionan no son demócratas”. Esta es la impresión que he obtenido hoy al leer la expresión central del discurso realizado por María Dolores de Cospedal en el acto conmemorativo del XXXV Aniversario de la Constitución, donde ha aseverado que no es el momento de una reforma de la Carta Magna si viene motivada "tan solo por problemas internos de gobiernos o de partidos políticos". El eje medular que trasciende de ese discurso de la secretaria general del PP, como cargo objetivo, y presidenta de la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, como puesto de sinapismo director, es que en estos instantes "no estamos en condiciones de abordar un cambio o una reforma constitucional ni jurídica ni políticamente" y además "no es el momento de abrir una puerta que no sabemos a dónde nos lleva sin saber a dónde queremos ir".
Puesta en esta situación, denota la presidenta castellano-manchega unas altísimas dosis de inseguridad jurídica, que no la hacen merecedora de ejercer esta función. Es preciso recordarle que la seguridad jurídica o, también, la fiabilidad del Derecho o del orden jurídico, permite confiar en la garantía de la certeza en la aplicación de unas normas iguales para todos, tanto en situaciones favorables como en onerosas. Y con esto, frente a lo dicho por Cospedal, y siguiendo a Jorge de Esteban, el Derecho, elaborado democráticamente, debe ser previsible, en el sentido de que no se puede ni debe esperar por parte del poder público unos inicuos comportamientos inesperados, ya se trate de los jueces, los legisladores o la Administración. A todos les obliga tanto el principio de constitucionalidad, como el de legalidad, base de todo Estado democrático de Derecho, que se rigen ambos por la cláusula de la previsibilidad, entendida como la certeza de la aplicación de la Constitución o de la ley en vigor, con el resultado de que comportan unas consecuencias jurídicas concretas y previsibles.
Mientras tanto, la inseguridad jurídica de Cospedal y seguidores contradice las bases de la democracia y del Estado de Derecho, y nos puede llevar siempre, por medio de una rampa perversa, a una rápida desvaloración del Derecho, con todo lo que eso comporta para nuestra futura convivencia. Y, frente al statu quo cospedalino, amparado en una serie de medidas –muchas de ellas muy discutibles, como ya hemos demostrado en artículos precedentes- determinadas por la escueta voluntad de tratar de no incrementar el déficit heredado y de reactivar, al mismo tiempo, la economía, con su secuela del amplio contingente de parados, hay que recordarle a la presidenta de esta región que la dramática situación que nos envuelve tiene un origen que es genuinamente español, “porque la hemos creado nosotros totalmente por nuestra cuenta”.
La Constitución de 1978, como todas las constituciones, evidentemente no es perfecta, ratificó en un trabajo posterior el mismo Jorge de Esteban, pero posee un carácter progresista y moderno, “que la hace bastante válida para regir nuestra convivencia política”, según ratificó este mismo profesor. Pero dicho eso, tiene, con todo, “un vicio de origen que es el que nos ha llevado, en gran parte, a nuestra patética situación actual”. Se refiere al Título VIII que trata de la Organización territorial del Estado y que “es una verdadera calamidad nacional”, como ya señaló, entre otros, desde el mismo momento de su aprobación. El llamado Estado de las Autonomías que posibilitaba se convirtió enseguida en el Estado de las Autonomías interminables, porque no se regulaba un diseño final de Estado, sino que era “un Estado cambiante, que, sobre todo, por la existencia de partidos nacionalistas en las Cortes, se fue convirtiendo en un Estado de geometría variable”. De esta manera, “sufría uno de los pilares en que descansa el Estado de Derecho, como es el de la seguridad jurídica, es decir, la certeza en las normas y en que las relaciones jurídicas son estables, permitiendo así predictibilidad de su aplicación por el Estado, a causa de que cada comunidad autónoma legislaba de forma continua e incoherente, olvidando al conjunto como si fueran compartimentos estancos” (así lo afirmó Jorge de Esteban en “La reconstrucción del Estado”). Lo peor ha sido que este desbordamiento legislativo y, por tanto, económico, ha producido una elefantiasis de cada comunidad autónoma, aunque ciertamente algunas más que otras, las cuales han acabado apoderándose del 70% del Presupuesto General del Estado, sobrepasando un déficit racional, como viene exigiendo la Comunidad Europea.
Muy al contrario que lo afirmado por Cospedal, la mayor parte de las instituciones emanadas de la Constitución de 1978 y del ordenamiento social que propició se muestran claramente incapaces para hacer frente a los desafíos no ya del inmediato futuro, sino del presente mismo. Por esto, la recuperación de nuestra vida política exige en muchos aspectos una reforma de la Constitución de 1978. Así se ha demostrado en el 2º Congreso de UPyD, donde con toda sencillez y evidencia se determina la justa demanda de la forma federal de Estado en que necesita transformarse España,unmodelo de Estado federal que debe salir de la reforma constitucional, según apunta principalmente el punto 67 de las Resoluciones políticas de dicho cónclave. Se propone ahí un magistral guión de reparto competencial, sabiendo que en este repartimiento, como en el legislativo, “prevalecerá el principio de prioridad federal: la aprobación de una norma o competencia federal deroga automáticamente la legislación o competencia de orden inferior; la financiación se regirá por el principio de responsabilidad fiscal: los entes administrativos recaudan e invierten su parte de la recaudación tributaria, más las transferencias de fondos federales que les correspondan”.
Bien lo advertía Carlos Martínez Gorriarán el 31 de octubre de 2012, en SesióndeControl.com, al defender en su artículo “Nada que hacer sin reforma constitucional” que esta reforma contiene la solución a muchos de los grandes problemas económicos, sociales y políticos que vive nuestro país. Aunque los núcleos duros de los partidos viejos –tal como el de Cospedal-rechacen reconocerlo,” hay un amplio consenso en que los problemas de España piden a gritos una reforma a fondo de la Constitución”, constató el alto dirigente de UPyD. La Transición, sin duda, ha quedado atrás, cambiada por una crisis cuya gravedad ha sido larvada por su sistema de partidos y, sobre todo, por su manera de entender y practicar la política. A saber: “tratar de teledirigir todo lo que se mueva en la sociedad civil, anulándolo si ello no es posible o rentable, y fundamentar su poder en la extracción de rentas públicas a través del control de las instituciones autonómicas y locales”, señalaba Martínez Gorriarán.
Con el mejor román paladino, avisaba de ese ser y estar de Cospedal y los suyos, en el que, inalterables, perseverantes y repetidos, continúan un año después: “vivir sobre todo de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos (más Diputaciones), y desde éstas controlar la vida social y económica a través de autorizaciones, permisos, exenciones, subvenciones y demás medidas de telecontrol, facilitadas por la exuberante selva de normas y reglamentos nacionales, autonómicos y municipales, a veces contradictorias entre sí”. Entonces, mientras hubo dinero abundante y fácil gracias a las facilidades de crédito y a la burbuja inmobiliaria, el sistema parecía ir viento en popa, pero han bastado el estallido de la burbuja y la crisis financiera internacional para que las miserias y la insostenibilidad del sistema de la Transición hayan quedado en evidencia.
Esto requiere la urgente adaptación a una democracia homologada conforme a las necesidades del tiempo de hoy, muy lejanas al inmovilista escenario del PP y sus directivos. Son un conjunto de problemas que se hallan anclados en “una estructura administrativa irracional y por lo tanto ineficiente y cara, repleta de duplicidades, despilfarros y zonas oscuras; una estructura territorial del Estado confusa y mal resuelta, cuyo caos ha culminado en el proceso secesionista de Cataluña abierto por la propia Generalitat; una profusión de leyes y normas que han remitido a España a la cola mundial en facilidades para crear empresas, en quiebra del mercado único y en competitividad económica; una carencia de políticas de transparencia y derecho a la información que han facilitado la corrupción, el fraude fiscal y el despilfarro”, escribió Gorriarán. Sin olvidar tampoco éste la proliferación de sistemas educativos, sanitarios y de servicios sociales que los encarece y hace ineficaces y caros, y además relativiza o anula la libertad efectiva de movimientos e iniciativas de los ciudadanos dentro de España
Esa reforma constitucional, cuyo debate viene pidiendo UPyD desde su misma fundación, debería cerrar para una generación, al menos, el modelo territorial del Estado en un sentido federal, y con eso restaurar el mercado interno, la libertad de movimientos e iniciativa y la igualdad jurídica y social mediante una nueva distribución de competencias entre Estado, Comunidades y Ayuntamientos que deje claramente establecido qué administración se ocupa de qué, cómo financia el ejercicio de sus competencias (sin duda, con plena responsabilidad fiscal y no al actual estilo Robin Hood: el Estado recauda y los gobiernos y alcaldes reparten a sus necesitados respectivos), y cómo se erradica el maremágnum de entes públicos innecesarios, el despilfarro que conllevan y la burocracia estéril que derraman.
Después de cuanto se ha expuesto, hay que reclamarle a Cospedal y Rajoy, y a la inversa, lo mismo que a todos sus seguidores, que entiendan de una vez que no tenemos un modelo de Estado y de sistema político capaz de solucionar la crisis; más bien, sólo la empeora, como ha demostrado palmariamente la evolución catalana. Contra lo dicho por la secretaria general del PP, la única pregunta racional es si, con una visión tan apostólica y reaccionaria como la de su discurso conmemorativo del XXXV Aniversario de la Constitución, saldremos vivos de tanto inmovilismo egoísta, inercia institucional y pobreza intelectual. Y, al igual que Carlos Martínez Gorriarán, no hablo sólo de la llamada “clase política”, sino también de los ciudadanos como tales y de la sociedad civil.
Juan Andrés Buedo