ETA intenta otra vía

El colectivo de presos de ETA (EPPK), que no la dirección de la banda terrorista, ha reconocido, por primera vez, el daño “multilateral” que ha provocado su violencia. En una respuesta al Foro Social —organismo que impulsa el proceso de paz junto a mediadores internacionales—, el sector etarra más duro en las cárceles muestra también su respaldo al final de la violencia y al uso de las vías democráticas, además del acatamiento de las condenas que les han sido impuestas en el marco de un sistema penitenciario español, que, por fin, asumen.

La aceptación de la legalidad penitenciaria y la libertad para que los reclusos etarras puedan acogerse individualmente a los beneficios que ofrece dicha legislación son, sin duda, pasos importantes que rompen con la tradición de la banda terrorista de cuestionar y erosionar el Estado de derecho. Pero también podría interpretarse como un reflejo consecuente de que ETA, sus presos al menos, asumen la derrota de la razón de su existir y se disponen a propiciar una vía de entendimiento con ese Estado de derecho al que hasta hace poco combatían.

Es igualmente destacable la renuncia a la violencia. Conviene recordar que la decisión de abandonar las armas, anunciada en octubre de 2011, fue adoptada por un minoritario comité ejecutivo y dio paso a un debate en las cárceles, donde se encuentran la mayoría de los miembros de ETA. Hasta ahora nada se sabía de las conclusiones, pero el comunicado de ayer confirma que los presos han asumido esa decisión.

En cambio, el reconocimiento del daño causado, aunque inaudito, es insuficiente. En su reflexión, los presos, que han hablado en euskera por boca de Marixol Iparragirre —exjefa de la banda, hija de un activista y condenada a 15 años en Francia, donde cumple la pena—, asumen su “responsabilidad sobre las consecuencias” de cinco décadas de violencia y extorsión. Pero semejante pronunciamiento solo tiene sentido si incluye una condena de la violencia. Y en este caso no solo no se da, sino que se recurre a subterfugios para justificarla. Es, por tanto, un pronunciamiento vacío: es obvio que no querían causar el bien, y no se arrepienten. Por otro lado, el Gobierno ha dejado claro que cualquier cambio en la política penitenciaria exige la disolución de la banda, o por lo menos que los presos lo exijan a la organización. Nada de esto aparece en el comunicado. Ni siquiera una referencia al desarme.

En el capítulo de ausencias, es llamativo el olvido de esa exigencia de ETA de reclamar un diálogo con los Gobiernos español y francés, que la propia banda terrorista sabe que es una quimera. Pero los presos no lo han rescatado para así poner en valor una nueva vía que entienden igual de válida: el Foro Social, al que asiste, además, un altavoz internacional siempre imprescindible para contentar a ETA cuando se trata de proyectar sus exigencias.