
El primero y más evidente es que para Cataluña se propone una ilegalidad que en Crimea ya se ha practicado. La Constitución ucraniana se ha incumplido y la española se pretende incumplir. Ambas consagran la integridad territorial de sus países, como por otra parte hacen casi todas las constituciones que en el mundo rigen. Sin apenas excepciones, las leyes de las democracias a las que la española le gustaría parecerse entienden que sólo al conjunto de la ciudadanía compete decidir sobre el destino de su país, y deja fuera de la ley la posibilidad de que una parte decida por los demás.
El quebranto de este principio es lo que ha llevado a la Unión Europea y a Estados Unidos a condenar la consulta de Crimea. En justa correspondencia, cabe esperar que se pronuncien de igual manera -especialmente Bruselas, donde el eurodiputado Sosa Wagner ya ha trasladado una pregunta al respecto– sobre la hipótesis de una consulta ilegal promovida por el nacionalismo catalán. No digamos ya si lo que se termina produciendo es una declaración unilateral de independencia, como amenaza Artur Mas. El presidente de la Generalidad no debería engañar a sus gobernados: tal acción dejaría a Cataluña (es decir, a los catalanes) al margen del concierto de las naciones. La prudencia (por no hablar de la lealtad hacia un país amigo y miembro de la UE) aconseja que quien puede desmonte la patraña: no se reconocerá a un presunto nuevo Estado surgido de la ilegalidad.
Por otra parte, está claro que el fraudulento referéndum de Crimea se ha producido en medio de una ofensiva militar rusa. La movilización de tropas de una potencia extranjera junto a los límites del país y la infiltración de soldados sin identificar pero claramente patrocinados por Vladimir Putin ha creado un clima de coacción incuestionable. Esto no ocurre en Cataluña. ¿O sí? Allí no hay más ejército que el español, que observa los acontecimientos -fiel a la Constitución, al contrario que el gobierno autonómico- con la debida neutralidad. En cambio, el nacionalismo catalán se está radicalizando en las calles y está ejerciendo una presión cada vez más violenta sobre quienes no comulgan con sus ruedas de molino.
Partidos contrarios a la secesión, como UPyD, han sufrido el acoso y las agresionesde grupos que cada vez recuerdan más en su comportamiento a los protagonistas de la kale borroka vasca. Hace pocos meses, la sede del partido magenta en Barcelona fue asaltada violentamente en el peor -pero en modo alguno el único- de los ataques que ha sufrido. Hace pocos días, el ayuntamiento de Sardañola aprobó una moción a favor de los cinco acusados de agredir a Rosa Díez cuando en 2010 visitó la Universidad Autónoma de Barcelona. La iniciativa salió adelante con el voto favorable del PSC y la abstención del PP. Ya es difícil saber si la actitud de socialistas y populares se debe a su complacencia con el nacionalismo o si están afectados por la presión ilegítima que ejercen los grupos favorables a la secesión.
De modo que sí: hay paralelismos entre Ucrania y España, tal y como ha explicado la portavoz de UPyD hoy mismo. No sólo el desprecio a la legalidad doméstica e internacional, sino también la presión ejercida en favor de la independencia. Por lo demás, Ucrania es un Estado centralista, mientras que Cataluña goza de uno de los niveles de autogobierno más altos del mundo. Eso sí, los nacionalistas también controlan los medios de comunicación, lo que les permite manipular la realidad. Está claro que Crimea fue rusa hasta que a Nikita Jrushchov le pareció un bonito regalo de cumpleaños. Pero todos las diferencias son secundarias frente a las evidencias que nos impone la crisis en Ucrania: el nacionalismo no respeta la ley y es el mayor peligro para la paz y la estabilidad en todo el mundo.