La hoja de ‘ruta independentista’ desprecia el debate del Congreso (por José Manuel Romero)

La historia se repite. El Congreso de los Diputados rechazó en 2005 el Plan Ibarretxe, que pretendía para el País Vasco un estatus de "libre asociación con el Estado español". PP y PSOE se unieron para rechazar la toma en consideración de ese nuevo Estatuto. En aquel debate, tanto el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, como el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, avisaron de que la celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir del pueblo vasco era ilegal y no tenía cabida en la Constitución. El lehendakari Ibarretxe convocó elecciones, formó nuevo Gobierno y en la segunda mitad de la siguiente legislatura, pese a lo ocurrido en el debate del Congreso de 2005, aprobó una ley para consultar al pueblo vasco por el derecho a decidir. El Constitucional, tras un recurso del Gobierno, consideró ilegal esa Ley de 2008 y allí acabó la aventura independentista del Gobierno nacionalista vasco.

El Congreso de los Diputados vivirá mañana una situación parecida aunque no tenga que pronunciarse por un nuevo estatuto. Se trata de una proposición del Parlamento catalán para que las Cortes cedan a la Generalitat la competencia para organizar, convocar y celebrar consultas, en este caso sobre el derecho de autodeterminación del pueblo catalán. El Gobierno de Artur Mas da por descontado que el Congreso rechazará la iniciativa por un amplísimo margen (cerca del 90% de los votos) pero considera que este camino legal que emprendieron para celebrar la consulta independentista no se cierra con el debate de las Cortes sino todo lo contrario.

Apoyados en una interpretación controvertida de la última sentencia del Constitucional, que avala la “aspiración legítima” a conseguir el “derecho a decidir”, el Gobierno catalán mantendrá intacta su hoja de ruta que pasa por aprobar una Ley de Consultas, donde los expertos consideran que intentarán evitar cualquier referencia a un referéndum independentista y, apoyados en ese instrumento legislativo, convocarán la consulta secesionista para el 9 de noviembre de 2014.

Si la historia se repite, el Gobierno recurrirá al Constitucional contra esa convocatoria y si el Tribunal mantiene su criterio, establecido en la sentencia sobre la consulta vasca convocada por el Gobierno de Juan José Ibarretxe, anulará la iniciativa por inconstitucional.

A partir de aquí, la hoja de ruta independentista es un misterio. Los partidos mayoritarios esperan que Artur Mas no fuerce la situación intentando celebrar la consulta. Los nacionalistas sugieren que el presidente catalán convocará entonces elecciones anticipadas que intentará convertir en un plebiscito a favor de la independencia de Cataluña.