"En la Justicia siempre hay peligro: o por parte de la ley o por parte de los jueces"
H.Bordeaux.
Si el separatismo se ha convertido en el tema estrella de los últimos meses y los ciudadanos nos hemos visto obligados a soportar en la prensa, en las radios y las tertulias miles de análisis a cargo de los defensores, los detractores y los que están buscando ilusorias soluciones a un tema que, aparte de apelar a los remedios previstos en nuestra Constitución, tiene pocos, por no decir ningún, recurso legal para solucionarlo. No obstante, no podemos olvidarnos que más allá de Catalunya, el señor Mas y su portavoz, el señor Homs; en España sigue habiendo vida.
Yo me atrevería a decir que, por encima de los varios problemas que vienen acuciando a los ciudadanos españoles; como pudieran ser la falta de trabajo, sin duda el problema número uno; los agobios económicos y la evidente lucha de los partidos políticos para afianzar sus posiciones, en un intento de llegar en las mejores condiciones posibles a las próximas elecciones legislativas (lo que los impele a olvidarse de su verdadera misión de defender los derechos de los ciudadanos y preocuparse por reflotar al país), España tiene una evidente debilidad en cuanto a uno de los pilares que sostienen cualquier democracia. Nuestro país viene arrastrando, desde hace muchos años, una mala gestión de la Administración de Justicia.
Por una parte, debido a la evidente carencia de medios materiales, de avances técnicos, de locales adecuados y lo que se llama una infraestructura apropiada a las necesidades de la Justicia. Pero, por preocupante que pudiera ser la anterior deficiencia, existe otra que se ha convertido en la peor lacra para un correcto funcionamiento, un justo y legítimo ejercicio de la función de impartir justicia a los ciudadanos; de tal manera que, hoy en día, la mayoría de los ciudadanos ha dejado de confiar en la justicia aplicada por jueces o magistrados que, a su juicio, vienen actuando más por motivaciones políticas, cuando no por prejuicios personales o afán de lucimiento; de modo que se han dado muchos casos en los que, los españoles, hemos percibido dos varas de medir en las decisiones judiciales, según que la persona que solicita justicia o aquella que es sometida a ella sea sometida al criterio de un juez de tendencias izquierdistas o de opiniones más conservadoras.
El cóctel infumable de escasez de medios, de politización de las resoluciones y de retraso en la resolución de los expedientes; de tal forma que, tanto la persona que pide justicia, como los que presuntamente han delinquido y están sometidos a un proceso judicial; se ven sometidos a una pena adicional, no prevista en el Código Penal y, en ocasiones, tan dolorosa o más que una condena, consistente en que, los procesos se prolongan durante años a través de los cuales, los que están sometidos a ellos, se ven obligados a gastarse fortunas en abogados, procuradores, tasas judiciales y fianzas; algo que, cuando por fin llega la sentencia, puede que ya haya dejado de ser útil, tanto para los intereses de las partes como para lo que se pudiera considerar el efecto ejemplarizante de la Justicia que, con el transcurso del tiempo, se ha ido difuminando al desaparecer la inmediatez que le da su razón de ser.
Estos días, por fin, empiezan a atisbarse algunas luces de esperanza en el horizonte de la Justicia. El señor ministro de Justicia, señor Ruiz Gallardón, parece que, después de dejar aparcada la importante ley sobre el tratamiento penal del aborto; se ha decidido a meterle mano, a través de dos proyectos: la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial y la renovación de la Ley de Enjuiciamiento Penal al tema de los jueces. Bienvenidas sean ambas propuestas. Lo primero que nos ha llamado la atención se debe a una de las reformas que se había hecho imprescindible desde que, desafortunadamente, algunos jueces de la Audiencia nacional decidieron perder el anonimato, el ejercicio honesto y desapercibido de su labor judicial y, renunciando a la imparcialidad que le exigía el ejercicio de su profesión, se dedicaron a anteponer sus ideas políticas a sus deberes como jueces, dando lugar al nacimiento de los comúnmente conocidos como "jueces estrellas", algunos de los cuales han pagado su osadía con la pérdida del ejercicio de su profesión.
Parece que, en la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, se establece que, en la Audiencia Nacional, van a ser tres y no uno los jueces encargados de las instrucciones judiciales, algo que sin duda va a suponer un fortalecimiento de las garantías de los imputados. Pero, lo más importante de este cambio radica en que va a producir un efecto adicional de protección contra los intentos de presiones externas que intentan forzar a la prevaricación. Un segundo efecto, sin duda beneficioso, será la agilización de los trámites y la posibilidad de distribuirse el trabajo entre los tres jueces.
Otra de las mejoras de la Ley es la desaparición de las Audiencias Provinciales que serán sustituidas por Tribunales Provinciales de Instancia. Entre las varias modificaciones, que no podemos, por razones de espacio, comentar, se restringe el número de aforados a los establecidos la Constitución y los Estatutos de Autonomía y se incluyen, como nuevos aforados, a la Reina y a los Príncipes de Asturias. También desaparece la distinción entre jueces y magistrados, pasando a ser todos jueces y se habilita el mes de Agosto para el funcionamiento de los tribunales.
Un tema relacionado con el CGPJ que quizá se echara en falta y, mucho más, cuando comprobamos como, una juez, la señora Mercedes Alaya, está sufriendo presiones desde distintas instituciones, como por ejemplo: la misma Junta de Andalucía y algunos fiscales que parecen más interesados en que se le arrebate la instrucción del caso de corrupción generalizada a la juez, (que está destapando la trama de los ERE andaluces, en la que quedan imputados distintos políticos socialistas y comunistas); que en que se descubra por completo este pozo de corrupción y paguen por sus delitos todos los involucrados en ello. Es evidente que poca ayuda viene recibiendo la señora Alaya y poca protección del propio CGPJ que, ahora, ya no tendrá excusa ya que, al amparo solicitado por un juez dicho organismo, podrá seguir la orden del cese inmediato de la conducta perturbadora y, si reinciden en ello, los causantes cometerán un delito.
Parece que, entre las reformas que se preparan para la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está la de que, ningún cargo público al que se le haya abierto juicio oral podrá ser incluido en las listas electorales ( algo de sentido común, pero que se ha utilizado para aforar a personas que se veían expuestas a la acción de la Justicia ordinaria). Otra de las reformas será la de quitar el privilegio legal, del que disponen los cargos públicos, de no acudir a la llamada del juez y contestar por escrito, desde su despacho, las preguntas que se le iban a formular. Si somos todos iguales ante la Ley, no existían razones de peso para que se conservara tal privilegio.
Si serán suficientes estas mejoras que se pretende introducir en la administración de la Justicia sólo el tiempo podrá demostrarlo. No obstante, el que, el Gobierno, empiece a tomar conciencia de la necesidad de poner coto a una Administración de Justicia llena de carencias ya es un buen síntoma. O así es como, desde la óptica de un ciudadano de a pie, se ve el complicado tema de la Justicia en España.
Miguel Massanet Bosch