El desempleo será la mayor asignatura pendiente que tendrá que afrontar el Parlamento tras el 26J
España vuelve a celebrar unas elecciones generales con el paro rondando el 20%.Será la sexta ocasión. Con este dato, se muestra con nitidez cuál es la mayor asignatura pendiente que tendrá que afrontar el Parlamento que saldrá de las urnas el próximo 26 de junio.
Pero más allá de la cifra total de desempleo, el 21% a comienzos de este año, hay otras que muestran las principales tareas para la nueva legislatura. El paro juvenil se sitúa en el 46,5%, una tasa que ha descendido en los últimos trimestres, pero todavía está entre las mayores de la Unión Europea. Y el paro de larga duración, el que agrupa a quienes llevan un año o más sin trabajo, se sitúa en el 12,1%, en total son 2,7 millones de desempleados.
Precisamente este último colectivo, es el que encuentra más problemas para volver a encontrar un trabajo y, en consecuencia, el que menos se ha beneficiado de la creación de empleo en los últimos años. De la mano del paro de larga duración, aparecen otras cifras que demuestran la crudeza y duración de la crisis. El número de hogares con todos sus miembros en paro todavía se sitúa en 1.610.900, la cantidad de desempleados que no perciben prestación o subsidio llega a 3,3 millones y el número de hogares sin ingresos alcanza los 719.100.
La mejora laboral de los últimos dos años ya ha aliviado la situación. La tasa de paro ha caído en seis puntos porcentuales y el número de desempleados se ha reducido en casi un millón y medio (tanto por la creación de puestos de trabajo como por la caída de la población activa). Y las cifras de afiliados a la Seguridad Social se acercan a las que había en España antes de que comenzara la segunda recesión (la que se desarrolló entre 2011 y 2013).
La tendencia al alza, hasta ahora, parece consolidada. De hecho, en los meses que han pasado entre las elecciones de diciembre y las de junio, es evidente que la situación del mercado laboral es mejor. Sin embargo, esta mejora todavía no es suficiente para que se cierren las cicatrices durante la crisis y los casi siete años de desplome laboral que precedieron a la recuperación.
Para amortiguar la situación, los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, han llevado al Congreso una iniciativa legislativa popular para crear una renta mínima de 426 euros para 2,1 millones de personas. La factura anual ascendería a 11.000 millones de euros. El más de medio millón de firmas necesario ya fue presentado en el Parlamento antes de que acabara mayo y será, probablemente, una de las primeras tareas que tengan que afrontar los nuevos diputados.