El Ejecutivo se niega a actualizar el listado de eventuales y sus sueldos que sí publicó en 2012 y 2013 tras recibir quejas de varios de ellos
ELENA G. SEVILLANO Madrid (Publicado en El País, aquí)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saenz de Santamaria, y el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso durante la rueda de prensa posterior al último Consejo de Ministros. JAIME VILLANUEVA
Los nombres y sueldos de los asesores eventuales del Gobierno en funciones de Mariano Rajoy vuelven a ser un secreto. Tras publicar la información de los contratados a dedo para asesorar a los distintos ministerios en 2012 y 2013 en virtud de la Ley de Transparencia, el Ejecutivo se niega ahora a divulgar quiénes son, dónde trabajan y cuánto cuestan al erario público. Las protestas de varios de ellos que vieron sus nombres en los medios de comunicación han influido en esta decisión, según fuentes conocedoras de este cambio de criterio.
Los gabinetes ministeriales y la oficina del presidente contaron en 2013 con 151 asesores eventuales, es decir, personas que no son funcionarias, con sueldos brutos anuales de casi 60.000 euros de media. En total, estos puestos de trabajocostaron 8,3 millones de euros al erario público. Esta información fue publicada en el Portal de Transparencia, junto con la de 2012, lo que permitió analizar los datos y descubrir, por ejemplo, que en plena crisis las retribuciones de este selecto grupo de trabajadores públicos aumentaron un 18% en un año, tal y como publicó EL PAÍS.
Algunos de esos asesores, entre los que había tres que cobran más que el presidente del Gobierno, protestaron tras la revelación de sus nombres, algunos porque consideraban que podría afectar a su futuro profesional, otros por puro deseo de privacidad, según las fuentes consultadas. Justo cuando otras Administraciones, como la Comunidad de Madrid, también gobernada por el PP, han empezado a divulgar el listado de sus eventuales, el Gobierno central da un paso atrás y se corrige a sí mismo.
Listado sin nombres
El resultado es que se desconoce si el número de asesores y su coste ha aumentado o descendido en 2014 y 2015. El Ministerio de la Presidencia está contestando a las peticiones de información amparadas en la Ley de Transparencia remitiendo a la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Administración, un listado sin nombres y sin retribuciones anuales, que en algunos casos lleva seis meses sin actualizar y en el que no se distingue si un puesto está ocupado por un asesor no funcionario contratado a dedo.
A preguntas de este diario, Presidencia da varios argumentos para ocultar la información. Uno de ellos es que está aplicando la norma “de forma estricta”, de modo que si la información está desagregada no tiene por qué elaborarla para dársela a un ciudadano que la pida. Además, afirma que el criterio de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) avala su decisión. Dar la información supondría “una vulneración de las normas de protección de datos personales”.
Sin embargo, el único criterio oficial de la AEPD sobre esta cuestión es el informe conjunto que hizo con el Consejo de Transparencia, según el cual cuando un particular pide información sobre las retribuciones de los empleados públicos es posible facilitarla en determinadas categorías (entre ellas, el personal eventual). En este caso, como en el de los altos cargos, prima “como regla general el interés público sobre la protección de datos y la intimidad”, señala el informe.
El texto afirma: “El conocimiento de las circunstancias que rodean a los empleados eventuales, cuya designación se basa en criterios de confianza y discrecionalidad, puede considerarse coadyuvante a una mejor comprensión de la organización administrativa y del empleo de los fondos públicos, en cuanto de ellos procederá la retribución del empleado”. Esto es válido para las peticiones de información, pero no para la “publicidad activa”, es decir, la publicación en la web de los datos. El Gobierno, sin embargo, se niega a facilitarlos en ambos casos, tal y como ha comprobado EL PAÍS.
Para la ONG Access Info, este es un ejemplo de “falta de voluntad política” sobre transparencia. "Parece que el objetivo de la ley ha sido proporcionar el mínimo grado de transparencia posible para ofrecer un lavado de imagen sirviéndose de la transparencia (denominado open washing) pero no por convencimiento", asegura Alba Gutiérrez.
“Dejaron la cuestión de los asesores sin desarrollar en la ley, se ha producido un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia a favor de la publicación de los datos y aun así siguen sin proporcionarlos ni de manera proactiva, que sería lo lógico”, argumenta esta portavoz, puesto que se trata de "sueldos pagados con dinero público de personas desempeñando cargos de relevancia para la toma de decisiones y la gestión política".
"La información que se da no vulnera ninguna legislación y es la ya elaborada. A través de ella se tiene conocimiento de los puestos ocupados y de los puestos vacantes, si están provistos por eventuales o personal funcionario, su escala profesional y su nivel retributivo, omitiéndose solo la identidad, que la administración debe proteger y carece de interés público", asegura un portavoz del Ministerio de la Presidencia, que dirige la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Al revés que otras Administraciones
Este cambio de criterio del Gobierno contrasta con la apertura a la transparencia de otras administraciones. La Comunidad de Madrid (PP) publica en su página web desde hace unas semanas los nombres y sueldos brutos anuales de sus asesores. Tiene unos 140 que cuestan a los madrileños alrededor de 7,5 millones de euros al año. La Generalitat de Catalunya (Junts pel Sí) también mantiene un listado actualizado mes a mes de sus altos cargos y asesores, con mención incluso a la fecha en la que empezaron a trabajar.
El Ayuntamiento de Madrid, en manos de Ganemos Madrid, publica asimismo mucha información sobre sus cargos a dedo: son 134 asesores que cuestan casi 8,8 millones de euros. Para dar más transparencia a la tradicionalmente opaca figura del asesor, incluye los currículos, de forma que cualquiera pueda comprobar qué formación y experiencia tienen para desempeñar sus funciones.