La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, dio luz verde a una votación que era ilegal
La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, antes del pleno en el que se aprobó explorar otro camino que conduzca a la secesión. ANDREU DALMAU (EFE) (EFE)
El Tribunal Constitucional resolvió ayer, sin sorpresa, suspender la nueva hoja de ruta del secesionismo catalán y aplazó hasta tener más detalles su decisión sobre el asunto más llamativo, el eventual inicio de trámites penales contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Fue ella quien dio luz verde a la votación a sabiendas —porque le advirtió previamemente el propio tribunal— de que era ilegal. Por ello merece un varapalo político, aunque no la calificación de criminal.
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Sucede que Forcadell es la peor de cuantos presidentes haya tenido un Parlamento desde la restauración de la democracia, incluyendo en la lista al xenófobo y racista Heribert Barrera, muleta parlamentaria republicana del primer pujolismo. Pero lo más grave no es su exigua calificación, sino la carencia de dignidad en su conducta, que la lleva a regir la Cámara con sectarismo extremo. Confunde su cargo institucional con su origen de activista atropellada al frente de la Asamblea Nacional Catalana, esa entidad tan limpia y democrática que practica el fraude fiscal, predica hacer trizas la legalidad democrática y elige como su presidente a uno de los candidatos menos votados por las bases.
Cuando aún no cumple un año en la presidencia, Forcadell marca registros inigualados en su afán por mezclar sus ideas y estilo personales con los propios del cargo: la imparcialidad, la protección a todos los grupos, el exquisito respeto a la legalidad, la tolerancia. Por el contrario, la activista empezó su mandato lanzando vivas a la República, algo legítimo para una manifestación, pero impropio de una Cámara de un sistema de monarquía parlamentaria. Continuó impulsando, en fase de vacío gubernamental, la resolución rupturista del 9-N, enseguida anulada por el Constitucional. Favoreció, sin éxito, que las leyes de desconexión desautorizadas por este se tramitasen en formato de ponencia conjunta, para aparentar una —inexistente— unanimidad de la Cámara. Y ahora ha maniobrado con triquiñuelas para aprobar la resolución de la nueva estrategia secesionista, una reedición ilegal de la ilegal del 9-N. ¿Cuáles? Sobre todo, el endoso al pleno de un cambio en el orden del día para hurtar la responsabilidad de la Mesa. Despropósitos de forma correlacionados con los de fondo, pues se aprobaron las conclusiones de una comisión de estudio que no estudia, sino que emite unas conclusiones de apariencia imperativa… pero que no pueden vincular a nadie.
El hilo conductor de esa conducta es el desprecio a los cuatro grupos parlamentarios no separatistas y su obediencia servil a los dos de su cuerda. Con razón, el Gobierno pidió la suspensión y anulación de la resolución y una advertencia a los protagonistas para que no adopten resoluciones relacionadas con ella.
Pero huelga la propuesta de iniciar un proceso penal a la presidenta. Porque si es políticamente incontestable que incumplió su deber, no es obvio que esa irregularidad encaje jurídicamente en el tipo penal de desobediencia. Además, crear mártires es inútil cuando el problema desborda lo legal para erigirse en político, y merece ese trato. La señora Forcadell ni es ni debe ser Juana de Arco.