(Publicado en La Vanguardia-Caffe Reggio, aquí)
EL ÁGORA
Hay que acabar con la funesta manía de elaborar constituciones y tumbarlas sin reformarlas
La Constitución de 1978, con sus méritos y grandes virtualidades, ha avejentado y lo ha hecho mal. Agudiza las disfunciones propias de un Estado de naturaleza autonómica que es cuasi-federal o, como sostiene el profesor Eliseo Aja, que tiene una estructura federal y un funcionamiento que no lo es. Ante este hecho objetivo deberíamos comportarnos como los países más dinámicos de nuestro entorno cultural y político: con una mentalidad reformista y regeneradora que lleva a cambiar, rectificar y ajustar sus constituciones cada cierto tiempo.
La pluralidad de los pueblos de España impide que la reforma de la Constitución se haga en un sentido centralizador mayoritariamente inasumible, como quieren algunos, sino en otra dirección plenamente racional y contemporánea que consiste en organizar la diversidad de forma más horizontal y eficaz, próxima, por lo tanto, a los sistemas federales. En esa reforma, y como le solicitó Societat Civil Catalana a Rajoy en su encuentro del pasado lunes, hay que conseguir de nuevo una España que sea atractiva y sintetizadora en la que el independentismo catalán -sin olvidar al vasco- pierda seducción y lo gane una manera sugestiva y cordial de continuar juntos.
Esta es la razón por la que suscribí, con otras decenas de ciudadanos españolas (ninguno catalán, porque así nos lo impusimos como condición de la iniciativa), la llamada Declaración del Círculo de Bellas Artes de Madrid que acordamos titular Por una España federal en un Europa Federal. Firmamos como ciudadanos sin obediencias partidistas, preocupados por la persistencia de dos posiciones aparentemente irreconciliables: la de los independentistas de celebrar una consulta que la Constitución, el Congreso y el TC no autorizan y la quietista del Gobierno de no ofrecer una alternativa que abra hueco en la muralla que se alza día a día entre las sociedades de Catalunya y del resto de España. La federalización de España -más allá de las evocaciones temerosas que concita la mala experiencia del siglo XIX- es un modelo que satisfaría ampliamente en Catalunya y fuera de ella. Sería una buena solución para muchos catalanes -ya sabemos que no servirá de nada a los recalcitrantes secesionistas-, pero también para grandes sectores de otros españoles que observan la fortísima degradación general de un modelo autonómico jurídicamente ambiguo y políticamente estimulante de la peor emulación.
Creer en la unidad de España es hacerlo también en la igualdad diferenciada por motivos históricos, institucionales, lingüístico y culturales, entre otros varios, de los pueblos que la integran, que son denominados nacionalidades y regiones (y lo son por algo, no por pura cogitación ex novo de los constituyentes). Sólo vamos a mantener unida España si somos capaces de relativizar determinados conceptos dogmáticos y perfeccionamos el sistema que ha de estar al servicio no tanto de construcciones teóricas del constitucionalismo del siglo XX como de realidades jurídico-políticas prácticas que nos permitan una convivencia estrecha entre los territorios que han de ganar protagonismo para construir sobre ellos, en un Senado federal, una leal columna vertebral del Estado. Y a partir de ahí, reconocer las identidades diversas (como quiere la Constitución de 1978) “hasta el punto en que la evolución histórica ha establecido” (sic); cuadrar una distribución clara de competencias que evite el desorbitado número de litigios entre administraciones y que articule una justa y solidaria financiación territorial que incorpore con todas las consecuencias la ordinalidad.
Por esas razones alenté y firmé la Declaración del Círculo. Porque creo que es una propuesta constructiva, razonablemente audaz, que sintoniza con la dinámica de cambio que se registra en toda España y que es creíble por la breada que imprimen las nuevas generaciones dirigentes, políticas y sociales. Y porque aspiro como español y como vasco, y, desde luego, como europeo de sentimiento y de razón, a que concluyamos de una vez con esa funesta costumbre de redactar constituciones -algunas tan buenas como la de 1978- para, en poco tiempo, tumbarlas y demonizarlas, en un todo o nada que remite al barbarismo político. Ninguno, creo, de los firmantes, suponemos que esa declaración persuadirá a los que creen que la única solución para Catalunya es su independencia. Pero algunos estamos seguros de que confortará a muchos otros catalanes que han experimentado la desalentadora sensación de no obtener eco alguno a sus aspiraciones e inquietudes más allá del Ebro. La declaración del Círculo constituye una modesta y sincera oferta de nuevo amarre de Catalunya en el muelle de España.