
Es de suponer que cuando
Artur Mas puso en marcha la ofensiva secesionista creía que podría controlar el proceso. Sin duda tenía unos objetivos (algunos explícitos y otros inconfesables) y puede que incluso tuviera un plan. En cualquier caso, lo que desencadenó fue el caos. Algo que, si hubiera estado bien aconsejado o si le hubiera alcanzado el buen sentido, debería haber previsto. Por una parte, aunque suya sea ahora y por siempre la principal responsabilidad, hace tiempo que da la impresión de que, como mucho, co-dirige junto con
Oriol Junqueras el ataque contra la unidad de España. Su coalición, CiU, dividida y postrada, sufre un descalabro en intención de voto con escasos precedentes. Por otra parte, han aflorado gravísimos casos de corrupción, rematados con la confesión de
Jordi Pujolde haber defraudado a Hacienda una cantidad nada despreciable de dinero. Los imponderables también han jugado contra Mas, que sin duda confiara en que la corrupción endémica de su partido siguiera siendo un secreto. A voces, pero secreto.
No cabe descartar que la locura tome definitivamente el control del proceso soberanista
En el caos todo se vuelve más impredecible. En condiciones normales, los secesionistas no tendrían nada que hacer. No tienen de su parte ni a la ley ni a la razón. Algunos dirán que tienen de su parte a los ciudadanos, pero es falso. Tienen de su parte, probablemente, a algunos ciudadanos, pero no a todos (ni a una mayoría) entre los que tienen el derecho a decidir sobre su país: el conjunto de los españoles. Sin embargo, en el río revuelto proliferan los pescadores de fortuna, a los que hay que sumar los que parecen haber perdido el norte. Por sorprendente que parezca, hay cargos de la
Generalitatamenazando con incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional que, con todo seguridad, declarará fuera de la ley la consulta anunciada para el 9 de noviembre. No cabe descartar, por tanto, que la locura -que ha estado presente en todo este proceso- tome definitivamente el control en el último momento y el desafío alcance sus últimas consecuencias.
La lealtad al Estado, a la Constitución y a los ciudadanos exige que los partidos estén al lado del Gobierno, el encargado de evitar la quiebra de España
O penúltimas, porque las últimas siempre estarán en la mano del Estado. Aunque el problema en Cataluña tiene raíces profundas y muchas ramificaciones, la ventaja que tienen los desenlaces es que todo tiende a simplificarse. El último valladar será doble: el cumplimiento de la ley y la unidad de España. En el fondo, son uno y el mismo. España, como prácticamente todos los Estados de derecho del mundo, se declara indisoluble en su Constitución. Por eso, si se rompe España, se destruye la democracia: porque la ley se convierte en papel mojado y los individuos quedan a la intemperie. Adiós a la libertad, a la igualdad y a los derechos a los que nos hemos acostumbrado.
Ante este último valladar, la lealtad al Estado, a la Constitución y a los ciudadanos exige que los partidos políticos estén al lado del Gobierno democráticamente elegido, que será el encargado de evitar la quiebra de España. Este compromiso y esta lealtad son los que ha transmitido hoy Rosa Díez en nombre de UPyD al presidente Rajoy. "El Gobierno no está solo", ha señalado la portavoz del partido magenta. No es la primera vez que UPyD ofrece su apoyo al Ejecutivo, pero en esta ocasión Díez quiso trasladárselo en persona al presidente. Un apoyo para unos objetivos concretos -la defensa de la unidad de España y el cumplimiento de la ley- que deberían unir a todos los españoles que desean preservar la democracia.