Era algo que se veía venir, pero que los españoles que votamos al PP nos resistíamos a creer que pudiera ocurrir. En numerosas ocasiones nos hemos quejado de que algunas de las promesas electorales que nos hicieron los candidatos del partido del señor Rajoy, se retrasaran en demasía, incluso los más realistas, los que reconocíamos que el problema de la economía española, las vicisitudes a las que el Gobierno tuvo que hacer frente al principio de la legislatura, la amenaza del rescate o la inestabilidad del sistema crediticio no le permitían al nuevo ejecutivo ampliar, de momento, los frentes a los que se vio obligado a atender; hemos tenido que ceder al desánimo.
Pero pronto nos percatamos de que el problema era de más calado, que no se trataba de que algunas leyes imprescindible y necesarias se retrasaran en su promulgación, sino algo mucho más preocupante, de una entidad superior y de una gravedad de mayor hondura; ya que no se trataba de que se retrasen más o menos en su puesta en práctica, sino que la voluntad política del ejecutivo del señor Rajoy parecía que se había enfriado, que las circunstancias en las que se encontraba el país les estaban haciendo reconsiderar la conveniencia de dictarlas y que cuando, aparte del rechazo frontal de la izquierda, una parte de las direcciones del PP en las distintas autonomías en las que vienen gobernando, de una forma explícita o menos pública han dado a conocer su opinión en contra de que modifique la legislación vigente en las materias de que se trataba; parece que el destino de estas reformas es quedar aparcadas ad infinitum.
Que se incumplan provisionalmente unas promesas electorales entra dentro de la lógica de la política, pero que transcurrido el ecuador de la legislatura y ya a punto de entrar, en el último año del Gobierno, sin que se hable de ellas y, aún peor, que se dejen en el olvido por simples consideraciones de oportunidad electoral ya entra dentro de la desfachatez, del engaño y de la cara dura de los actuales gobernantes. Unos señores que, cuando les votamos pensamos que, aparte de sacar a España de la crisis y de los gravísimos errores del anterior gobierno socialista, con la mayoría absoluta que les otorgamos, serían capaces de volver a los valores que siempre caracterizaron al PP del señor Fraga Iribarne y del señor Aznar; valores muy relacionados con la herencia cristiana que recibimos de nuestros mayores, íntimamente relacionados con la moral y ética tradicionales.
El ministro de Justicia, don Alberto Gallardón, al que en numerosas veces hemos criticado por sus excesivas ambiciones políticas, en este caso merece todo nuestro apoyo y consideración, porque si hay algún miembro del gobierno del PP que haya intentado despolitizar la justicia o mejorar sensiblemente la Ley del Aborto, esta persona ha sido él. Pero algo tétrico y malévolo se está moviendo en torno a los aledaños del Gobierno, algo que nos huele demasiado a deja vú y que nos hace sospechar que, la buena voluntad y empeño de poner una barrera legal al vergonzoso infanticidio; legalizado por la actual ley (gestada por el PSOE) que viene permitiendo que las mujeres españolas cometan más de 100.000 crímenes de fetos al año; ha dejado de ser una prioridad del gobierno del PP quien a pesar de sus promesas electorales se ha dejado influir más por su miedo a enfrentarse a la izquierda y a los colectivos feministas, sin que parezca que les preocupe que sus propios votantes, los que los auparon al poder empiecen a reconsiderar si lo que hicieron tiene algún sentido dado que da la sensación de que hay poca diferencia entre lo que piensan los socialistas y lo que ponen en práctica los populares.
Parece que el señor Gallardón y sus buenos propósitos no han caído muy bien al grupo que, en estos momentos, domina en el Gobierno. Nos preguntamos si el núcleo duro de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el señor Margallo, al que últimamente parece que se le da mucha importancia, es el que está imponiendo el criterio de no mover pieza alguna que pueda provocar movimientos de protesta en las calles. Es evidente que el tema del aborto es lo suficientemente delicado para que no les parezca oportuno presentarlo ante unas elecciones municipales que ya están demasiado cercanas. Pero es que, señores, en todo el tiempo que ya ha transcurrido de la legislatura, no han encontrado ningún momento propicio para poner orden en el tema de los matrimonios homosexuales y el, todavía más sangriento, de los asesinatos a la carta de los nasciturus.
Nos gustará ver lo que le dice la señora Sáenz de Santamaría a SS el Papa cuando este le pregunte por el tema del aborto en España. ¿Cómo se va atrever, esta señora, a invitar al Papa para que venga a Ávila, el próximo 2.015, con motivo del V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, si seguimos manteniendo esta carnicería en España? No les quepa duda de que el Papa Francisco le va sacar los colores a esta engolada mano derecha de don Mariano, que parece que no estuvo demasiado acertado en escoger el equipo para intentar desarrollar la política que prometió a los españoles. Demasiada autoestima, mucho escucharse a sí misma cuando habla y excesivo dogmatismo en sus aseveraciones, la han convertido en un lastre para que el PP lleve a cabo la política que le permitía su amplia mayoría absoluta en ambas cámaras, sin necesidad de tener que darles baza a aquellos partidos que sólo han intentado, a lo largo de estos últimos tres años, ponerle zancadillas para que no pudiera llevar a cabo el saneamiento democrático, moral y ético que los ciudadanos españoles, en gran mayoría, les pedimos que hicieran.
Puede que, como en el caso del separatismo catalán, hayan pensado que desde su atalaya madrileña dominan todas las facetas que afectan a los españoles. Esta quizá ha sido la mayor equivocación que vienen cometiendo, pensando que la información que reciben de las distintas autonomías coincide con la realidad de lo que está ocurriendo en las mismas. Es evidente que, en el caso catalán, lo que les pueda haber contado la señora Sánchez Camacho sobre la situación catalana y el peligro independentista no han estado acertadas, a la vista de la peligrosa situación a la que deben enfrentarse en estos momentos. Esta superioridad que se atribuyen, esta seguridad de la que hacen gala y esto de esperar al último momento para tomar medidas en contra de la votación del 9N; no se puede considerar más que como el último recurso para paliar los efectos de una notable falta de previsión; de un relajamiento de la autoridad y de una negligencia en aplicar las medidas oportunas para que, lo de Catalunya, no se convierta en un verdadero campo de Agramante.
No debiera, don Mariano, despreciar olímpicamente los avisos que desde las bases del partido le están llegando ni, mucho menos, pensar equivocadamente que los dos millones de votos que perdió en las elecciones al Parlamento Europeo, los va a recuperar para las municipales ni para las legislativas. Los que quisimos abrirle los ojos no votando en las pasada elecciones; si no rectifican, no retornan a los valores que antes caracterizaban al PP y no dejan de querer recoger los votos del PSOE, una tarea inútil y sumamente peligrosa, si se tiene en cuenta la irrupción en la arena electoral de partidos en auge, como Podemos o la posibilidad de que, aun consiguiendo una victoria exigua, el resto de las izquierdas puedan hacer coaliciones para poder gobernar a España. El tema del aborto, el de los matrimonios gay y el del independentismo catalán, si no los tramita bien, pueden llega a ser el INRI definitivo para el PP. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos enfurecidos como se nos toma por tontos.
Miguel Massanet Bosch